FACTORES NO ECONOMICOS DEL TLC

Al arrancar por fin el TLC con USA, muchos comentarios se han hecho sobre los temas de infraestructura y de economía, para poner en duda los beneficios hacia Colombia del tratado suscrito con Estados Unidos. Que este país tiene un retraso de 30 años en vías e infraestructura portuaria; que sólo unas pocas ramas industriales tienen la fortaleza necesaria para competir en ese mercado, etc. Pero poco se ha dicho sobre otros aspectos de la realidad colombiana que también contribuyen a que en el largo plazo, los efectos del libre comercio lleven al fracaso rotundo de ese postmoderno embeleco. En la simple teoría microeconómica existe lo que los economistas llaman la función demanda, la que como cualquier función, tiene un conjunto de variables que determinan el comportamiento de la cantidad que compran los consumidores, en este caso, los consumidores colombianos frente a los productos producidos en el país del norte: son los gustos y preferencias de los consumidores que se rigen de acuerdo a los patrones culturales o idiosincrasia nacional. La demanda de este país adolece de una elevada propensión marginal al consumo de importados, que mucho daño le hará a la producción nacional. Mientras que en la cultura del consumidor gringo se prefiere los productos autóctonos que por fortuna para ellos son de gran calidad, los colombianos casi siempre prefieren los artículos extranjeros, aun sin considerar si es buena o mala la calidad de los productos nacionales. Mientras que en USA el único producto colombiano que prefieren es la cocaína, la cual no necesita TLC, acá en nuestro país chorreamos las babas por comprar productos gringos, creándose con esto una gran desventaja en el mercado nacional para la industria colombiana. A los gringos les produce asco los procesados colombianos y los manufacturados extranjeros los buscan europeos o japoneses. Sólo los 42 millones de latinos que viven en ese país, podrían tener conductas de consumidor favorables a los productos colombianos. El gobierno ha comenzado a realizar en los medios de comunicación campañas motivacionales tendientes a estimular la oferta nacional; pero hasta ahora, nada ha dicho para ejercer su competencia rectora de los procesos sociales, motivando el cambio cultural en la demanda. Si bien la cultura tiene sus propios mecanismos de retroalimentación y los cambios de patrón son de largo plazo, hoy la tecnología y las técnicas de comunicación social permiten actuar de manera eficaz, siempre que exista la voluntad por parte de los organismos estatales encargados. Así como está gastando recursos para hacer publicidad en televisión incitando al aprovechamiento del mercado norteamericano, también podría promover el consumo de productos nacionales en el mercado nacional. Si el gobierno ya metió al país en ese atolladero que mucho lesionará el aparato productivo nacional, ahora le corresponde crear los mecanismos para aliviar los efectos nocivos, entre los que se encuentran los factores no económicos del TLC.

SE ENREDÓ LA PITA EN EUROPA

Con la elección de Francois Hollande como presidente de Francia, este país ya tendrá que dejar de ser parte del eje que, junto con Alemania, defendía a capa y espada las medidas para salvar el capitalismo rentista en el viejo continente. Hollande no podrá establecer medidas de la línea de su partido político, pero si es consecuente con su postura ideológica, al menos debe impulsar acciones de corte socialdemócrata, lo cual implica medidas abiertamente en contra de las políticas neoliberales que sustentan el capitalismo rentista. Allá los países tienen encima el Banco Central Europeo con sede en Fráncfort Alemania, el cual hace lo mismo que acá el BID y el FMI; es decir ejerce presión para que los gobiernos bajen el gasto público sacrificando a sus pueblos, con la finalidad de que el dinero que recaudan mediante impuestos se destine prioritariamente a pagar el servicio de la deuda, que como acá, constituye el negocio de los fondos de inversión y demás especuladores del dinero. Debido al caso de Grecia, los países de la zona euro habían firmado el compromiso de austeridad, para brindarle confianza a los especuladores y agiotistas, que en Europa abundan, por la magnitud de los capitales descendientes de las fortunas de la aristocracia y nobleza, caracterizados por su espíritu haragán y parásito. Eso les ofrece alguna tranquilidad a los ricos, pero asegura el descontento popular y las manifestaciones de rechazo como las ocurridas en Grecia y que se están cocinando también en Italia, España, Polonia y la misma Francia. Las expresiones de “los indignados” son señal anticipada de lo que se viene. Hollande anuncia políticas equilibradas entre la austeridad del gasto para garantizar el pago de la deuda y la atención de las necesidades de su pueblo mediante la generación de empleo. Habrá que esperar cómo es esa fórmula, porque las políticas macroeconómicas sólo tienen las dos alternativas encontradas: frenar la inflación o generar empleo, lo cual requiere del aumento de gasto público ya sea para incrementar la demanda agregada o para crear condiciones al fortalecimiento empresarial. En todos los casos, al socialismo francés le tocará satisfacer las expectativas que le llevaron al triunfo en las elecciones, dar ejemplos útiles a los pueblos de otros países del viejo continente y a la vez evitar los líos internacionales con las fuerzas de poder supranacional con quienes el país ha suscrito compromisos; no es una situación fácil para el nuevo presidente con lo cual, después de que el capitalismo rentista respiraba tranquilo con el acuerdo de austeridad, con la elección de Hollande se enredó la pita en Europa.

POPULISMO DE SANTOS

Antes de existir el Estado Moderno, en época feudal, a los pobres los sostenían los ricos. Los pobres como los árboles, eran parte de la tierra y tributaban a los propietarios del feudo, pero disponían de una parcela para su propio sustento. Luego cuando apareció el Estado burgués que se montó sobre la libertad de los siervos de la tierra y el enriquecimiento de comerciantes y manufactureros, los pobres, libres ya, no tenían quien los sostuviera. De ahí que una de las tareas y responsabilidades del nuevo Estado del siglo 18 fue la de cargar con la función de sostener a los pobres, bajo los principios de lo que siempre se ha llamado la política social. Durante más de dos siglos siempre se aceptó. El Capitalismo Empresarial fue socio del Estado Benefactor y para nada mortificaba que el organismo oficial suministrara en forma gratuita bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los pobres. El asistencialismo era parte de la esencia del Estado y principio fundacional desde finales de los años mil setecientos. Pero cuando el Capitalismo Rentista tomó fuerza en los años ochentas del siglo pasado y los fondos de inversión cogieron al Estado de marrano para su negocio, la doctrina neoliberal, que respalda conceptualmente a esta modalidad del sistema económico, satanizó la función de otorgar gratuitamente bienes y servicios a los pobres y de manera despectiva condenan el asistencialismo como un pecado de lesa humanidad. Bajo esta consigna, la tarea del Estado es simplemente limitarse a recaudar impuestos para pagar cumplidamente el servicio de la deuda a los fondos de inversión y demás especuladores del dinero, evitando gastar los recursos fiscales en el sostenimiento de los pobres. Ahora cuando el gobierno nacional anuncia un programa de suministrar a los pobres vivienda gratis, al mejor estilo del Estado Moderno pero en contra de los principios del Estado Postmoderno que se limita simplemente a garantizarles derechos, como si con los derechos los pobres comieran pero sin entregarles ningún satisfactor de necesidades, saltan al debate público los neoliberales a censurar el proyecto utilizando toda clase de epítetos para condenar la aplicación de una acción que corresponde consecuentemente con la razón de ser del Estado, porque para los neoliberales, los pobres deben, ellos mismos, salir de la pobreza aprovechando las supuestas oportunidades que son, también supuestamente, iguales para todos, en lugar de realizar programas como los de la vivienda gratis que según ellos, corresponde simplemente al populismo de Santos.

DEFENSA DEL MODELO ECONOMICO

Antaño, una parte del Excedente Económico o ahorro social del país, que es hijo de esa masa de valor que la Economía Política llama “plusvalor”, iba principalmente para los bancos; de ahí pasaba a través de préstamos a manos de los empresarios y estos lo convertían en empresas creadoras de empleo y promotoras del desarrollo. Pero desde hace algo así como tres decenios, la tendencia o la línea gruesa del sistema económico, es que dicho ahorro en su mayoría, va para los Fondos de todo tipo como ahora existen, donde están los de inversión, los mutuales, los de pensiones y en general los del capital de especulación, y estos trasladan los recursos al Estado en calidad de préstamo comprando sus títulos valores, para luego mandar a los recaudadores a meterle la mano al bolsillo de los contribuyentes con el único fin de cumplir con los pagos a los especuladores. Si a los Fondos no les hubiera dado por coger al Estado como objeto de su negocio, la realidad económica mundial sería otra y la especie humana no estaría en el proceso de extinción que ahora se encuentra. El Estado era la única alternativa para salvarse pero ahora este ente es simplemente un instrumento para recaudar impuestos que se destinan a pagar los intereses y el principal de sus deudas con los Fondos y demás especuladores, sin interesarle las necesidades de sus asociados para quienes se limita simplemente a garantizarles derechos. Los especuladores que tenían la experiencia de 1930 sobre los riesgos de colocar su capital en manos de la empresa privada, creyeron que el Estado nunca quiebra porque sus ingresos no dependen del éxito en el mercado sino de los recaudos tributarios, considerando que así estaban asegurados; pero desconocieron que los ingresos tributarios dependen justamente de la base gravable y que ella está condicionada a la situación general de la economía. Hoy está en crisis el esquema. Ya el paradigma de que colocando los recursos en manos del Estado se aseguran las inversiones, está en duda y por mucho que el FMI realice labores de monitoreo y presión para disminuir el gasto público con miras a salvar los ingresos tributarios para bajar el riesgo de los títulos, las mismas leyes del mercado están por otro lado creando y acumulando la energía social que impulsada por el instinto de conservación de la especie, propiciará en el futuro no muy lejano la crisis social complementaria a la crisis económica que ya muestra sus primeros síntomas y entonces veremos qué dicen los de la Universidad de Harvard y todos los doctrinarios que han tenido en sus manos la defensa del modelo económico.

LA HISTORIA SE REPITE

Otra vez, como en el año 2007, la prensa bogotana armó el escándalo para difundir la euforia del gobierno que sacaba pecho, el mes pasado cuando el DANE publicó las cifras sobre el comportamiento de la economía en 2011. La economía había crecido el 5.9 % y esto era la gran hazaña. Pero cuando miramos con calma las cifras del organismo oficial de estadística, encontramos la misma ocurrencia de hace cuatro años, cuando en los dos años siguientes la alegre tempestad se apagó. Al mirar las cifras ya no de la tendencia de año a año sino de la situación estática final, encontramos que la economía no crece sino que se infla. El PIB colombiano de 2011 sobrepasa los 221 billones de pesos. Si hubiera crecimiento, el aparato productivo debería contribuir por lo menos con 111 billones, pero así no ocurre. La economía colombiana sufre del fenómeno que Samir Amín llamó hace medio siglo “hipertrofia del sector terciario”, lo cual en lugar de ser factor de fortaleza, es una carga que debilita secularmente la economía. El aparato productivo escasamente contribuye con el 33 % del PIB y eso que en este año las cifras son atípicas en los sectores de minería y manufactura, por inversiones que se realizaron pero que no se repiten todos años. Quiere decir que sobre los hombros del 33 % se le monta una carga del 67 %. El sector agropecuario, que en un país como Colombia que no posee tecnología propia ni desarrollo industrial autónomo, constituye el principal soporte del aparato productivo, escasamente genera el 6 % del PIB, algo así como 14 de los 221 billones, mientras que los sectores parásitos de la economía, los que se chupan para los bolsillos privados el valor que toda la sociedad produce como son los financieros y los rentistas de la propiedad raíz, participan casi con la quinta parte del todo el producto (19.2 %). Y el sector terciario en su conjunto, sin la participación del gobierno, constituye el 57.3 % del PIB, un balance nada favorable para la solidez de la economía. Si la situación continúa con estas proporciones donde el aparato productivo no se fortalece sino que por el contrario, cada vez afronta más carga en sus espaldas y si el sector financiero sigue incrementando o por lo menos manteniendo la absorción de ahorro social, el futuro de la economía en el mediano plazo no tendrá opciones que le permitan afrontar la crisis que la globalización día tras día incrementa y que se agudiza en el mundo por el fracaso del modelo del capitalismo financiero internacional como está ocurriendo en Europa donde también como esta vez en Colombia, la historia se repite.

LA NOVEDAD DE LOS PLANES DE DESARROLLO

Otra vez, como cada cuatro años, se vive el período de elaborar los planes de desarrollo territorial; pero esta vez, bajo condiciones diferentes que obligan a introducir elementos por fuera de la costumbre, tanto en su concepción como en el enfoque del plan.

Era común en el pasado ver a gobernantes territoriales formulando el plan de gobierno, que la Ley 152 del 94 llama equivocadamente “plan de desarrollo”, por cumplir el requisito legal y sin la connotación que el instrumento tiene como carta de navegación del período para el que fueron elegidos. Pero este año las cosas cambian porque por primera vez, los consejos de gobierno se encuentran con el modelo de Estado Gerencial completamente armado, lo que obliga a otorgar otra concepción al plan.

Si bien desde 1991 por la vía constitucional en el país se introdujo este tipo de Estado, fue hasta marzo de 2010 cuando ya se completó el conjunto de instrumentos para hacerlo realidad. La mayoría de leyes se expidieron entre el 93 y el 94 como fueron la 87 y 872 de 1993; luego en el 98 la ley 489 y en el 2004 la ley 909. Pero los decretos reglamentarios y los instrumentos con los cuales estas normas se podrían hacer realidad, fueron bastante posteriores como los decretos 1537 de 2001, 3286 de 2004, 1599 de 2005, 3622 de 2005, 4665 de 2007 y el 4485 de 2009, para completar el paquete con el documento Conpes 3649 en el 2010. Con esto, ya está el Estado Gerencial ensamblado y son los actuales gobiernos territoriales los primeros en ejercer su cargo bajo estas condiciones.

Ahora los planes de la ley 152 deben ser de carácter gerencial, donde lo primero es evitar los mamotréticos documentos rellenos de texto narrativo que algunos autores acostumbran, como si la calidad del trabajo dependiera del volumen, sin considerar la utilidad práctica. El enfoque gerencial significa que el plan es un medio para tomar decisiones por cuanto “gerencia es el arte de hacer que las cosas se hagan” y sin decisiones no se pueden hacer; por lo cual, los indicadores deben corresponder a este patrón de modo que los medidores fundamentales son los indicadores de eficiencia y eficacia. Los indicadores de impacto se acomodan a los propósitos del plan que se derivan de los efectos de los problemas del árbol del marco lógico, por lo tanto esa carga no le cae en los hombros de los alcaldes y por ello tampoco sirven para medir su calidad como gerente público.

Y así sucesivamente: este plan debe ser diferente a los anteriores, por lo que los equipo de gobierno que por lo general no le ponen interés sino que dejan solo al secretario de planeación, deben ser más conscientes de la situación para que comprendan la novedad de los planes de desarrollo.

LOS REMEDIOS DEL DNP

Para el PND “Prosperidad Para Todos” es muy importante lo que ocurra en los territorios, por cuando la estrategia central de la prosperidad consiste en cerrar la brecha entre regiones atrasadas y las que están mejor posicionadas; pero reconoce que uno de los retos para lograr este propósito es superar las debilidades administrativas, técnicas y operativas de las entidades territoriales, lo mismo que las deficiencias en los procesos de planificación que, a pesar de los 16 años de la Ley 152, aun persisten en los departamentos y municipios.

La Nación ha creado un programa de asistencia técnica para las entidades territoriales sobre la base de que éstas necesitan quién les enseñe a trabajar, lo cual merece reconocimiento por la buena voluntad y amabilidad de sus propósitos; pero, para lograr el objetivo que se propone, es necesario hacer otras consideraciones sobre la pertinencia de los procedimientos desplegados desde Bogotá.

No hay claridad si lo que busca es imponer los intereses nacionales sobre los territoriales acentuando más la pérdida de autonomía municipal que consagra la Constitución Política, como ocurrió durante la primera década del presente siglo, o si lo que prima es la política local; tampoco se precisa si lo que quiere la Nación es trasladar los problemas que se derivan de las políticas nacionales, para que las consecuencias las afronte el alcalde. Porque lo que se está viendo ahora en la elaboración de los mal llamados planes de desarrollo territorial, es que, sin reconocer que el Artículo 39 de la Ley 152 le concede facultades a los concejos y asambleas para determinar qué y cómo se hace el plan, el DNP viene supuestamente asesorando, pero realmente imponiendo una guía que deja muchas dudas sobre su contenido técnico.

Ya el país conoce que los productos del DNP no es que sean de mucha calidad que digamos, por no afirmar que por lo menos la mitad de esos productos, sobre todo en política social y desarrollo territorial, no se acomodan a las condiciones de la realidad territorial. Tampoco podemos afirmar que los servidores públicos vinculados a dichos programas son la flor y nata de la idoneidad, de modo que queda pendiente mirar los resultados del proceso para saber si realmente el gobierno nacional está acertando.

Lo que sí está claro es que los gobiernos municipales se encuentran entre la espada y la pared: por una parte las premuras del tiempo que impone la ley, los compromisos de campaña y la realidad del régimen político local y por otra parte la presión que sin tener competencia legal sobre contenido del plan, ejerce el DNP, lo cual en lugar de aliviar una preocupación, se ha convertido en un factor de estrés para los alcaldes dejando por supuesto la duda sobre si de verdad es más cara la enfermedad que los remedios del DNP.