miércoles, 17 de diciembre de 2025

LA TAREA DEL ACTUAL GOBIERNO EN EL SEMESTRE

 Ningún gobierno es perfecto. Todos son imperfectos por la sencilla razón de que son protagonizados por seres humanos, por lo cual todos cometen errores. Pero los errores son relativos hasta el punto de: lo que para unos es error, para otros es acierto. Todo es según el color del cristal con que se mire. Por supuesto, el gobierno colombiano encabezado por Gustavo Petro, ha cometido y seguirá cometiendo, muchos errores. Pero, para definir este calificativo es necesario tener un punto de referencia o una condición que permita comparar las realizaciones con las expectativas; pues de lo contrario no se podría establecer cuando es error o acierto. Lo que para un bando es error, para el otro es acierto. La verdad, es que la autoridad de marras dispone de un plazo de seis meses para corregir los errores y acertar en la obra de gobierno, si es que el objetivo, se refiere a que la llamada izquierda política, mantenga en sus manos el poder ejecutivo, lo cual sería el referente para establecer el susodicho calificativo de error o acierto, o también, de éxito o fracaso.

Si el gobierno no corrige su estilo para ejercer la gobernabilidad en el primer semestre de 2026, la probabilidad de que la izquierda gane nuevamente la elección de presidente será menor, que si hace las modificaciones pertinentes. Los ajustes tendrán que ser estratégicos para elevar la probabilidad en el logro del objetivo. 

Pero también la estrategia es relativa. Necesita un referente para poder comparar y calificar el valor del recurso disponible en el desarrollo del proceso. En este ejemplo, se trataría de la elección del candidato de la misma corriente, por lo cual la valoración estratégica tendría que realizarse examinando la contribución de la situación, a la elección del susodicho candidato. Es decir, el gobierno debe tener un comportamiento estratégico durante los próximos seis meses, si quiere elevar la probabilidad de que el candidato de la izquierda gane las elecciones. 

Comportamiento estratégico significa que su actitud debe estar sometida a las condiciones del escenario político, o del campo de batalla, como dirían los militares quienes fueron los creadores del concepto de estrategia. El estratega, debe saber leer el marco de condiciones de los escenarios, para ajustar su acción de modo que le saque la mayor tajada a la realidad escénica. En muchos casos, el gobernante debe sacrificar el dogmatismo, el sectarismo o la rigidez, para aprovechar los recursos estratégicos disponibles, ya sean oportunidades o fortalezas, con las cuales se puedan superar sus propias debilidades y sobrellevar las amenazas. El gobierno debe ser pragmático y flexible frente a las situaciones existentes, con tal de sacar el mejor provecho y avanzar en la trayectoria dando viabilidad al objetivo. 

Los escenarios del próximo año no son una pera en dulce. No solamente los ataques inmisericordes de la prensa letrina y la propaganda sucia de las fuerzas políticas de la derecha, donde los neonazis cuentan con herramientas de mucho poder, sino también por las fuerzas internacionales que de una u otra manera tendrán intervención en el debate electoral colombiano, en razón al valor geoestratégico de este país, que mucho puede aportar a la geopolítica global.

La estrategia significa que el gobierno debe trascender el autismo político y entender los fenómenos de los escenarios donde se encuentra la confrontación, cuyos actores centrales son los ciudadanos, quienes votan en las elecciones y quienes están afectados por una idiosincrasia nacional y una cultura política que presenta serias debilidades en cuanto a la relevancia del interés general y el bien común, por encima de los intereses personales y particulares. Así, la gestión pública a cargo del gobierno, debe ser tejida con filigrana para que se ajuste a los requerimientos mentales de la comunidad, que están afectados, lógicamente, por las condiciones de vida que en la actualidad afrontan. La lectura estratégica es un reto que está sobre la mesa, para afrontar la tarea del actual gobierno en el semestre. 

martes, 2 de diciembre de 2025

SISTEMA DE PARTICIPACIONES Y DESARROLLO ENDÓGENO

Ya está terminado el proyecto de ley por la cual se dictan normas orgánicas en materia de competencias y recursos del Sistema General de Participaciones, que modifica la Ley 715 de 2001 y pretende introducir cambios al sistema, que respondan de manera pertinente a requerimientos de la realidad presente, con base en las experiencias ya vividas durante los casi dos decenios transcurridos desde la última norma. Los aspectos más llamativos del proyecto, por lo general se refieren al tema de los recursos fiscales, los trámites y procedimientos para su manejo; pero, más allá de la mecánica normativa sobre los aspectos administrativos, es conveniente brindar una mirada a los aspectos del marco histórico y el contexto general en los cuales se inscribe el paquete normativo, los cuales repercuten en el escenario de aplicación de la misma.

Es procedente recordar los cambios en los enfoques del desarrollo ocurridos en Colombia con el cambio de siglo. Durante el siglo XX, prevalecieron los enfoques de desarrollo exógeno, soportados en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones promovido por la CEPAL, en época en que existía el Estado Interventor-Benefactor con modelo de administración burocrático, centralismo político y administrativo, con el monopolio exclusivo del manejo de los bienes público por parte del Estado y la economía era cerrada protegida. En el siglo XXI se presenta otro marco de condiciones: las economías son abiertas en un mundo globalizado, se estableció el Estado Social de Derecho, el régimen político es el de la democracia participativa, la rama administrativa se rige por el modelo gerencial, se trasladaron los bienes públicos al mercado y se desencadenó la ola privatizadora; la gestión del desarrollo se aborda con responsabilidad compartida entre organismos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, se produjo la descentralización administrativa y la teoría del desarrollo se refiere a los enfoques endógenos.

Desde finales de los años ochenta del siglo pasado, varios autores, entre los que se encuentran Romer (1986), Lucas (1989) y Rebelo (1991) entre otros, habían señalado la posibilidad del desarrollo endógeno, destacando que no es necesario buscar las fuerzas del desarrollo en lugares extranjeros, como ocurrió durante el siglo anterior que se resaltaba la necesidad de encontrar las fuentes en los países industrializados del norte global, sino que dentro del mismo sistema económico se generan los factores que determinan el desarrollo en el largo plazo. Señalaron que el capital humano, el conocimiento y el cambio tecnológico, que son elementos de gran aporte a los procesos de crecimiento, se encuentran al interior mismo de la base económica y pueden dinamizar los avances hacia la prosperidad, sin necesidad de esperar que del exterior lleguen los medios para fortalecer el proceso. Reiteran los autores, que, en la medida en que estos factores respondan a decisiones locales, los movimientos de capital endógeno avalan la posibilidad de que los territorios adopten políticas activas para promover su desarrollo; creando con esto, un soporte conceptual que permite sustentar la propuesta del nuevo enfoque para abordar el desarrollo.

El desarrollo endógeno propone potenciar las capacidades internas de un territorio, de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, dentro de un proceso sustentable y sostenible en el tiempo. El argumento, se basa en que cuando las fuerzas que sostienen el proceso están ubicadas en el exterior, no existe la autonomía y dominio necesarios para implantar los mecanismos que aseguren la sostenibilidad en el largo plazo. Considera que el aspecto económico es importante, pero que es más relevante el desarrollo integral colectivo; y el individual, en el ámbito moral, cultural, social, político y tecnológico. En todo caso, el desarrollo endógeno permite aprovechar la dotación de todas las formas de capital disponibles en el territorio, para realizar procesos de producción y exportación con valor agregado, lo que constituye un mecanismo de atracción de Excedente Económico[1] para acumular en el interior de la región protagonista.

En este orden de ideas, es pertinente examinar las fases o pasos convenientes para adelantar un proceso de desarrollo endógeno en una región, el cual debe iniciar con la identificación, reconocimiento y valoración de los recursos y medios disponibles. Es el inventario del capital regional existente, patrimonio social con el que se cuenta para el diseño y la construcción del futuro de manera autóctona. El siguiente paso fundamental que requiere el proceso, es de carácter ideológico, por lo cual es necesario que la cultura local sea adecuada a los requerimientos del enfoque endógeno, que exige conductas sociales y comportamientos individuales apropiados para la construcción colectiva de futuro; y de la misma manera, la trayectoria requiere de la gestación del liderazgo con la potencia suficiente para la orientación de la ruta hacia los objetivos, que, por supuesto, necesita de la organización social propia de cualquier empresa de esta magnitud.

Para la fase de inventario de los recursos de capital disponibles, es necesario tener en cuenta todas las formas de manifestarse este recurso según las distintas fuentes de acumulación: los recursos ambientales que constituyen el capital natural del patrimonio territorial, así como el capital construido que se expresa en edificaciones físicas, recursos tecnológicos y materiales y, el más común y conocido, el capital financiero expresado en el ahorro interno del territorio. Pero los más importantes y que tienen relación con el espíritu del proyecto de ley, son el capital humano y el capital social, sin los cuales las demás formas de capital existentes no pueden tener la dinámica necesaria para un proceso sostenido de largo plazo. La relación con el capital humano, porque los insumos principales de este renglón son la educación, la salud y el conjunto de valores de comportamiento o cultura local, donde el sistema de participaciones siembra el eje central de los recursos de financiamiento; y el capital social, cuyos insumos básicos son la asociatividad, la mutualidad y la confianza, patrones de comportamiento social que requieren de la intervención del gobierno territorial en el marco de la gestión pública.

En el espíritu de la ley que se tramita, se perciben propósitos que van en el mismo sentido del desarrollo endógeno, como se puede percibir en los fines incluidos en el artículo 4. Dice en el texto que son fines de esta Ley, para alcanzar los objetivos del Estado Social de Derecho, varios entre los que se destacan los siguientes:

1. Cierre de brechas, el cual se considera como un objetivo, contemplando la superación de desigualdades sociales, económicas e institucionales, entre entidades territoriales o al interior de estas.

2. Autonomía territorial, debido a que se contempla que las entidades territoriales ejercerán sus competencias con independencia administrativa, fiscal y política, dentro del marco constitucional y legal vigente.

3. Descentralización, que es esencial en la ley y que tiene como finalidad que dichas entidades cuenten con la facultad para gobernarse por sí mismas, a través de otorgamiento de competencias o funciones específicas y recursos para atenderlas.

4. Descentralización con criterio asimétrico, como respuesta a la diversidad de las entidades territoriales, que existen en razón de sus características propias y sus realidades particulares, por lo cual se hace necesario la adopción y aplicación diferenciada de instrumentos legales, de política pública, normativos, administrativos y fiscales, que estén orientados al cierre de brechas, el fomento de la participación ciudadana, así como la sostenibilidad fiscal y el fortalecimiento institucional.

5. Participación, transparencia y control social, que considera el papel de la ciudadanía, las comunidades, las colectividades y los pueblos, que podrán ejercer el control social sobre la ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones. Para este propósito, se debe garantizar el derecho de acceso a la información pública, atendiendo a la normativa vigente sobre gobierno abierto, así como a mecanismos de participación social vinculante y rendición de cuentas, en el marco de un fortalecimiento a la democracia participativa.

6. Calidad en la prestación de los servicios públicos por parte del Estado, la cual debe asegurar el reconocimiento de la heterogeneidad territorial y la observancia de estándares mínimos para el desarrollo de los derechos de la población.

Como se puede observar, con relación a la conceptualización de los enfoques endógenos, el proyecto de ley incluye normas que constituyen en un importante piso jurídico para facilitar procesos de construcción colectiva de territorio, a partir de la iniciativa local y de abajo hacia arriba. En síntesis, se puede apreciar que la ley contiene una base jurídica que soporta de manera pertinente la acción de la Rama Administrativa, que, a la vez, sirve como mecanismo pedagógico y motivacional en el marco de los procesos endógenos. También crea instrumentos institucionales y organizacionales que acompañan la gestión pública, apropiados para dinamizar los procesos endógenos, como son la aplicación de los principios de la ley y el caso del Consejo Superior para la Autonomía y Descentralización, que acompañan la norma, cuyo eje son los recursos financieros de las transferencias.

No obstante, de las bondades y aportes constructivos del proyecto legal, favorables al desarrollo endógeno, también hay que considerar otros aspectos del escenario estratégico donde actuará la norma; porque se requieren algunas condiciones cuya realidad presente, permite formular interrogantes sobre riesgos para la viabilidad de los propósitos.

Es razonable tener en cuenta los alcances de la ley en cuando a su aplicación práctica, considerando que la norma jurídica, sólo constituye el piso o base institucional, sobre el cual se deben construir los correspondientes procesos de gestión. La norma establece las acciones que se pueden realizar y las que se deben realizar; pero los alcances de la normatividad no llegan hasta la forma o el cómo se realicen dichas acciones. La ley, por si sola, no dinamiza los procesos institucionales y sociales que le imprimen la vida al espíritu de la misma, por lo cual se requiere una intervención activa de la ciencia de la administración pública, para evitar que la norma jurídica que convierta en letra muerta, o que se realice el cumplimiento mecánico de la norma, sin la profundidad operativa que garantice los impactos en materia del logro de los fines esenciales del Estado. La disciplina de la administración pública, como toda ciencia, dispone del método adecuado para abordar la realidad concreta y facilitar la intervención pertinente en los procesos de la realidad social e institucional.

La preocupación que se genera ante esta situación, se refiere a la relación del tema con el régimen político. La ciencia de la administración pública, como toda ciencia, tiene un componente de saber o conocer y otro componente de actuar o hacer, con la particularidad de que, debido a la trascendencia e importancia de los asuntos públicos, el componente de saber o conocer es insuficiente para para que el recurso epistemológico brinde la utilidad que la comunidad requiere. Se necesita, principalmente, el componente de acción para efecto de intervenir en esa realidad fáctica en el escenario público, con miras a cambiar y mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Pero en la realidad, se percibe una acción o intervención de parte de los entes competentes, sin aplicar los requisitos epistemológicos que exige la ciencia, de modo que se cumple la ley, pero sin la generación completa de los impactos esperados en la vida social. Los gobiernos territoriales, órganos competentes para realizar las acciones, están sujetos a influencias e interferencias del régimen político, las cuales no les permiten aplicar el método científico de la disciplina de la administración pública, restando volumen a la capacidad institucional requerida para un cabal ejercicio de sus competencias.

El proceso de construcción de futuro de adentro hacia fuera, partiendo del aprovechamiento de la dotación existente de las formas de capital, es más factible si se enmarca dentro de la Democracia Participativa, la cual significa el establecimiento de un mecanismo sistémico de operación continua y permanente, a través del cual se realiza la cogestión pública con responsabilidad compartida, de igual a igual, entre los organismos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Los procesos de gestión (planificar, ejecutar y controlar) son acciones cuya operación se debe realizar mediante mecanismos de concertación entre las dos partes, para lo cual se necesita que, al interior del Estado, se implanten mecanismos de coordinación interinstitucional; y en el seno de las comunidades, se fortalezca la organización pertinente para participar en los escenarios de concertación de políticas públicas. A partir de este engranaje sistémico de la Democracia Participativa, ya es posible instalar la descentralización política para que, a partir del empoderamiento de las comunidades, desde donde debe partir la orientación de la toma de decisiones, se logre la construcción de políticas públicas “bottom up” y con ello la creación de un ambiente propicio para la convivencia pacífica y armónica con un mínimo nivel de pugnacidad y conflicto, el cual es requisito central para que, de verdad, se llegue al mejor grado de condiciones de vida para la sociedad.  



[1] Se refiere al concepto desarrollado por Paul Baran en la teoría del desarrollo. 

lunes, 10 de noviembre de 2025

LA LUZ AL FINAL DEL TUNEL

Transcurrida ya la cuarta parte del siglo XXI, se aprecian fenómenos trascendentales, que auguran cambios profundos, tanto en el ordenamiento económico mundial, como en las ocurrencias internas de los países, principalmente los del sur, que están sometidos a las consecuencias de los hechos de los centros de poder global. Con ello, se espera que el cuarto decenio del siglo, llegue con nuevas condiciones socioeconómicas y por lo tanto con implicaciones en materia de gestión pública, ya sea desde el papel del Estado o desde el papel de los actores sociales. Los hechos observados de magnitud planetaria, durante la primera mitad del tercer decenio, tanto en lo económico como en lo político, permiten inferir que ya no es procedente hablar de la globalización, y ni siquiera del capitalismo rentista con identidad neoliberal, porque los cambios que se avecinan, probablemente, signifiquen otros patrones en el ordenamiento mundial, lo que hace probable que para después de 2030 haya que hablar del postglobalismo.  

Un conjunto de casos ocurridos en el período del primer cuarto de siglo, se observa con facilidad en diversas partes del mundo; lo mismo que publicaciones y manifestaciones de analistas, académicos y autores, que hacen referencia a fenómenos sintomáticos de los cambios profundos que se prospectan para el cuarto decenio del siglo. Independientemente de la cronología y de la relación con la gestión pública, algunos ejemplos se contemplan en este artículo, que conducen a la reflexión acerca de los alcances de la ciencia de la administración pública en el contexto de los fenómenos del futuro.

En el conjunto de ejemplos a tener en cuenta, se encuentra el modelo de la “Economía del Donut” expuesto por Kate Raworth (Paidós, 1018) para Ámsterdam, en el que se considera, que se trata de un crecimiento sostenible y de claro matiz social; en el que, la valoración de costos, debe integrar todas las variables extraeconómicas que afecta, y las interconexiones de las repercusiones que ocasionan las medidas. “Cualquier empresa u organización debería dejar de centrarse en una única variable (el beneficio financiero, que solo repercute en la empresa y sus accionistas) para empezar a tener en cuenta otros tipos de ‘valor’ en los que basar el diseño de la actividad y la evaluación de resultados: variables sociales y medioambientales”, dice el comentarista Agustín Velasco.[1]

Otro ejemplo se refiere a la llamada “Teoría del Decrecimiento”, que el conocido economista francés Serge Latouche expuso, considerando como criterios básicos:

i) Reevaluar los valores individualistas y consumistas y sustituirlos por ideales de cooperación,

ii) reconceptualizar el estilo de vida actual,

iii) reestructurar los sistemas de producción y las relaciones sociales en función de la nueva escala de valores,

iv) reducir el impacto generado por el transporte intercontinental de mercancías,

v) simplificar la gestión local de la producción,

vi) redistribuir la riqueza,

vii) reducir el consumo, simplificar el estilo de vida de los ciudadanos.

Según el autor, el Decrecimiento apuesta por una vuelta a lo pequeño y a lo simple; a aquellas herramientas y técnicas adaptadas a las necesidades de uso, fáciles de entender, intercambiables y modificables. Implica reutilizar y reciclar, alargar el tiempo de vida de los productos para evitar el despilfarro, evitar el diseño de productos obsolescentes, entre otras características, dice Alejando Martin [2]

El experto Nathan Hagens decía en 2012 en una entrevista que

Los riesgos del sistema son más altos de lo que lo han sido nunca. Pero las oportunidades para dar forma a un futuro con sentido también son altas. Estamos entrando firmemente en un terreno de transición y una conducta prosocial por parte de todos nosotros será un gran contrapeso al estrés inevitable que se generará ante esta situación. Y desde mi perspectiva, tenemos una profunda necesidad de una nueva narrativa cultural lejos del consumo llamativo y las turbofinanzas. Vivimos en tiempos interesantes: nuestras decisiones y conductas tendrán impacto en cómo será el futuro. Todo el mundo tiene que vivir y disfrutar su vida, pero esperemos que con un ojo en el futuro y un sentido de la responsabilidad y la comunidad.”[3]

Francisco Collado, refiriéndose a Jeremy Rifkin y su obra “La sociedad de coste marginal cero” (Paidós, 2014), dice que el autor pronostica el surgimiento de un nuevo paradigma económico denominado el "procomún colaborativo", el cual, en primer término, brinda un panorama de Internet y las nuevas tecnologías que han permitido convertir a las personas tanto en consumidores como en creadores de bienes y servicios. En segundo término, dice que Rifkin teoriza sobre distintas innovaciones presentes en la tercera revolución industrial que vivimos actualmente, para lo cual es fundamental el concepto de "Internet de las Cosas" (IdC); y la reducción continua del coste marginal por parte del capitalismo. Collado dice que

El tercer bloque comienza con el redescubrimiento del "procomún". Señala Rifkin que además de la propiedad pública y privada, existe una tercera categoría de la propiedad según su titularidad. Es una propiedad pública en tanto que pertenece y es gestionada por el conjunto de la sociedad, pero no está en manos de los particulares ni del Estado. Esto conformaría el denominado "procomún" que apenas aparece reseñado en algunos estudios antropológicos y ha desaparecido para gran parte de la literatura académica.”[4]

Complementa la reseña diciendo que “El procomún supone la finalización de los cercamientos de propiedad, de las patentes, de los derechos intelectuales y otros tantos, por lo que lo realmente necesario es el acceso a los bienes, servicios y materiales y no la propiedad, que ya no pertenecería en particular. ni a lo privado ni a lo público”.

Rikfin realiza una enumeración de las prácticas favorables al procomún en la vida diaria: Primero: la microfinanciación y el crowfunding entre iguales, favoreciendo el mecenazgo cívico. Segundo: la creación de una moneda virtual y un sistema de reputación valorativa para facilitar que las personas puedan financiarse salvando las distancias geográficas y la falta de información. Tercero: un empresariado social sin ánimo de lucro y con unos intereses colectivistas y voluntaristas dirigidos a consolidar la infraestructura social. Cuarto: nuevos tipos de empleos que permiten la transición del mercado capitalista al del procomún. Estos nuevos trabajos estarán dirigidos a mejorar la infraestructura social y se basarán en sectores como la educación, la sanidad y las artes. Los trabajos tradicionales relacionados con la provisión del Estado de bienestar pasarán a manos del empresariado social”

Otro de los casos para citar en este conjunto de ejemplos, es el comentado por Guillem Pujol, haciendo referencia al economista y político griego Yannis Varoufakis, de quien dice que

ha enfatizando que las tecnologías digitales están facilitando una nueva forma de capitalismo que se distancia del neoliberalismo. Varoufakis argumenta que la digitalización de la economía ha permitido a las Big Tech acumular poder no solo mediante la acumulación de capital sino también controlando los flujos de información y datos. Él ve esta tendencia como una amenaza para la democracia y la soberanía de los estados, ya que estos gigantes tecnológicos operan a menudo más allá del alcance de las regulaciones nacionales[5]

El analista geopolítico argentino Marcelo Ramírez, en el canal de YouTube “Humo y Espejos”, plantea en términos concretos, el fin de la globalización y la conformación de macrorregiones, en torno a Estados Unidos, Rusia, China, el Bloque Islámico, entre otras; lo cual significa profundos cambios en la geopolítica mundial, según los sucesos del tercer decenio, donde los conflictos bélicos han sido relevantes, como es el caso de Rusia/Ucrania y el del Medio Oriente. Así mismo la conformación de los llamados BRICS, liderados por Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica, que promueven un nuevo sistema de pagos internacionales por fuera del dólar como unidad monetaria y que está aglutinando un número significativo de países.

Los acontecimientos políticos en Estados Unidos y la Unión Europea, que son centros de poder global, cuyas decisiones repercuten en todos los lugares del planeta, muestran tendencias que no se pueden desconocer. Por ejemplo, la pérdida de poder en 2025, por parte de los grupos que durante los últimos veinte años tuvieron en sus manos el gobierno de Estado Unidos, implica el descenso de los fondos globalistas, el complejo industrial militar y la FED, cuya política en torno al Nuevo Orden Mundial que fue difundida desde el principio del siglo, ya no muestra la misma fuerza, con implicaciones en la comunidad europea y el medio oriente.

Es decir, los eventos del tercer decenio obligan a pensar en cambios profundos en el ordenamiento económico mundial y una modificación substancial en la geopolítica que, probablemente, ocasionará cambios también en el interior de los países, principalmente los del Sur global, que tendrán repercusiones en la estructuración del Estado y el manejo de los procesos públicos, por lo cual es procedente hacer una reflexión sobre los retos y alcances que tendrá la ciencia de la administración pública.

Los análisis apuntan hacia la conclusión de que el modelo neoliberal llegará a su fin; como se anotó en el libro “La Ciencia del Estado Hueco”[6], por causa de la agudización de sus contradicciones dialécticas que producirá la ruptura histórica, tal como lo señala la teoría del Materialismo Histórico. Se ha señalado que la causa principal se debe a que, este modelo, convirtió el dinero en una mercancía y que debido a ello, se produjo el desbalance entre el componente real de la economía y el componente monetario, que en algún momento tendría que reventar. Como se aprecia, las economías no crecieron, sino que se inflaron, a través de cifras publicadas en pantallas digitales; mientras el componente monetario incrementaba las cifras, el componente de bienes y servicios presentó síntomas de desecamiento. El gran volumen de acumulación se concentró en el sector monetario, quedando rezagado en acumulación el aparato productivo.

Bien vale recordar lo anotado en dicho libro, sobre la explicación simple del fenómeno, utilizando la Teoría Cuantitativa del Dinero, que por simple lógica y sin mayor esfuerzo investigativo, permite comprender el caso del desplome del capitalismo rentista con sustento neoliberal. Desde el siglo XVI, los pensadores Martin Azpilcueta (español) y Jean Bodin (francés), habían expuesto la idea de la relación entre el componente monetario y el sector real, expresado en una ecuación que permite apreciar los efectos en cada una de las partes, según los movimientos de las variables de la otra parte. Pero principalmente, permite evidenciar que siempre el sector monetario tiene una contrapartida en el sector real, por lo cual debe mantener correspondencia equitativa entre las dos partes de la ecuación, para efecto de que el desbalance no repercuta en el movimiento de cualquier otra de las variables asociadas, como ocurre en este caso, donde el nivel general de precios, es la variable mediante la cual se equilibra la ecuación, cuando la cantidad de producción de la economía se queda rezagada frente al volumen del componente monetario. El nivel general de precios se eleva tanto, que el sistema no permite el sostenimiento del balance. Todo porque el haber convertido el dinero en mercancía, genera un ritmo de acumulación acelerado mediante transacciones monetarias, concentrando en el componente monetario la mayor acumulación y dejando rezagada la acumulación en el sector real; y con ello, el desecamiento del aparato productivo que repercute en la oferta real de bienes y servicios. Se desboca inicialmente una inflación descontrolada, que luego general la recesión y termina en crisis generalizada, lo que obliga al diseño de un nuevo modelo.

También han sido fenómenos relevantes de esta etapa:

i) El haber modificado la estructura de financiamiento del Estado, convirtiendo el organismo en un deudor permanente y esclavo del mercado de capitales, hasta llegar al ahogamiento de las finanzas públicas. El volumen de deuda pública de casi todos los Estados, ha creado limitaciones a la gestión pública, que se traduce en incremento de las desigualdades sociales y expansión de la pobreza de la sociedad, como se puede observar, en la zona euro, donde estos ha tenido consecuencias políticas.

ii) La pérdida del poder adquisitivo del salario, sumada a la elevación de precio de los bienes públicos por motivo de las privatizaciones, deterioró el ingreso familiar y empujó hacia el empobrecimiento masivo.

Según los analistas, los cuatro decenios de neoliberalismo global han dejado un balance social muy pobre. El 4 de abril de 2020, el Financial Times, con sede en el Reino Unido, publicó un editorial que decía:

 Será necesario poner sobre la mesa reformas radicales que reviertan la orientación política predominante de las últimas cuatro décadas. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Deben considerar los servicios públicos como inversiones en lugar de pasivos, y buscar formas de hacer que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución volverá a estar en la agenda; los privilegios de los ancianos y los ricos estarán en tela de juicio. Las políticas que hasta hace poco se consideraban excéntricas, como los impuestos a la renta básica y al patrimonio, tendrán que estar en la mezcla”, reconociendo la gravedad de la situación del modelo.

Reconocidos economistas como Thomas Piketty, Emmanuel Zaes y Gabriel Zucman, entre otros, han estudiado la economía durante muchos años y han sacan conclusiones sobre los últimos cuarenta, época del neoliberalismo, de la cual se destaca la concentración de la riqueza, como consecuencia de las reglas que rigen esta modalidad del sistema, lo mismo que las debilidades del Estado derivadas de la política fiscal. Mariana Mazzucato, con otro grupo de economistas femeninas, también ha analizado el fenómeno y ha destacado el papel del Estado en materia de desarrollo. Así mismo, organizaciones como OXFAM en sus trabajos, ha hecho énfasis en el fenómeno de la desigualdad y la agudización durante las últimas cuatro décadas, como también lo han expuesto economistas premiados como Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Jeffrey Sachs.

La concentración de la riqueza mundial y la agudización de la desigualdad social es un tema que siempre ha sido preocupación, no solo de los economistas y sociólogos, sino también de los políticos; ya que este tema constituye el eje del debate sobre la conservación de la especie humana y el cumplimiento de la función biológica del sistema económico. Para no ir más atrás, desde mediados del siglo XIX ha sido el eje de la discusión política y motivo de las propuestas para la solución del magno problema. El enfoque marxista, se ha concentrado en el tema de la lucha de clases; y su propuesta es el cambio del sistema económico, para implantar otro sistema que tenga un mecanismo de funcionamiento diferente al mercado, al que se le atribuye la causa de la desigualdad. Esta propuesta se mantuvo vigente hasta finales del siglo XX, cuando el derrumbe de la URSS, con sus sistemas planificados, demostró las falencias de la planificación central, como mecanismo de funcionamiento del sistema económico. La historia se encargó de reiterar las bondades del mercado como mecanismo de funcionamiento del sistema, lo cual implica que el fenómeno de la desigualdad social y la concentración de riqueza en pocas manos y pocos lugares, deberá ser tratada con una alternativa diferente, al cambio del mecanismo de funcionamiento del sistema económico. Es decir, tendrá que continuar la economía, sujeta al uso del mercado, como mecanismo de funcionamiento del sistema.

Esta realidad, la de aceptar el mercado como mecanismo único de funcionamiento del sistema económico, trasladó el debate a otro escenario diferente al del siglo anterior, cuando se confrontaban las posturas de: por un lado, el capitalismo, y, por el otro, el socialismo clásico, el de las economías planificadas. Se justifica aclarar el término “socialismo clásico”, porque se conoce el caso de China, donde se muestra que es posible un sistema socialista utilizando como mecanismo de funcionamiento el mercado; igualmente, porque en Latinoamérica se estuvo hablando durante algún tiempo, sobre el “socialismo del siglo XXI”, en el cual destacan autores como Allin Cottrell y Paul Cockshott y que fue ampliamente publicitado en Venezuela.

Al aceptar que el mercado es el mecanismo de funcionamiento más adecuado para la economía, se relieva el hecho que el debate gira en torno al Estado y que las posturas antagónicas se sustentan, por un lado, una economía con intervención del Estado y por el otro, una economía con libre juego de mercado. Ya no se discute sobre la permanencia o eliminación del mercado, sino sobre el tipo de Estado que garantice los objetivos sociales. Pues como ya se sabe, el mercado tiene en su particularidad, que el concepto de racionalidad propicia la concentración de valor en unos puntos, dejando otros carentes de esta riqueza.

Aquí es conveniente tener en cuenta nuevamente el planteamiento sobre el Estado Hueco hecho por Brinton Millward de la Universidad de Arizona, porque los hechos en el tercer decenio del presente siglo muestran que el llamado “hueco” haciendo referencia a el vaciado de los bienes públicos, va más allá y no se refiere simplemente al interior del organismo, sino a la totalidad del mismo. Comentaristas de prensa han señalado lo que denominan la “privatización del Estado mismo”, haciendo referencia a la afectación de la soberanía con la separación del banco central de las manos del gobierno, siendo que el banco era un instrumento para intervenir en la economía y ahora es una autoridad económica que se rige por las reglas de juego del mundo financiero global. Así mismo, hacen referencia a la fijación del precio de las divisas, que corresponde al mercado, a la tasa de interés de referencia que corresponde al banco central, a la imposición de aranceles que está bajo la mirada de la OMC y los tratados internacionales. Pero, principalmente, los comentaristas se refieren a la incidencia del régimen político, que a pesar de que se denomina “Régimen Democrático”, sus características se apartan de la etimología del término que lleva por título, de modo que las fuerzas de poder económico y el papel de las corporaciones multilaterales, condiciona la autonomía política del gobierno para desempeñar su función administrativa. 

En estas circunstancias, e independientemente de que el organismo sea objeto o sujeto de conocimiento de la ciencia, el manejo del Estado es trascendental para la conservación de la especie humana. Los economistas han reducido la economía a las leyes del mercado, con su racionalidad de carácter financierista, y la justificación de las decisiones con argumentos de esta racionalidad; alejándose de la génesis del sistema económico que, desde el paleolítico, nació como producto del instinto de conservación y sujeto a la ley de la naturaleza; que, como instrumento de la especie, tiene la misión de la conservación de la vida humana sobre el globo terráqueo. Hoy la economía es el mercado y la rentabilidad, para alimentar el crecimiento que no es cosa diferente a la acumulación de valor en términos de capital.

El reto inicial es la liberación del gobierno de las manos del régimen político. Los hechos muestran que el gobierno está secuestrado por el régimen político y la Rama Administrativa del Poder Público, está esclavizada y sometida a las imposiciones del régimen político, por lo cual, siendo esta el Poder Ejecutivo que opera en representación del Estado, no se le permite desplegar las acciones necesarias para cumplir los fines esenciales del Estado consagrados en la constitución; pues la acción de la Rama, se orienta prioritariamente, a satisfacer los requerimientos del régimen político y en menor grado, a solucionar problemas y satisfacer necesidades de la sociedad. Por lo tanto, corresponde a la ciencia de la administración pública, rescatar el gobierno y colocarlo al servicio del método científico de la esta disciplina. Como ya se ha anotado anteriormente, la administración pública contiene las dos esferas: la esfera del conocer y la esfera del hacer. La primera bajo la responsabilidad de la ciencia y la segunda, bajo la responsabilidad del gobierno. Pero el gobierno no se está sometido a las reglas de la ciencia sino a las reglas del régimen político y este, sustentado en normas constitucionales y legales. Por lo tanto, corresponde a la disciplina de conocimiento la magna tarea de confrontar el andamiaje jurídico y rescatar el gobierno para someterlo a los patrones que rigen el método científico. Se trata de que el cuerpo de elite, conformado por los científicos de la administración pública, utilizara el arma del método para confrontar el poder político y mediante argumentos técnicos pudiera realizar el rescate.

La pregunta que surge entonces, es: ¿qué sucederá cuando se desplome totalmente el modelo neoliberal, que ha sido construido sobre la base del libre mercado y la racionalidad derivada de la rentabilidad producida por el libre juego de oferta y demanda?

Porque en 2008, se presenció el campanazo inicial y en el tercer decenio del siglo, se están observando los síntomas relevantes, como son la inflación continuada, el endeudamiento exagerado, las carteras vencidas en los bancos, los movimientos sorpresivos en los mercados de capitales, las dificultades de los gobiernos para pagar la deuda, las señales de recesión y demás manifestaciones anormales de la economía.

En estas circunstancias, la reflexión sobre los alcances de la ciencia de la administración pública se debe orientar a identificar su papel en la construcción de un nuevo modelo económico y social. El modelo que partirá del caos, resultante al terminar la fase del capitalismo rentista, para reconstruir los procesos económicos y sociales dirigidos a la construcción del futuro de modo que se supere la crisis y se corrija los factores que la historia ha enseñado.

Hasta ahora no se conoce una propuesta sobre la construcción del futuro; pero sí existen argumentos para pensar que la administración de los bienes públicos, será un factor clave y determinante en el diseño de una sociedad con ideología, régimen político y economía, más acorde con las leyes de la naturaleza, es decir, orientado hacia la conservación de la vida humana. El debate político no será en términos de economía, sino en términos de la manera de ensamblar y operar el Estado, con un régimen político que responda a las exigencias derivadas de las expectativas sociales.

Algunas conclusiones, basadas en la experiencia y las causas de la crisis neoliberal global, son posibles de extractar para identificar aspectos que, hacia el futuro, se deben considerar en el diseño del nuevo modelo: en primer lugar, cuál debe ser el uso de la tecnología y qué limitaciones debe tener, por los riesgos que ocasiona su utilización basada, únicamente, en la rentabilidad del mercado; en segundo lugar, cuál debe ser la importancia del aparato productivo, que alimenta el componente real de la economía, donde se ubican los bienes y servicios que propiamente, se requieren para la conservación de la especie; en tercer lugar, cuál debe ser el papel del Estado, cuando se ha visto que no debe ser simplemente un deudor permanente de los especuladores del dinero; en cuarto lugar, cuál debe ser el foco donde se debe concentrar la acumulación de capital y cómo se debe canalizar la inversión del mismo; en quinto lugar, cómo superar la avaricia y la codicia de los propietarios de la acumulación, que permita adoptar mecanismos para contribuir a mayor equidad social.

Es muy probable que sea la gestión pública y el papel del Estado, en el contexto de la ciencia de la administración pública, el tema de discusión, que concentre el debate y canalice las propuestas políticas, para responder a los requerimientos económicos y sociales, que el conglomerado humano requiere para alargar lo más posible la permanencia sobre el planeta. Nada es eterno en el mundo y todo tienen su final, pero se justifica intentar hacer lo más largo posible, el periodo de vida de la especie humana; lo cual es más razonable, con una administración de los bienes públicos que asegure mejores condiciones de vida y el suministro apropiado de los insumos para la conservación de la especie. Para el efecto, se requiere adelantar investigaciones y estudios sobre los diversos temas asociados al propósito, para disponer de un bagaje de conocimiento que sirva de apoyo a la toma de decisiones y formulación de políticas públicas. En ese caso, entonces ya se podrá afirmar que se ve la luz al final del túnel.



[1] Velasco, Agustín. https://www.revistagq.com/

[2] Martín, Alejandro. https://ovacen.com/

[3] https://espai-marx.net/ Entrevista de Alexander Ac, julio de 2012

[4] Collado, Francisco. Revista Mexicana de Sociología vol. 78 No. 1 marzo 2016

[5] https://www.lamarea.com/ Guillem Pujol, marzo 2024.

[6] Cerón Hurtado, Miguel Angel y Vanegas Lujan, John. 2025.

INTERROGANTES SOBRE EL PACTO CAUCA

Transcurrido ya más de un mes desde cuando se suscribió el denominado Pacto Cauca, mediante el cual, se dice, que se canalizará 27.6 billones pesos para el territorio, es conveniente despejar algunos interrogantes que van surgiendo después de la emoción del acto y las expectativas que se generan; todas relacionadas con los aspectos prácticos e institucionales necesarios para que se pase del dicho al hecho, que, como dicen las abuelas, hay mucho trecho. 

El primer punto a tener en cuenta es el cumplimiento de las normas jurídicas sobre proyectos, asignaciones presupuestales y contratación; porque todo está normatizado y es necesario cumplir con las disposiciones aplicables para el efecto. En primer término, la Resolución 0806 de 2005 emanada del DNP con el amparo de la ley 152 de 1994, que se refiere a la estructuración de los proyectos para que sean objeto de asignación presupuestal; luego los trámites de gestión presupuestal, para luego llegar a la ejecución a cargo de alguna de las entidades del Estado. 

Como es ampliamente conocida la debilidad del proceso de proyectos que reina en las entidades territoriales, la primera inquietud surge por la necesidad de disponer de los proyectos debidamente estructurados para que se pueda seguir el trámite financiero. Por lo general, ahí se encuentra el primer escollo, como se ha visto desde el siglo pasado, cuando se han celebrado acuerdos con el gobierno nacional. Existe la creencia de la firma de los acuerdos opera automáticamente y que los recursos caerán como en una piñata, sin tener en cuenta que la voluntad del compromiso no exonera del cumplimiento de normas y trámites para llegar a la realización de los mismos.

Desde 1994, se estableció mediante ley, que las entidades territoriales debían contar con un banco de proyectos debidamente estructurados y viabilizados, todos derivados de los procesos de planificación, de modo que, para llegar a la asignación de recursos presupuestales, los proyectos ya estarían listos. Pero en la realidad, eso no ha ocurrido así y los proyectos incluidos en los acuerdos, casi siempre carecen del soporte técnico necesario para hacer viable su operación, lo cual conduce, a que hoy surjan los primeros interrogantes sobre el Pacto Cauca.

sábado, 1 de noviembre de 2025

LA POLITICA DEL ATAQUE PERSONAL

 Es un rasgo característico de la cultura política colombiana, desde el origen de la república, que los procesos organizacionales del régimen giren en torno al nombre de una persona con un enfoque caudillista, que de manera maquiavélica alimentan los periodistas, en lugar de centrarse en la verdadera esencia de la actividad política que debe converger en los criterios y pautas para la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Así, el debate no confluye en la confrontación de propuestas de gobierno, sino en la confrontación de personas, por lo cual no queda más que llevar la praxis política a la hoja de vida de los candidatos. 

Esa situación en la competencia política, realizada en un ambiente plagado de pugnacidad y posturas beligerantes de los actores, abre la puerta para que se desvíe la razón sociológica del régimen político y se convierta en otro factor de riesgo para la efervescencia del clima electoral. Entonces, la campaña se concentra en los improperios e insultos de un aspirante a otro o de los seguidores de un candidato a otro. Es un fenómeno peligroso, que entra a sumar a las demás causas objetivas y subjetivas del conflicto sociopolítico, cuyas consecuencias son impredecibles, porque, al calor de la pugnacidad, no se sabe donde va a desbocar la tendencia.   

Distinto sería que el debate político se concentrara en la confrontación de programas de gobierno, sin tener en cuenta la hoja de vida de la persona, más allá de sus atributos y competencias para cumplir con los postulados de la gestión pública. Así, los temas a tratar a través de los medios de comunicación serían sobre asuntos públicos y los periodistas quedarán metidos frente a sus propósitos morbosos ya conocidos, de alimentar el clima de pugnacidad.

Si duda, la solución, por lo menos de inmediato y corto plazo, está en manos del Consejo Electoral, que bien puede reglamentar los términos de las campañas electorales de modo que se impida el estímulo a la violencia, que inicia verbal y después no se sabe donde termina. Es una realidad lamentable en esta coyuntura política, donde se presentan circunstancias históricas especiales para las elecciones del próximo año, por lo cual es necesario evitar y combatir la política del ataque personal.

jueves, 23 de octubre de 2025

EL TERROR DE LOS ARANCELES

El orate Trump amenaza con ponerle aranceles a Colombia e inmediatamente salen despavoridos los neonazis a hacer terrorismo público, como si esto fuera la gran tragedia nacional, porque, supuestamente, afecta a algunos pocos empresarios exportadores hacia ese país. Pero si se reflexiona desapasionadamente, el asunto puede ser o no ser, tan grave como los políticos de extrema derecha lo pintan.

Si se observa detenidamente el caso colombiano, los aranceles afectan más a los consumidores norteamericanos, que a los exportadores colombianos; pues el fenómeno depende fundamentalmente de la elasticidad-precio del producto en el respectivo mercado. Si el producto es muy elástico, la cantidad total de disminución de las compras por parte de los consumidores es elevada y esto, por supuesto, disminuiría el volumen de las exportaciones colombianas. Pero si la elasticidad-precio de los productos es más bien rígida, la cantidad en que disminuye las compras no es significativa.

Mirando los productos que EEUU compra a Colombia, se aprecia la rígides de esta elasticidad y por eso los compran allá; pues, caso contrario, se irían a comprar a otro lugar. Y es menos elástica porque corresponde a productos principalmente del sector primario, que tienen alta relación con las necesidades de subsistencia humana, ya que son inherentes a la canasta familiar de consumo masivo, algunos de ellos, inclusive, relacionados con factores de dependencia como la cafeína. Otros, porque son únicos en el mercado global y si no los compran a Colombia, no tienen otro abastecedor de la misma calidad.

En tales condiciones, la fijación de aranceles a Colombia genera un daño a los consumidores gringos y a la economía colombiana muy poco afecta, salvo los dos o tres exportadores que caen como víctimas de la situación, pero que no influye significativamente en la balanza comercial. Así que el caso de los aranceles de Trump, no es para crear pánico de manera reactiva, sino para analizar con detalle acerca del comportamiento de las leyes del mercado, que son iguales para todo el mundo.

Con ello vemos que la actitud de los quejumbrosos es más de carácter político e impulsivo, que un verdadero motivo de mercado, que tiene sus propias reglas de juego y que no siempre dan lugar a que se produzca el terror de los aranceles.

martes, 2 de septiembre de 2025

LOS VACIOS DE LAS OFERTAS ELECTORALES

 Probablemente, es la primera vez en lo que va corrido del presente siglo, que el debate electoral se reviste de características tan importantes y trascendentales, tanto por factores externos como por internos. Los últimos acontecimientos globales en la geopolítica y la ocurrencia del anunciado derrumbe del modelo neoliberal que ya está sucediendo en Estados Unidos con efectos en todo el mundo occidental, son elementos de la coyuntura política que juegan un papel significativo en los escenarios internos muchos países, donde Colombia no se puede sustraer; y en la complejidad interna, el hecho de que se termina el primer gobierno progresista y que abre la puerta para que los neoliberales de siempre puedan recuperar el gobierno. Es una condición histórica que conlleva particularidades nunca antes presenciadas en la historia política contemporánea.  

Es de esperar, por lo tanto, que los aspirantes al cargo de presidente presenten su oferta programática con visos especiales, diferentes los que utilizan en todas las campañas; por lo menos, los que se han visto durante los últimos sesenta años. Pero, por ahora, no se aprecian modificaciones a las costumbres electorales, casi todas impregnadas de ropajes publicitarios que buscan más el impacto mediático del elector, que la respuesta a los verdaderos problemas y necesidades que la realidad profunda del país afronta en la actualidad.

Existen varios temas que ya se han detectado, principalmente en las esferas académicas y técnicas, que tienen mucho peso en la realidad socioeconómica nacional y, por supuesto, con efectos importantes en el escenario sociopolítico que tanto preocupa por su alta conflictividad existente; pero hasta ahora, no se observa que candidato alguno haya definido una propuesta pertinente y consecuente con el mejoramiento de las condiciones presentes. Cada uno ha inventado un eslogan de campaña haciendo referencia, sí, a un tema importante de la realidad nacional, pero más con sustento de marketing electoral buscando una acción reactiva en el ciudadano, que un acto reflexivo que juzgue la conveniencia de la propuesta.

Existen varios asuntos de interés nacional, que ya están identificados como causas de importantes problemas existentes en el país, de los cuales nada dicen los aspirantes, a pesar de la trascendencia de los mismos y la posibilidad de solucionar otras importantes situaciones problemáticas derivadas de ellos. Para citar solo algunos pocos ejemplos, veamos el caso de la administración del Estado, que está a cargo del gobierno o el poder ejecutivo, donde no se aplica la administración pública. Se dice en las esferas académicas, que el gobierno hace de todo, menos administración pública, porque esta disciplina es una ciencia que contiene su método a la altura de los requisitos epistemológicos, pero que no se aplica, a pesar de ser causa o nudo crítico de un sinnúmero de problemas graves, incluido un porcentaje importante de la corrupción. También está el caso de la democracia participativa, que, a pesar de que está contemplada en la constitución política, tampoco existe y ningún candidato propone hacerla realidad, aunque con este mecanismo, se resuelven temas de gran trascendencia como la construcción de la convivencia armónica entre los actores sociales, que algunos llaman paz.

Pero, tal vez, el más trascendental de los cuatro ejemplos que hemos considerado en estas notas, se refiere a la descentralización política. Es evidente el daño que hace el centralismo bogotano, tanto que algunos proponen federalismo, lo cual sería un remedio peor que la enfermedad, cuando la realidad colombiana lo que requiere es descentralización política, la cual, a la par con la democracia participativa, podría ser recurso eficaz para hacer realidad el desarrollo endógeno y apuntar hacia la reconstrucción del próximo futuro modelo económico, posterior al derrumbe neoliberal. Y en el campo de la tecnología, no se escucha que los candidatos valoren las perspectivas viables que el país posee, donde poco puede hacer en materia de microelectrónica, tecnología digital e inteligencia artificial, pero sí dispone de una amplia biodiversidad que puede abrir caminos exitosos en materia de biotecnología.

El listado de temas es grande; pero como ejemplo se han considerado esos cuatro, para destacar el enfoque publicitario de las campañas electorales y el ropaje superfluo que le imponen los expertos en marketing electoral, aprovechando el bajo nivel de la cultura política reinante, que permite aceptar pasivamente los vacíos de las ofertas electorales. 

domingo, 27 de julio de 2025

LA OTRA CARA DEL VALOR PÚBLICO

INTRODUCCION 

El valor público es un concepto que fue introducido en 1995 y durante los últimos quince años ha tomado relevancia en las esferas académica e institucional, cuando se trata de considerar la gestión pública, entendida esta como la actividad que realizan los organismos del Estado, principalmente de la Rama Administrativa. La propuesta surge en Estados Unidos, como la mayor parte de temas que se aplican en Latinoamérica, y, por supuesto, se refiere a las realidades que existen en ese país.

El presente artículo pretende mostrar otra alternativa sobre el concepto, respondiendo a las inquietudes epistemológicas surgidas a finales del siglo pasado con relación a la ciencia de la administración pública, las cuales fueron expuestas por diversos autores al referirse a los efectos de la ola privatizadora que se extendió con el establecimiento del modelo neoliberal.

Este es un documento de reflexión que propone una concepción objetiva sobre el valor público y lo asocia con los bienes públicos tomando estos, como el objeto de conocimiento de la ciencia en cuestión.

El artículo pretende hacer una contribución al debate, exponiendo algunos elementos de juicio, que puede ser aceptados o no, pero que de cualquier forma enriquecen el necesario debate que se debe realizar en una disciplina de conocimiento que, como esta, se encuentra en construcción todavía.

1.   SURGIMIENTO DEL VALOR PUBLICO

Finalizando el siglo pasado y en el marco del conjunto de elucubraciones que surgieron a raíz del traslado de los bienes públicos al mercado, menguando así el monopolio que este organismo tenía en el manejo de lo público, todas con referencia a los ajustes y novedades en la disciplina de la administración pública, tomó fuerza el concepto de valor público, a raíz del planteamiento de profesor de Harvard Mark Moore (1995) y a partir de ahí, la proliferación de escritos sobre la materia ha sido copiosa, convirtiendo ese el tema en aspecto relevante de la gestión pública durante lo que va corrido del siglo XXI, principalmente después de la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, país donde surgen los paradigmas y conceptos en el marco de lo que se le ha denominado la escuela norteamericana y que luego se extienden a otros países principalmente de Latinoamérica. El enfoque parte del concepto de gobernanza, ya tratado anteriormente desde finales del siglo anterior, y dentro de este marco se introduce el concepto de valor público como instrumento útil para medir políticas, programas y servicios a cargo del Estado.

La gobernanza, si bien es cierto había sido contemplada desde el siglo XV en Francia, toma fuerza es en los años ochenta, paralelamente al establecimiento del modelo neoliberal y todos los cambios que introdujo en la administración pública, de modo que se convirtió en un nuevo paradigma, que considera una forma diferente de gobernar que destaca la cooperación, donde intervienen entidades estatales, organismos civiles, empresas privadas y en general, los actores sociales que convergen para formular e implementar políticas públicas. En este marco se inscribe el caso del valor público.

Entendiendo la propuesta de Moore (1998), el valor público consiste en que, los recursos del Estado deber ser utilizados para incrementa el valor, de la misma forma en que se crea valor en el sector privado; el cual debe ir más allá de medir los impactos monetarios y debe incluir beneficios sociales percibidos por los ciudadanos. En esa forma, se destacan tres aspectos a saber: i) la prestación de servicios, ii) los impactos sociales reales y iii) la conservación de la confianza y legitimidad de la entidad. Como se puede ver, la esencia de la propuesta es completamente coherente con la tradición de la escuela norteamericana desde comienzos del siglo XX, la de desarrollar las ideas y modelos de administración pública, alimentándose en las fuentes del paradigma privado, con la asimilación del manejo del Estado a las empresas privadas.

La idea de valor público encierra un aspecto a destacar, en lo que se refiere a la percepción del ciudadano sobre los beneficios, lo cual conlleva mayor profundidad en el análisis para precisar lo que se considera beneficio y lo que significa percepción, debido a la complejidad del conglomerado humano y a la diversidad de expectativas que existen en la ciudadanía, debido a la heterogeneidad de su conformación. Pero abre un campo de mucha importancia para la profundización del concepto de valor.

Lo cierto es que varios autores destacan que, el eje de la nueva gestión pública debe ser la creación del valor público, lo cual les corresponde a todos los gobiernos, como dice Walter Zegarra[i] y otros (2021) señalando que:

“Para crear valor público, a todos los gobiernos de turno les corresponde suministrar servicios públicos acorde a sus posibilidades, con beneficios y niveles de agrado para el poblador, es preciso conocer las insuficiencias de los protagonistas favorecidos para conseguir valorar los horizontes de agrado con la eficacia de los productos y servicios compensados que influya directa y positivamente en el valor público generado por los servicios dependientes de dichos entes públicos y según la nueva gestión pública, a todas las personas se les debe tratar como clientes, tal como lo realizan la mayoría de empresas con sus usuarios, existe una oferta y una demanda por satisfacer si hablamos de servicios públicos, con los recursos existentes, se facilitan esos servicios y prestaciones; caso contrario, se definirán otros con limitaciones, siempre al servicio de la población”(pág. 28)

También se han hecho aportes relacionados con los mecanismos de creación de valor público y ahí se ha señalado, la importancia del papel de quienes manejan los organismos del Estado; y concluyen que: cuatro flujos influyen en el surgimiento y desarrollo del valor público social. “Estos cuatro mecanismos se basan en (1) la utilidad prevista del servicio para los usuarios, (2) la práctica del liderazgo público en el contexto de los servicios públicos, (3) las prácticas de codiseño y cocreación centradas en el ser humano, y (4) la perspectiva del valor en uso desde la perspectiva del observador, es decir, en relación con los usuarios”. (Petri Virtanen & Harri Jalonen)[ii]

La creación de valor público se ha considerado como eje estratégico del fortalecimiento institucional y la innovación, según el planteamiento de Norberto Velásquez y Graciela Silva (2022), quienes han asegurado que “El Enfoque de Calidad Estatal propone una conceptualización de Calidad Estatal en relación con el impacto o resultado que una política o acción del Estado pueda generar, en términos de valor público” (pág.43) e igualmente han asegurado que:

“A su vez, el requerimiento de generación de valor público como resultado esperado en acciones estatales conceptualizadas como de calidad, implica una ampliación de la propia noción de acción estatal que ya no queda restringida a la producción de bienes y servicios, sino que abarca, además, las inversiones públicas realizadas, las regulaciones generadas y las transferencias dinerarias que provee el Estado”. (pág. 44)


Al valor público le atribuyen ser la característica fundamental de la gestión pública en el presente siglo, en tanto constituye la razón de ser de las políticas públicas, las cuales requieren de la participación social en el ciclo de las mismas, que incluye la formulación, la implementación y la ejecución, destacando que, en ambos casos, la participación es parte esencial del proceso. La participación se señala como aspecto fundamental para lograr la aceptación de los resultados de la política y la valoración por parte de los beneficiarios.  Dulfary Calderón (2020)[iii] señala que:

las políticas públicas no son la única herramienta con la cual el Estado hace visibles su gestión, pero es una de las pocas que permiten un constante monitoreo y seguimiento de los resultados, que parten de un reconocimiento de la participación ciudadana como elemento integrador y sinérgico de espacios, actores e instancias para una óptima administración” (pág. 75)

Por su parte, Jorge Isaac Torres[iv] anota que

“En ese orden de ideas, se tiene que el valor público no solo se constituye en un derecho, si no una obligación con quienes están a cargo de gestión pública, porque los mismos laboran con fondos públicos, los mismos que le pertenecen a la población y por ende deben estar orientados hacia ella en general y específicamente a los sectores más deprimidos y no a otros fines, menos aún, cuando los referidos “otros fines”, postergan y desnaturalizan la finalidad que abraza la función pública”.

Después de Moore son muchos los autores que han considerado el tema del valor público dentro de la esfera de la gestión pública, como lo anotaban Wilson Cifuentes y Crispiniano Duarte (2023)[v] resaltando que “no hay suficiente evidencia teórica y empírica sobre el tema y los vacíos permanecen”.

Para Cifuentes y Duarte Martínez,

“la creación de valor público ha recibido escasa atención en el campo académico, con limitados desarrollos teóricos y empíricos que permitan dar cuenta de los factores favorecedores de la creación de valor, su puesta en marcha de las diferentes corrientes de la gestión pública y la situación actual de este tema” (pág.4)

Ellos realizan una investigación bajo la metodología de revisión sistemática de literatura, sintetizando los hallazgos de la creación de valor público desde la perspectiva de los stakeholders y entre sus conclusiones consideran que los autores revisados en su investigación,

“reconocen la creación de valor público como un objetivo crítico para las administraciones que debe superar el enfoque tradicional de la gestión pública hacia el reconocimiento de elementos principales como los provistos por el NPM y el PNPM.[1] Asuntos como la colaboración, compromiso de los stakeholders, innovación, gobernanza e interacción emergen como factores fundamentales para la creación de valor público” (pág. 13)

La investigación introduce el enfoque de los stakeholders, que es un concepto esencialmente de la empresa privada, el cual hace referencia a las personas, grupos u organizaciones que afectan o son afectadas por las actividades de una organización, de modo que se asimila al nombre de partes interesadas. En las empresas, estos se relacionan con clientes, proveedores, gobierno, comunidad local, organizaciones civiles competidores, medios de comunicación, entre otros. Según el estudio citado, para el caso de los organismos del Estado, el valor público involucra “gobiernos, organizaciones públicas, organizaciones del sector privado, organizaciones no gubernamentales, clientes, proveedores, gremios, asociaciones, ciudadanos y la sociedad en general” (pág.13), no obstante que según el enfoque sociológico y según la norma constitucional, los fines esenciales del Estado se refieren a la formación social en su conjunto, como una sola masa homogénea, a pesar de la heterogeneidad y diversidad que su interior encierra.

Pero lo que aquí queremos resaltar del artículo, más que el tema de los stakeholders, son las conclusiones sobre el valor público como las que señala que:

“existe una vasta aproximación a los conceptos de valor público que no provee claridad suficiente para entender el concepto en la administración pública por no contar con una conceptualización uniforme que plantee además la imposibilidad de separar el concepto de valor público del proceso requerido para su creación”. (pág. 15)

Lo mismo la afirmación de que “el valor público no tiene unificado un criterio en torno a su definición, y a pesar de existir una vasta literatura del concepto, esta no capta la esencia y amplitud de la gestión pública” (pág. 15).

Del examen superficial considerado en este aparte, sobre el tema de valor público se pueden sacar algunas conclusiones importantes:

§  Su origen en Estados Unidos lo enmarca dentro de lo que se le conoce como la Escuela Norteamericana de la administración pública, cuya característica principal es la asimilación con el paradigma privado. Toma como referencia el mercado y sus leyes, escenario donde operan las empresas privadas, y trata de incorporar al Estado los mismos patrones de análisis. Sin embargo, es necesario considerar que las condiciones de los bienes públicos en el seno del mercado no son idénticas a las de los bienes privados, debido a la alta dependencia, en los públicos, respecto a la ley de la naturaleza.

§  Para realizar el análisis en Colombia, es necesario considerar que los principales autores disponibles en la literatura sobre el tema, se refieren al país norteamericano, pero que en Colombia son diferentes: la constitución política, el régimen político, los sistemas políticos, la idiosincrasia, la arquitectura del Estado, las condiciones socioeconómicas, los rasgos culturales, la diversidad geográfica, las raíces históricas, el ordenamiento institucional, el servicio civil, la heterogeneidad social, el nivel de la organización social, la ética pública, la conciencia ciudadana, etc. De modo que no es razonable aplicar las pautas concebidas para la realidad del país del norte, al pie de la letra en Colombia, sin que se realicen los ajustes pertinentes a las condiciones específicas de este país del sur global.  

§  El tema está inscrito dentro de la disciplina de la Administración Pública, cuyas características epistemológicas se refieren al Estado como objeto de Estudio; lo cual, considerando que desde el siglo XVIII y hasta finales del siglo XX, este organismo era el único administrador de los bienes públicos; pero que ya en siglo XXI, estos están ubicados en el mercado y la administración de los mismos puede ser realizada indistintamente por entes estatales, privados o civiles.

§  No hay precisión en el concepto, entre, el proceso de construcción del valor público y el valor público ya creado. Cuando se refiere a las actividades de los funcionarios y a la cadena de valor que incluye insumos, procesos y producto, está haciendo referencia a la microgestión, que ocurre al interior de la organización operadora. Pero cuando se refiere a la aceptación, satisfacción y confianza de los beneficiarios, está haciendo referencia a la macrogestión y como tal, a los impactos que generan los procesos, ya en la comunidad.

§  El valor público se concentra en sujetos, ya sean dentro de entidades o fuera de ellas. Es un enfoque de examinar los actores como sujetos, que intervienen en la generación de valor o que intervienen en la recepción del mismo. Pero no existe un mecanismo de medición que permita unificar la forma de cuantificar la magnitud en cualquier lugar que esté, porque los factores contemplados, tanto en el proceso como en el impacto, son diversos.

§  La medición del valor público no cuenta con un método universal ni con las metodologías que permitan la cuantificación, ya sea del proceso de construcción de valor público en la esfera de microgestión, o de la magnitud del mismo en el impacto generado en las comunidades receptoras de este valor. Se podría hacer analogía con diversas técnicas existentes, pero no se percibe una concepción precisa y adecuada a los conceptos que se tratan en la aplicación de las ideas.

§  El enfoque del valor público se ha considerado como una fase superior a la propuesta de la Nueva Gestión Pública (NGP) y a la Post Nueva Gestión Pública, pero aún no se ha aclarado si de esta manera se resuelven los interrogantes y críticas surgida a finales del siglo anterior, a raíz del traslado de los bienes públicos al mercado, cuando desde la Universidad de Arizona se acuño el término del Estado Hueco. No es claro si de esta manera se supera la situación que fue considerada como de crisis de la ciencia de la administración pública.   

§  El caso del valor público sigue estando bajo la influencia del eurocentrismo y en el marco del colonialismo intelectual que impera en Colombia. Si bien es cierto que su origen lo inscribimos en la escuela norteamericana, esta es derivada de la cultura inglesa y su construcción fue elaborada sobre los principios del pensamiento europeo. Por otro lado, la idiosincrasia colombiana, derivada de sus raíces históricas de dependencia, está imbuida en la globalización cultural y sometida a los dictámenes del pensamiento extranjero, castrando así la posibilidad de crear un pensamiento autóctono.

2.   GENESIS DEL VALOR

Si bien es cierto que el tema del valor se ha revestido de novedosas connotaciones en el mundo contemporáneo, como ocurre con el valor público que entra en escena en el siglo XXI, o la axiología como rama de la filosofía que irrumpió a comienzos del siglo XX, la inquietud humana que encierra el concepto de valor, ha estado presente desde el origen mismo de la especie.  La conducta instintiva del humano, desde el comienzo, se vio en la necesidad de tomar decisiones sobre selección o escogencia de formas o medios para atender sus requerimientos, en esa época, los derivados de la ley de la naturaleza simplemente. Dice Miguel Bueno (1978) que “puede afirmarse que los primeros asomos de vida se ven acompañados por numerosos aspectos que en forma directa o indirecta conllevan la generaci6n del valor”[vi]

Desde que el individuo de la especie humana comenzó a utilizar la razón, previo a la toma de decisiones sobre actos o acciones, el objeto de su comportamiento ha estado impregnado con el criterio del valor, como argumento o juicio, que determina la selección o escogencia: se realiza un acto, siempre que el resultado del mismo tenga valor para el sujeto. La mente humana toma una decisión, a partir de la valoración de las alternativas sobre la acción a realizar, respecto a la situación o el objeto al que se le debe aplicar dicha acción.

Con el transcurrir del tiempo y paralelamente a la evolución de la especie, la actitud del individuo frente al valor, o sea el uso de la valoración frente a cada caso, también fue evolucionando, según las condiciones del entorno y el marco situacional que rodea al individuo. Pero siempre conservando las raíces del origen que se remite al “origen filogenético el cual coincide con el origen de la especie; en tal sentido indica el momento de mayor antigüedad donde entroncan las situaciones rudimentarias concomitantes al despunte prehistórico del género humano”. (Bueno 1978 pág. 28)

Bueno también nos indica que:

La noción más generalizada, la primera que sale al paso cuando se trata de esclarecer el significado filogenético del valor, es la que induce a señalarlo como algo necesario, mientras el sentido ontogenético, mucho más evolucionado que el anterior, lo exhibe como algo apetecible; de ahí parte el distingo establecido entre necesidades y deseos como hemisferios concomitantes de los intereses humanos. La comprensión integral del valor gira de este modo en la órbita de intereses cuyos dos poles son las necesidades y los deseos, apuntando a su resolución en los satisfactores respectivos.” (pág. 41)

Entra en juego entonces, el tema de los satisfactores, que la misma especie comenzó a producir y a desarrollar con el transcurrir del tiempo; los cuales superan la simple solución de la subsistencia, para ir diversificando las necesidades y deseos, que van requiriendo nuevos y más complejos satisfactores, todo según el tipo de formación social donde el individuo se desenvuelve. Al respecto señala el autor que:

“La infinita capacidad de invención que el ser humano desenvuelve a través del tiempo origina el progreso mediante el constante impulso que recorre desde las etapas rudimentarias del homo faber, hacia la madurez que apunta en el homo sapiens, para culminar en el superior estado que señalamos en el homo ludens; este es, para nosotros, el rey de la civilización, el triunfador en la vida, el hombre que trasciende la satisfacción de necesidades y deseos para jugar con ellos en calidad de elementos complementarios y suplementarios que le confieren el más amplio sentido de creación y delectación a la existencia”. (pág. 42)

Con el tiempo, el individuo superó la primera fase del “yo necesito”, para pasar a la fase del “yo quiero” y terminar, como en el presente, en la fase del “yo puedo”. Así que el juicio sobre las situaciones u objetos, que nació sobre el instinto de la pura ley natural, fue complementándose con factores de la misma producción mental, determinados por las condiciones del medio circundante o el entorno de vida del sujeto. Del comenzar a pensar, se pasa al comenzar a valorar, para sopesar las alternativas posibles y disponibles, de realizar la acción para dar gusto a su necesidad o su deseo.

Examinando la vida contemporánea a la luz de la axiología, se puede apreciar que es propósito convertir las necesidades en satisfacciones y los deseos en plenitudes, tratando de que la plenitud, sea la forma de lograr cabalmente la aspiración, ante lo cual dice que Bueno que:

“Requerir plenitud en la vida equivale a entenderla y sentirla como saturada de intereses, deseos y satisfacciones de toda índole. Para ello entran en juego los más diversificados elementos que inventa o descubre el ser humano, incluyendo los que percibe tal como son dados en la naturaleza y los que el mismo concibe en aras de la imaginación” (pág. 44)

Es un fenómeno subjetivo donde los satisfactores, como oferta, operan como producto de la capacidad de creación; aunque la demanda, derivada de la necesidad y el deseo, es de carácter universal e inherente a la especie biológica. Así que la valoración se concentra sobre los satisfactores, o sea en los medios con los cuales se colma la necesidad o el deseo, de modo que el valor está asociado al satisfactor y con ello las diferencias en los distintos grupos poblacionales ya sea geográficos, étnicos o socioeconómicos. No se podría entonces, medir el valor en un país de la misma manera como se mide en otro e igualmente, el valor en una generación y una época histórica, sería diferente al de otra. De la misma manera, habría que pensar que, lo que en momento contiene valor, en otro momento ya no lo tiene. Es decir, el valor es histórico.

3.   EL VALOR EN LA ECONOMÍA

El valor toma la forma más sobresaliente en materia económica, debido a que la economía, como proceso social, es el instrumento creado por la ley de la naturaleza, que empujó al instinto, para satisfacer las necesidades de la vida humana. Es decir, es en la economía donde se plasma con más certeza el tema del valor, ya que el papel asignado a la economía, por parte de la ley de la naturaleza, es el de crear y proveer de valores a todos y cada uno de los individuos de la especie humana. La razón de ser de la economía es la de generar y suministrar valores para conservar la especie viva sobre el globo terráqueo.

Segú lo señalan los escritos históricos realizados con base en las obras de Platón, fue en las ciudades Estado y por motivo de la especialización de los individuos en las diferentes labores para la vida en común, lo que ocasionó la necesidad del cambio, con lo cual se introdujo la esencia de la economía, vista como conjunto social, que es el cambio, más allá de la subsistencia individual realizada por el simple instituto natural. El cambio motivó a incluir el pensamiento humano, en la operación de subsistencia que antes era solo instintiva, lo cual impuso una dimensión más amplia a la ley natural llevando el fenómeno al conjunto social y con ello a la necesidad de establecer parámetros de cambio basados en la comparación de los valores o satisfactores que entran en juego en dicha operación. Lo que ocasionó el nacimiento de la economía, como sistema conjunto de la especie, y la introducción del pensamiento en la subsistencia, fue el cambio; y la esencia del cambio, fue la comparación de valores. Por eso el valor, donde más se destaca, es en la economía.

Según se deduce de los escritos de la antigua Grecia, la economía, como base de la formación social, que sobrepasa los alcances de la tribu inicialmente establecida, se funda sobre la división del trabajo y el cambio, por lo cual es ahí donde se introduce el valor como un elemento esencialmente económico, que sobrepasa el instituto y se rodea de factores derivados del pensamiento humano. De tal manera, que, desde entonces, el concepto de valor está ligado a los fenómenos económicos. Por eso es también en ese escenario, donde se complementan las ideas básicas a partir del pensamiento de Aristóteles, quien introdujo los conceptos de valor de uso y valor de cambio.

Varios siglos después en la historia económica, ya en época en que se volvió laico el pensamiento económico posterior a la dominación del pensamiento religioso, el tema del valor económico se reviste de importancia mayor, al entrar en el campo de las reflexiones, el tema de la acumulación de riqueza, cuya explicación ya no era suficiente a partir de los argumentos cristianos de la presencia de Dios. La acumulación de riqueza debería tener una explicación mundana; y su razón de ser debería estar en las realidades económicas.

Superada la idea de que la riqueza se deriva del comercio y el mecanismo se sustenta en comprar a menor precio para vender a un precio superior, el pensamiento económico se concentra en la creación del valor a partir de la producción. Es cuando llega William Petty (1623-1687) a quien le llamaron el fundador de la Economía Política y de quien dice Roll (1993)[vii] que el análisis de los impuestos y su incidencia por parte de Petty, cesa en su trabajo y “conduce a una teoría del valor” (pág. 106), la cual se encuentra, al decir de Roll, “en una breve digresión sobre la renta (de la tierra), que sigue a su teoría del impuesto sobre la misma, en un estudio del precio real y del precio político de las mercancías al final de su Treatise y en algunas observaciones sobre los salarios contenidas en su Political Anatomy of Ireland” (pág. 106). Petty decía que el promedio de los alimentos que un hombre adulto consume en un día y no lo que trabaja en un día, es la medida común del valor y deja sentada las bases de lo que más adelante constituyó la teoría del valor trabajo.


3.1.      Teoría objetiva del valor

Ya en vía de consolidación del modo de producción capitalista, cuya esencia es la producción industrial, con unas relaciones de producción basadas en la propiedad privada del factor capital y la compra de del factor trabajo a cambio de un salario, se destaca la Teoría del Valor-Trabajo, montada sobre las bases de Petty, pero profundizadas, en primer término, por Adams Smith, avanzadas por David Ricardo y complementadas por Carlos Marx, principalmente, o sea quienes hicieron los aportes más relevantes.

Según esta teoría, el valor reposa en el objeto mismo, que, para fines económicos, le denomina mercancía, en razón a su papel en el seno del mercado. Es decir, independientemente de su necesidad o uso, el valor está inmerso en la mercancía misma y depende de la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. En tal sentido, la fuente de valor es el trabajo humano y es a partir de este, que se crea el valor, de modo que el valor del objeto depende de la cantidad de horas de trabajo incorporadas en su proceso de producción.

La Teoría del Valor-Trabajo es el producto más representativo del período clásico en la historia de la economía, que surge en una época donde el conocimiento hacía un esfuerzo por consolidar el método científico apartado del conocimiento ideológico, que durante varios siglos había estado concentrado bajo el amparo de la iglesia católica. El pensamiento laico había comenzado en las ciencias naturales, que luego se traslada a las ciencias sociales y, en el caso de la economía, propugnando por explicar la fuente de la riqueza y los factores que permiten la acumulación. En esa época, se destacan conceptos como el de “valor de uso” y “valor de cambio”; el concepto de trabajo productivo y trabajo improductivo; el de división del trabajo y especialización; el de renta, salario y precio, entre otros. Es relevante el concepto de plusvalía expuesto por Marx, que permite explicar la diferencia entre valor y precio y el proceso de acumulación de capital; el cual, más delante, es utilizado por otros autores como Paul Baran[viii] para desarrollar el concepto de Excedente Económico, muy utilizado para el análisis de la acumulación y el desarrollo capitalista.

En el enfoque marxista, se considera que el precio de una mercancía, está compuesto por el valor, que depende de las horas de trabajo incorporadas al producto, más un plusvalor, que también son horas de trabajo, pero que, según el autor, son trabajo no pagado. De ahí que el marxismo original considera que la descomposición de una mercancía, contiene el capital fijo, compuesto por los elementos físicos y materiales utilizados en la producción y que contienen trabajo acumulado, el capital variable, compuesto por los salarios, y la plusvalía cuya apropiación va directamente al propietario de medios de producción y que se realiza una vez el producto llegue al mercado para su consumo final y el comprador haya pagado el precio por el bien, para aprovechar el valor de uso del mismo. 


3.2.      Teoría subjetiva del valor

Por esa época, la separación entre sujeto y objeto era común en el pensamiento filosófico y, por supuesto, en el lenguaje corriente de la gente. De ahí que se le denominó teoría subjetiva, a la propuesta de que, el valor de un objeto, no estaba incrustado en objeto mismo, sino que dependía de la postura del sujeto y su apreciación frente al objeto, cuya valoración dependía esencialmente, de la cantidad disponible del objeto y de la magnitud de la necesidad, que el sujeto tuviera del mismo. El valor no es una medida absoluta sino relativa, según la capacidad para satisfacer el requerimiento de quien lo necesita.

El caso de la relación entre la necesidad sentida y la disponibilidad del satisfactor, ya había sido advertido desde la antigüedad; pero fue en el siglo XIX cuando este enfoque se formuló como teoría, siendo acuñada por los economistas Carl Menger, William Jevons y León Walras durante la mitad del siglo XIX y que constituye la esencia de la línea de doctrina económica que se le conoce como Escuela Austriaca. La utilidad y la escasez, son en este caso, los términos claves para determinar el valor económico, por lo cual se relieva la importancia de la última unidad disponible; pues si la necesidad ya ha sido satisfecha por otras unidades anteriores, la utilidad de la siguiente unidad es menor, por efecto de la complacencia, hasta que, al llegar a la saturación, la utilidad desaparece. De modo que lo importante es la última unidad que está a la mano. Y en cuanto a la disponibilidad, si hay escasez, la utilidad es mayor; y si hay abundancia, la utilidad es menor. Por ello, este paradigma también se le conoce como la teoría marginalista, porque concentra el análisis del valor en el caso de la unidad que está al margen o sea la última unidad. El análisis del valor en esta teoría es impreciso y totalmente relativo, por lo cual existen otros factores asociados al sujeto, que intervienen en la valoración de objeto, como es el caso de la cultura y demás aspectos ideológicos.

Para fines de la economía, la teoría subjetiva del valor está estrechamente asociada a la teoría del mercado, ya que es en ese escenario donde mayormente se requiere el análisis del valor y, principalmente, la construcción de los precios. En materia de teoría del mercado lo más importante no es el valor sino el precio, el cual permite la manifestación monetaria y con ello la medición requerida para el manejo y control de los procesos económicos. Por eso, el concepto dice que, el precio de un producto, se forma según la igualdad entre el costo marginal y la utilidad marginal, cuyas mediciones son abstractas y escazas de herramientas metodológicas que permitan el uso común de los conceptos. Así que el valor del objeto no está en el objeto mismo, sino que depende de la situación del sujeto que lo va a utilizar.


3.3.      OTROS ENFOQUES DE LA TEORIA DEL VALOR

§  Teoría intrínseca del valor

No se refiere exactamente al valor económico sino al valor filosófico contemplado en la axiología. Este enfoque trata de reconocer lo que el objeto tiene "en sí mismo", o "por sí mismo" o "por derecho propio". Es un concepto que no se refiere a lo físico sino al uso que tiene o su finalidad. Este valor no es físico y por lo tanto no depende de las características fácticas del objeto sino de las propiedades del mismo.

En este enfoque, el valor se crea a través de la actitud de los evaluadores o de juicios que son esencialmente morales y totalmente subjetivos porque dependen del parecer del sujeto, aunque para su determinación se requiere de factores reales que están disponibles en el medio o entorno donde opera. Se asocia a la formación de los precios hedónicos de los objetos y a la valoración intangible de la economía.

§  Teoría monetaria del valor

El economista John Milios (2003) defiende una teoría monetaria del valor, donde

"El dinero es la forma necesaria de aparición del valor (y del capital) en el sentido de que los precios constituyen la única forma de aparición del valor de los productos básicos Según este análisis, cuando el dinero incorpora la producción en su circulación, funciona como el capital que implementa la relación capitalista y la explotación de la fuerza de trabajo constituye el presupuesto real para esta incorporación”. (Wikipedia)

§  Teoría del valor del poder

Los economistas institucionales radicales Jonathan Nitzan y Shimshon Bichler (2009) argumentan que nunca fue posible separar la economía de la política.

“Esta separación es necesaria para permitir que la economía neoclásica base su teoría en el valor de la utilidad y para que los marxistas basen la teoría del valor en el trabajo abstracto cuantificado. En lugar de una teoría del valor de utilidad (como la economía neoclásica) o una teoría del valor de la mano de obra (como se encuentra en la economía marxista), Nitzan y Bichler proponen una teoría del valor del poder. La estructura de los precios tiene poco que ver con la llamada esfera "material" de la producción y el consumo. La cuantificación del poder en los precios no es la consecuencia de leyes externas, ya sean naturales o históricas, sino completamente de mecanismos internos a la sociedad”. (Wikipedia)

4.   EL VALOR EN EL CAMPO ESPIRITUAL

La espiritualidad es un concepto amplio y complejo que va más allá de lo físico y material y hace referencia a los aspectos profundos de la vida en conexión con la mente humana y los factores psicológicos que intervienen en el comportamiento cotidiano del ser humano. 

En este campo se destaca el enfoque de la filosofía, donde tiene relevancia los planteamientos de Aristóteles, quien, a pesar de la antigüedad, ha sido citado por muchos autores y la psicología tiene en cuenta esos fundamentos en el desarrollo de varios de sus postulados. Citando la fuente de actualidad en la IA, se toma la referencia de este personaje para examinar de manera suscinta las apreciaciones sobre el valor en el campo espiritual.

Parafraseando la fuente, se encuentra que el concepto de valor está intrínsecamente ligado a la idea de felicidad (eudaimonia) y virtud (areté). Para Aristóteles, el valor de algo reside en su capacidad para contribuir al logro de la felicidad, que considera el fin último de la vida humana, es decir, va más allá de las necesidades y deseo y entra en al caso de los estados emocionales, agregando que las virtudes, tanto éticas (relacionadas con la conducta) como dianoéticas (relacionadas con el intelecto), son los caminos para alcanzar esa felicidad.

Aristóteles considera algunos puntos clave cuando hace referencia al valor como vemos en los siguientes:

Felicidad como fin último: Aristóteles concebía la felicidad no como un estado pasajero, sino como una actividad continua y virtuosa a lo largo de la vida.

Virtud como camino: La virtud, tanto ética como intelectual, es esencial para la felicidad. La virtud ética implica el dominio de las pasiones y la búsqueda del punto medio entre los extremos (por ejemplo, la valentía entre la temeridad y la cobardía).

Importancia de la prudencia: La prudencia (phronesis) es una virtud dianoética clave que permite a la razón guiar la acción virtuosa. Es la capacidad de discernir el curso de acción correcto en cada situación.

Valor de las acciones: Las acciones humanas, para Aristóteles, tienen valor en la medida en que contribuyen a la felicidad. Las acciones virtuosas son valiosas porque nos acercan a ese fin.

Valor de las cosas: Las cosas tienen valor en la medida en que nos ayudan a vivir una vida virtuosa y, por lo tanto, feliz. Esto puede incluir bienes materiales, relaciones sociales, y conocimientos.

Valor intrínseco: Aristóteles también consideraba que algunas cosas tenían un valor intrínseco, como la amistad y la contemplación, que son valiosas en sí mismas y no solo por sus consecuencias.

Según este filósofo, el valor asociado a la felicidad, tendría una medida en términos de las sensaciones y los estados emocionales, siendo por ello un elemento psicológico ligado a la condición mental. Es decir, el valor sería un elemento subjetivo pero involuntario; pues estaría localizado en la mente humana, pero se escapa de la razón y el pensamiento voluntario del sujeto. Serían otros factores, probablemente derivados del entorno, los que determinarían la medida del valor.

5.   OBJETIVIZACIÓN DEL VALOR PÚBLICO

5.1.      El concepto de valor público

La situación descrita en el punto 1 de este artículo, referente a las imprecisiones del concepto de valor público y los vacíos que deja el enfoque tradicional basado en la propuesta de Moore (1995) y analizado por Cifuentes y Duarte, donde falta claridad sobre la ubicación en la microgestión o la macrogestión, confusión entre el procesos de construcción y el resultado del mismo que se traduce en impactos; poca claridad en si se refiere a los servidores públicos o los medios con los cuales se realiza el servicio; o si se trata de los escenarios de la relación Estado-sociedad, nos evoca los planteamientos de José Juan Sánchez (2001)[ix] cuando en el capítulo VII trata los “nudos históricos de la administración pública”, donde dice que:

“En este doble proceso de conformación -estudio del objeto (materia) y objeto de estudio (disciplina)- en el que la Administración Pública se ha desarrollado históricamente, existen por lo menos seis "nudos históricos" -el epistemológico, el científico, el interdisciplinario, el jurídico, el político y el administrativo- que al mismo tiempo que la nutren y la revitalizan con aportaciones a su campo de estudio, le han impedido constituirse como una ciencia plena, autónoma e independiente. La Administración Pública en su

desarrollo teórico y conceptual se encuentra enredada con estos nudos. En la medida que los "nudos históricos" puedan ser destrabados y superados con investigaciones creativas e innovadoras, nuestra disciplina de estudio podrá consolidarse como ciencia en el nuevo milenio.” (pág. 253)

En este artículo, se destaca que el concepto de valor público se inspira en el sector privado y se asemeja a los procesos empresariales de este sector; y no precisamente, en los bienes públicos, que es lo que se trata de examinar. Sánchez en su obra destaca que los nudos críticos se presentan en los dos campos identificados donde está, por un lado, el objeto de estudio y por el otro, el estudio del objeto. Sánchez considera que los nudos: epistemológico, científico e interdisciplinario, hacen parte del estudio del objeto; y que los nudos: jurídico, político y administrativo, hacen parte del objeto de estudio (pág. 255). Y en las partes finales de su obra, Sánchez señala que:

“La Administración Pública requiere de un nuevo paradigma que recupere la verdadera naturaleza y dimensión teórica de la disciplina. Los falsos paradigmas no pueden continuar prevaleciendo en el campo de estudio; ya fueron causantes del retraso en la construcción de una teoría central de la administración pública y en la búsqueda de su carácter científico”. (pág. 288)

Acogiendo la recomendación de Sánchez, Cerón (2025)[x] presenta una propuesta donde plantea resolver los nudos, principalmente el epistemológico, haciendo un cambio en el objeto de estudio y reubicando el papel del Estado en el proceso. Para Cerón, el objeto de estudio de esa ciencia debe ser “los bienes públicos” y el Estado debe ser un “sujeto de conocimiento”. Los bienes en el objeto, retomando el concepto de “bien” de la teoría del mercado, que agrupa los tangibles (bienes) y los intangibles (servicios), sobre la base del traslado de lo público, desde el Estado hasta el mercado, como producto del capitalismo neoliberal.

La inquietud sobre si es arte o es ciencia, que estuvo en el debate de aquella época por motivo de la confrontación entre el saber y el hacer, que en administración pública es muy importante porque en esta ciencia, no es suficiente con el conocer, sino que se requiere la intervención sobre la realidad conocida, debido a la importancia para la humanidad de los problemas y necesidades públicas, se resuelve, la inquietud, con la asignación al Estado, del papel de sujeto, con la mayor responsabilidad para intervenir, o sea de aplicar el hacer, sobre la realidad de los bienes públicos; donde, además del Estado, también son sujetos las empresas privadas y las sociedades civiles, quienes también pueden intervenir es el manejo de los bienes públicos. En este enfoque, la preocupación que se presenta en la dualidad del conocer y el hacer, es porque el hacer o realizar, está a cargo del gobierno; y este, está amarrado el régimen político, que pone las condiciones para la intervención sobre los bienes públicos.

En este caso, donde el objeto de conocimiento y de acción son los bienes públicos, el valor público se refiere a este objeto. Es decidir, el valor público está en los bienes públicos y no en el Estado; ni en los servidores públicos, ni en los escenarios que permiten la relación Estado-sociedad. Igualmente, cuando se trata de procesos de producción privada o civil de bienes públicos, el valor público está en los objetos y no en los sujetos productores o prestadores de los servicios, que en este caso serían personas del mundo particular. Para el autor, los bienes públicos con los objetos tangibles o intangibles que transportan en su interior satisfactores de las necesidades humanas creadas por la ley de la naturaleza.

Retomando esta apreciación, es decir que el objeto de estudio e intervención son los bienes públicos así definidos, el valor público se refiere a estos bienes, donde la magnitud del valor está asociada a la capacidad de satisfacer la necesidad humana. Hay mayor valor público donde se presenta mayor grado de satisfacción de la necesidad humana. En este caso solo hay una alternativa concreta y precisa, sobre el lugar donde se ubica el valor público; resolviendo así, el interrogante: si está en el proceso, o está en el producto. Aquí el valor público está en el producto con el cual se genera el impacto, que se mide por la satisfacción de la necesidad humana.

Con ello queda claro qué el valor público, se refiere a la cantidad y cualidad de los bienes públicos producidos mediante los procesos operativos de las organizaciones, ya sean estatales, privadas o civiles. No solamente los organismos del Estado producen valor público, sino también las empresas privadas y las organizaciones civiles, siempre que, cualquiera de ellas, entregue al mercado bienes públicos. Al mercado, porque los bienes públicos están ubicados en el escenario del mercado desde que se estableció el capitalismo neoliberal. Inclusive, los que ofrece directamente el Estado, lo hace mediante subsidios a la demanda, es decir los estratos de ingresos más bajos que no disponen de recursos para adquirir los bienes públicos, reciben el apoyo del Estado, que les adjudica un subsidio, con el cual el beneficiario adquiere el bien en el mercado, utilizando el subsidio como parte del pago.

En el caso de esta propuesta, que contiene un cambio de paradigma, la disciplina de conocimiento se denomina Ciencia de Administración de lo Público; y la disciplina tradicional, que desde hace dos siglos se dedica a estudiar el Estado en su interior, se denomina Ciencia de la Administración del Estado, que tendría parentesco cercano con la “Administración Científica” creada para las empresas privadas a comienzos del siglo XX y en general, con la teoría de las organizaciones donde se destacan varios autores.

Hablar sobre la obligación de crear valor público significa generar productos y servicios en cantidad y calidad apropiada a las necesidades y problemas de la comunidad. Los bienes públicos son los de interés general que competen a todos los individuos de la especie, de modo que el valor público está asociado a estos bienes y no a los actores ni a los medios que intervienen en su producción; por lo tanto, el mérito del valor público está inmerso en los satisfactores intrínsecos a los bienes, es decir en el objeto, independientemente de los atributos y cualidades del sujeto. Por supuesto, la cantidad y calidad de valor intrínseco a los bienes públicos, depende de las especificidades y condiciones con que se realice el proceso de producción, el cual conlleva talento humano y recursos físico, materiales y tecnológicos de cuya combinación depende la magnitud y calidad del producto o sea del valor público incorporado.

Los organismos y empresas cuentan con el sistema operativo, diseñado con base en procesos, dentro del cual se ejecuta la cadena de valor integrada por insumos, actividades, resultado y productos; cuya aplicación en la población objetivo (target), genera un impacto que significa satisfacción de necesidades y solución de problemas públicos. Es decir, problemas que son sociales, pero que también son públicos, porque también hay problemas sociales de gran magnitud, pero que son de carácter privado.

En síntesis, el valor público es la magnitud de la capacidad de los bienes públicos disponibles, para satisfacer necesidades humanas y solucionar problemas comunes a toda la población. Los bienes públicos son los productos y servicios que transportan en su interior satisfactores de necesidades humanas creadas por la ley de la naturaleza.

5.2. La medición del valor público

El componente cuantitativo es muy importante y necesario en el método de conocimiento, por lo cual la medición del valor público se convierte en asunto de especial significado. Pero, como lo han señalado varios autores en diferentes escritos, el desarrollo de las matemáticas como herramienta para abordar el tema, todavía se encuentra en niveles incipientes.

Hay que reconocer la necesidad de realizar investigaciones más detalladas, que permitan fortalecer la aritmética necesaria para acompañar el componente conceptual y facilitar el conocimiento debidamente cuantificado, de modo que se permitan las comparaciones y la valoración adecuada para sacar conclusiones y establecer la veracidad sobre la realidad del valor público. Pero, por ahora, es conveniente iniciar el intento de adoptar un enfoque de medición, que debe ir avanzando con el tiempo, hasta lograr la construcción de las herramientas apropiadas al propósito.

No es fácil adoptar una métrica para el valor público, que en términos absolutos precise la unidad de medida, como existe en la física para los cuerpos y fenómenos. No se ha establecido la unidad que permita calcular la magnitud del valor público. Pero recurriendo a la teoría económica, que utiliza la medición con fines de cambio y para ello ha establecido la unidad monetaria, con la cual se sacan las equivalencias para la diversidad de bienes, se puede utilizar también la unidad monetaria para precisar la magnitud del valor; ello permitiría, además, realizar comparaciones para tomar decisiones en la fase del hacer o la intervención sobre los bienes públicos. Quiere decir que, para efecto de introducir la medición del valor público, los términos monetarios presentan conveniencias importantes.

Si se coloca la medición del valor público en términos económicos, quiere decir que el asunto debe ubicarse en el seno del mercado, en razón a que este es el mecanismo con el cual funciona el sistema económico y lugar donde, de paso, se encuentran ubicados los bienes públicos, por designio del modelo neoliberal que hoy impera en el mundo occidental en el marco del globalismo. Aquí, en la teoría económica, se encuentra definido el concepto de los bienes públicos, los cuales están caracterizados por dos propiedades fundamentales de las cuales dice Azqueta (1994)[xi]

No exclusión: lo que quiere decir que cuando el bien en cuestión se ofrece a una persona, se ofrece a todas. En otras palabras, no puede excluirse a nadie de su disfrute, aunque no pague por ello: lo que indica que el coste marginal de ofrecérselo a una persona adicional es cero. Los bienes públicos no pueden ser relacionados, por tanto, a través del sistema de precios.

No rivalidad en el consumo: cuando alguien consume el bien, lo disfruta o lo sufre, no reduce el consumo potencial de los demás. En otras palabras, el hecho de consumir el bien no reduce su disponibilidad” (pág. 5)

De acuerdo al enfoque planteado en este artículo, igualmente, el valor público se refiere a este tipo de bienes o sea a los que cumplen las dos propiedades anotadas; y la valoración, igualmente, se refiere a la medición de la magnitud de ellos, que, como se acaba de anotar, se realiza con la unidad monetaria como factor de medida. El caso, por lo tanto, se enmarca dentro de la dicotomía valor-precio, en tanto los bienes públicos tienen valor, pero muchos de ellos, los que no están privatizados, no tienen precio. Pero la unidad monetaria siempre se refiere a la teoría de los precios, que es más común en la teoría subjetiva del valor económico. Es decir, es necesario establecer las equivalencias en términos de precios para efecto de precisar la magnitud del valor; lo que facilita la comparación con los bienes privados los cuales tienen precio, porque circulan en el mercado tradicional.

En la teoría económica ortodoxa, la que gira en torno a la teoría de los precios y por ende en los conceptos asociados al mercado, el tema se trata dentro de la llamada “economía del bienestar”, donde, este, se asimila a la utilidad que el bien ofrece y que se mide con el consumo. Esta teoría no se puede tomar al pie de la letra, porque ella fue creada pensando en los bienes privados, los que históricamente, han circulado en el mercado. Los bienes públicos entran al mercado, pero ya después de 1980, cuando se instauró el modelo neoliberal. No obstante, considerando la carencia de un paradigma propio sobre medición de los bienes públicos, la analogía es un inicio que puede ir abriendo caminos hacia la construcción del método más adecuado.  

Dadas estas consideraciones, la analogía entre bienes públicos y bienes ambientales es procedente, ya que estos últimos son públicos y pueden asimilarse a los bienes públicos que no están dentro de lo ambientales. Esto, como se anotó, mientras se construye un método propio de valoración de los bienes públicos.

Recurriendo a las alternativas disponibles en la literatura existente y en los usos institucionales de la técnica, se encuentra bajo el título de “economía ambiental”, un recurso metodológico, que bien puede extenderse y generalizarse para el valor público, en razón del carácter público que tienen los fenómenos ambientales, comenzando por los recursos naturales que, por su misma esencia, son públicos, aunque algunos se hayan privatizado. La génesis de lo público se ubica en la ley de la naturaleza y por fundamento, los bienes de origen natural contienen satisfactores de necesidades creadas por la misma naturaleza, lo que constituye la definición de lo público (Cerón 2023). Las tres alternativas que se contemplan en esta reflexión, son los métodos: de los costos inducidos o evitados, de los precios hedónicos y de la valoración contingente. 

a)    El método de los costos evitados o costos inducidos

Para la comprensión de este método, dice Azqueta (1994) que, para el efecto, “se hace necesario, en primer lugar, conocer cómo afecta el cambio en la calidad del bien público, al rendimiento de los demás factores en la producción del bien privado” (pág. 76) ya que los bienes públicos no tienen mercado, si no están privatizados; pero “el hecho de carecer de mercado no impide que los bienes ambientales estén relacionados con bienes que sí lo tienen” (pág.75), lo cual se puede similar para todos los bienes públicos. Es decir, el método se basa en considerar las equivalencias de un bien que no tiene mercado, respecto a otro bien que, si lo tiene, como es el caso de los bienes privados. Los bienes privados y públicos, no se refieren a la propiedad del mismo, sino a su carácter, derivado del origen de la necesidad a la que le apunta el satisfactor que contine.

La valoración comparativa se refiere a: considerar el beneficio que genera el bien público, medido en términos relativos, respecto a otro bien privado, cuya valoración se realiza utilizando el precio. Es decir, calcular el beneficio en cifras monetarias, utilizando los precios de otro bien equivalente. El argumento se basa en que, siempre, la creación de un bien público, ocasiona aumento de ingresos a otro bien privado; o, alternativamente, ocasiona disminución de costos a otro bien privado; o ambas cosas a privados diferentes.

El procedimiento consiste en medir el aumento de ingresos o disminución de costo en el bien ya conocido, el que sí tiene mercado, como consecuencia de haber generado el bien público, para efecto de atribuir dicha variación, al surgimiento del bien público. Es decir, si no se hubiera creado el bien público, no se hubiera producido el cambio de ingreso o costo, en el otro bien. Es una medición indirecta equivalente, pero con lazos en la relación causa-efecto, derivados de que es por causa del bien público, que se produce la alteración de los ingresos o costos del bien privado. Es medir los beneficios del bien público, en términos de los efectos ocurridos en el bien privado.

Por supuesto que, como este es un método para medir la calidad ambiental, no es posible aplicarlo de manera exacta en la medición del valor público; pero es un método sustentado en la teoría económica que puede ser adaptado en el caso que nos atañe. La base filosófica de la medición es procedente; y más aún, cuando se trata de bienes ambientales que, como se dijo, son bienes públicos. Se trata de realizar los ajustes y validaciones pertinentes, para adoptar una metodología de medición del valor público, basada en el método de los costos evitados o costos inducidos.

b)   El método de los precios hedónicos

Otro de los métodos presentados por Azqueta (1994) se refiere los precios hedónicos, los cuales se ajustan más claramente, al tema del valor espiritual, tratado en punto 4 de este artículo; y que, en el campo económico, se refiere a la descomposición de un bien en los atributos que lo conforman, para examinar el valor de cada uno de ellos, de modo que todos en conjunto contribuyen a la fijación del precio del bien.

Es un análisis que parte de la idea de que los bienes y servicios contienen un conjunto de atributos que satisfacen necesidades de los consumidores, y por lo tanto cada atributo tiene un precio, de modo que, al sumarlos, determinan el precio total del bien. En lugar de analizar el precio de un bien en su totalidad, se descompone para identificar el valor de cada uno de sus atributos. Esa sumatoria de precios de los atributos constituye el precio hedónico.

El precio hedónico no es igual al precio de mercado, porque los factores determinantes del mismo son diferentes: en el mercado opera el sistema de precios mientras que en el precio hedónico operan factores subjetivos. Dice Azqueta (1994), refiriéndose al valor de uso de la escuela clásica, que “muchos bienes no tienen un único valor de uso, no satisfacen una única necesidad humana, sino que son bienes multiatributo: satisfacen varias necesidades al mismo tiempo” (pág. 131). Continua el autor señalando que:

“los llamados precios hedónicos intentan, precisamente, descubrir todos los atributos del bien que explican su precio, y discriminar la importancia cuantitativa de cada uno de ellos. Atribuir, en otras palabras, a cada característica del bien, su precio implícito: la disposición marginal a pagar de la persona por una unidad adicional de la misma” (pág. 132)

Este método, como es evidente, tiene su grado de complejidad y las metodologías para su aplicación son diversas, además que requieren de cierto ingenio en su aplicación, en razón a las particularidades de cada caso. La dificultad está en la valoración en términos monetarios de cada uno de los atributos incorporados al bien y reconocidos por el usuario, en este caso, del bien público. Es de suponer que los bienes públicos cuentan con atributos diversos, múltiples valores de uso, de modo que se trataría de estimar el valor en cada uno de ellos; y, además, expresar dicho valor en términos monetarios o sea en términos de precio. Según el autor, este sería un análisis marginal, lo que implica tener en cuenta la disponibilidad del bien y el grado de satisfacción del usuario ya recibido en las unidades anteriores. Por lo tanto, entra en juego la teoría de la utilidad marginal, por una parte y la oferta marginal por la otra.

La aplicación de este método significa realizar un estudio particular en cada caso y con base en la población objetivo del bien público; porque cada población tiene sus propios criterios para valorar cuantitativamente cada atributo del bien y convertir esta magnitud en cifras monetarias. Se requiere disponer de referentes que suministren cifras monetarias, para hacer las comparaciones y sacar las equivalencias a partir de las apreciaciones de los propios beneficiarios del bien público.

Lógicamente, no es un método creado para medir el valor público, sino que es un método que tienen un trasfondo utilizable, por lo cual requiere realizar los ajustes y adaptaciones pertinentes, pero, como ya se anotó, es una alternativa útil mientras existe la aritmética propia de medición del valor público.

c)    El método de la valoración contingente

Este es un método directo de valoración ambiental que, como se ha dicho, puede aplicarse en lo fundamental, para calcular el valor público, en razón a la similitud de los bienes ambientales con los bienes públicos.

Dice Azqueta (1994) que:

“los métodos englobados bajo la denominación de valoración contingente, intentan, como decimos, averiguar la valoración que otorgan las personas a los cambios en el bienestar que les produce la modificación en las condiciones de la oferta de un bien ambiental, a través de la pregunta directa. El hecho de que la valoración finalmente obtenida dependa de la opinión expresada por la persona, a partir de la información recibida, es lo que explica el nombre que se le da a estos métodos” (pág. 158).

Sobre el procedimiento que conlleva la metodología, dice el autor que:

“El mecanismo más simple para averiguar cómo valora la persona el cambio en el bienestar que se necesita conocer es, sencillamente, preguntándoselo. De ahí que el vehículo normal en todos estos métodos sean las encuestas, las entrevistas, los cuestionarios, etc.” (pág. 159)

En este método, igualmente, también es necesario disponer de un referente para hacer la comparación y poder hacer la conversión de valor a precio. Si bien es cierto, es el mismo beneficiario quien determina el monto de la valoración, este necesita contar con una cifra con la cual compara el monto sobre el que se le está indagando. En todos los casos y como en los anteriores, este es un esquema que puede ser útil para construir un método apropiado a la medición del valor público lo cual implica tratar cada caso concreto con los instrumentos metodológicos adecuados.

En resumen, con base en los métodos de valoración que presenta la teoría de la economía ambiental, se puede asimilar una forma de medir el valor público considerando la similitud de los bienes públicos con los bienes ambientales, que son esencialmente públicos. La primera consideración es que el valor público, se ubica en el objeto de conocimiento y no en el sujeto, en este caso, en los bienes públicos; cuya medición se puede realizar de tres maneras:

§  Cuantificando en términos monetarios o de precios, la magnitud del beneficio que genera el bien público, la cual se manifiesta mediante el aumento de ingresos o disminución de costos en la producción de otro bien de carácter privado; o sea, en uno que sí tiene mercado. (costos inducidos o sustituidos)

§  Descomponiendo el bien público en sus atributos parciales que lo integran y aplicando la valoración subjetiva, en comparación con otros bienes cuyos precios son conocidos y que son representativos de los satisfactores que genera el bien público. (precios hedónicos)

§  Consultando a la población objetivo sobre su disposición a pagar por el bien público en términos monetarios, considerando alternativas de satisfactores que ya tengan precios en el mercado. (valoración contingente)

6.   ALCANCES DEL VALOR PÚBLICO

Partiendo de la base de que el valor público está ubicado en el objeto y concretamente en los bienes públicos, el uso de este concepto puede ser diverso en el campo de la gestión pública. Aquí se contemplan como ejemplo, dos casos donde, utilizando los métodos de valoración ya señalados, se realiza la aplicación del valor público. Uno es en la evaluación exante socioeconómica de proyectos y la otra en el sistema de valorización como mecanismo para financiar obras de infraestructura pública.


6.1.            La Evaluación socioeconómica de proyectos

En la evaluación exante se busca identificar el resultado esperado con la ejecución del proyecto, medido este en términos de la diferencia entre los egresos o costos del proyecto y los ingresos generados por el mismo. Comúnmente, para el efecto se utilizan indicadores de carácter financiero con los cuales se comparan los ingresos con los egresos para conocer el saldo, el cual, para que el proyecto sea viable, debe ser positivo o favorable.

§  Tres (3) indicadores son comunes con este fin:

-          Valor presente neto

-          Tasa interna de retorno

-          Relación costo beneficio

§  En los tres indicadores es necesario introducir dos (2) variables: ingreso y egresos

§  En los tres indicadores es necesario elaborar la proyección de ingresos y egresos con el horizonte de la vida útil del proyecto, o hasta un tiempo determinado, a discreción del proyectista, para lo cual se actualizan las cifras al precio equivalente de un mismo año con el fin de homogeneizar la unidad monetaria

§  Los ingresos se estiman considerando las ventas según cantidades y precios proyectadas para cada año.

§  Los ingresos o entradas, se calculan multiplicando la cantidad vendida por el precio unitario.

§  La evaluación exante del proyecto, que se basa en la teoría del bienestar, considera el consumo como un sinónimo de bienestar y de ahí se desprende el beneficio económico o social del proyecto para fines de establecer la viabilidad del mismo.

§  La metodología fue diseñada para proyectos privados, cuya decisión de realización depende de la voluntad de los inversionistas, que a la vez está condicionada a las expectativas sobre resultados financieros.

El método de evaluación se trasladó a los proyectos públicos, la mayoría de carácter social, aunque también se encuentran los ambientales y los institucionales. Pero en cualquier carácter, estos proyectos no están concebidos para realizar ventas en el mercado sino para producir beneficios a la comunidad.

Los proyectos públicos también deben ser evaluados exante, con fines de racionalidad fiscal, pero no se dispone de técnicas de evaluación diferentes a las que existen para los proyectos privados, de modo que es necesario reemplazar la variable de ingresos (ventas) con la variable de beneficios, derivada del volumen de satisfactores que genera el proyecto y que se orienta a la satisfacción de necesidades humanas o a irrigar la inversión dentro del conjunto total de la economía.

Se supone que el proyecto público produce valor público; y que este, encierra un conjunto de satisfactores de necesidades humanas existentes en la comunidad, donde llegan los productos tangibles o intangibles del proyecto público.

La medición del valor público generado por el proyecto se refiere al beneficio producido que no se mide a través de precios del mercado sino con el bienestar producido. Entonces, los métodos de valoración del beneficio señalado en el punto 5 se constituyen en las fuentes para estimar los ingresos o entradas de proyecto y con ello aplicar las fórmulas de los indicadores anotados. Es decir, el valor público reemplaza a los precios de los productos y la aplicación de las fórmulas de cálculo es similar a la evaluación privada. El resultado sería:

§  Valor Presente Neto (VPN) utilizando en la variable de ingreso, los beneficios del valor público cuantificado.

§   Tasa Interna de Retorno (TIR) utilizando en la variable de ingreso, los beneficios del valor público cuantificado.

§  Relación Costo/Beneficio (C/B) utilizando en la variable de beneficio, los beneficios del valor público cuantificado


6.2.            El sistema de valorización

El sistema de valorización surge en época del Estado Interventor-Benefactor, cuando los bienes públicos eran monopolio exclusivo del Estado y entre estos, las obras públicas, por lo cual la única fuente de financiación era el presupuesto público. Pero, ante necesidades existentes y las limitaciones financieras del Estado para crear las soluciones esperadas, se abre la posibilidad de canalizar recursos privados para financiar las obras mediante lo que se le ha denominado el sistema de valorización, que conlleva una imprecisión en cuanto al carácter del aporte privado ya que, se le denominado “impuesto”, pero no cumple rigurosamente las condiciones para ser una tasa tributaria. Así que también se le ha denominado “contribución”.

Al legar el Estado neoliberal donde todos los bienes públicos, excepto los bienes de mérito, son privatizables, la justificación del sistema de valorización pierde su esencia, porque su origen tenía un carácter excepcional y ahora la intervención de los recursos privados en proyectos públicos, no es excepción sino es común. No obstante, como alternativa de financiamiento sigue siendo válida y por ello sigue vigente entre las opciones de financiamiento de proyectos públicos, principalmente de infraestructura.

Para efecto de analizar el caso es necesario tener en cuenta que el gravamen tributario requiere de: i) un hecho generador, ii) un sujeto activo, iii) un sujeto pasivo, iv) una base gravable y v) una tarifa. Los impuestos se fijan de forma abierta, para todas las personas en general, siempre que incurran en el hecho generador. Los impuestos son parte de los ingresos corrientes del Estado que entran al fisco y con ello se financia el gasto a través de asignaciones presupuestales que realiza órgano competente.

En el caso de la valorización, no es un gravamen abierto para todas las personas sino, únicamente, las beneficiadas con las obras respectiva y la asignación no es con base en los criterios presupuestales sino con destino específico del financiamiento de la obra. En el impuesto, se grava a la persona por realizar el hecho generador; mientras que, en este caso, el motivo del gravamen no es la persona sino el predio o bien inmueble. No obstante, el sujeto pasivo del tributo es el propietario del predio, aunque él no haya sido el causante del hecho generador. Por todas estas circunstancias, la norma finalmente le denomina contribución.

Los otros aspectos a considerar son: la tasa y la base gravable. En los impuestos la tasa es generalmente una fracción porcentual de la base gravable, pero acá está asociada al costo de la obra que financia, la cual determina la cuantía. Un monto que se reparte entre todos los beneficiarios de la obra, propietarios de los predios que supuestamente reciben el beneficio de la misma. Comúnmente se utiliza las medidas del predio como área, medida del frente e igualmente, la distancia del predio a la obra. Pero aquí es donde se presentan algunos interrogantes que en la realidad institucional aún no está resueltos con plena satisfacción de quien paga.

Existen interrogantes sobre el método para definir la zona de influencia de la obra, influencia directa e influencia refleja. Interrogantes sobre la combinación de las variables utilizadas para calcular el valor de la contribución a cada predio. Interrogantes sobre el método para hallar los equivalentes entre el costo de la obra y el beneficio que recibe el predio y con ello para realizar la evaluación exante del proyecto.

Se recurre a la norma jurídica que marca las pautas y criterios para aplicar los cobros, pero no están claros los criterios para definir tarifas, salvo el costo total de la obra que, por lo general, se incrementa en un 30 % para definir la cuantía total del gravamen.

Aquí es donde está la opción del valor público. Si se mide el valor público que ocasiona la obra, el primer lugar, es posible realizar la evaluación socioeconómica exante del proyecto para establecer su viabilidad; y, en segundo lugar, se adoptan criterios y métodos de asignación de la contribución a cada predio con argumentos técnicos que acercan a la justeza del cobro.

Los métodos para realizar la medición del valor público son los señalados en el punto 5 de este artículo. Por supuesto, como en todos los casos, la metodología requiere un análisis pertinente, que permita diseñar las técnicas y procedimientos que más se adapten a las necesidades del ejercicio.


REFERENCIAS:



[1] Nueva Gestión Pública y Pos Nueva Gestión Pública



[i] Revista Pakamuros, Volumen 9, Número 1, enero-marzo, 2021, páginas 21-30

[ii] Petri Virtanen & Harri Jalonen. Mecanismos de creación de valor público en el contexto de la lógica del servicio público: un marco conceptual integrado. https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2268111 Cross Mark.

[iii] Calderón Sánchez, Dulfary. Las políticas públicas: una construcción del valor público en la gobernabilidad. https://bibliotecadigital.oducal.com/

[iv] Torres, Jorge Isaac. Reflexiones sobre la importancia del valor público. www.Gestiopolis.com

[v] Cifuentes, Wilson y Duarte, Cripiniano. 2023. Creación de valor público desde la perspectiva de los stakeholders. Una revisión semisistemática de literatura. Revista Administración y Desarrollo Vol. 53 # 1. ESAP, Bogotá.

[vi] Bueno, Miguel. Origen y Evolución del Valor. Revista Diánoia. Vol. 24 No. 24, 1978.

[vii] Roll, Eric. 1993. Historia de las doctrinas económicas. Fondo de Cultura Económica. Bogotá.

[viii] Baran, Paul. 1975. La Economía Política del Crecimiento. Fondo de Cultura Económica. México.

[ix] Sánchez, José Juan. 2002. La Administración Pública como ciencia. Su objeto y su estudio. Plaza y Valdez S.A. México

[x] Cerón Hurtado, Miguel. 2025. La Ciencia del Estado Hueco. Cuellar Editores, Bogotá.

[xi] Azqueta Oyarzun, Diego. 1994. Valoración Económica de la calidad ambiental. McGraw Hill. Madrid