OTRA VEZ LAS MARCHAS

En relación con la protesta de las comunidades que cada cierto tiempo se presentan en cualquier lugar del país, siempre se han repetido los mismos comentarios: que muy poco sirven para lograr propósitos pues la única protesta válida son las elecciones de modo que, para qué manifestaciones de protesta si vuelven luego a elegir a los mismos; que el gobierno no tiene capacidad de dar soluciones y se limita a firmar acuerdos para levantar la protesta pero no para extirpar las causas del fenómeno; que la oligarquía colombiana es inepta y nunca puede solucionar ningún tipo de problemas; que los acuerdos siempre serán incumplidos porque en la institucionalidad colombiana y el andamiaje jurídico no contempla este tipo de procedimientos para la toma de decisiones.

En este último caso hay que ser reiterativo. Los acuerdos siempre serán incumplidos porque su ejecución toca normas y procedimientos que están establecidos en el marco de la ley y su modificación no se puede realizar simplemente porque un ministro firmó conjuntamente con dirigentes de una protesta, unos compromisos sobre acciones que no están soportadas en el marco de la ley. Si es el caso de modificaciones de políticas, las dificultades surgen si el compromiso es contrario a las imposiciones que los organismos multilaterales como el FMI o la OMC hacen sobre Colombia; y si el compromiso firmado implica realizar gasto público que casi siempre ocurre, los procedimientos del gasto están debidamente reglamentados y si los recursos comprometidos no se someten a la regla, no es posible ejecutarlos.

La firma de un documento de compromisos para levantar protestas, no está contemplada en el Decreto 111 de 1996 conocido como el Estatuto Orgánico del Presupuesto, paquete normativo que regula los procedimientos para ejecutar partidas de gasto; además de la vigencia de otras normas sobre partidas para inversión como son las normas de planificación y proyectos. Así que los acuerdos para levantar marchas, por muy importante que sea el funcionario que firme, no son suficientes para comprometer al gobierno en la atención de necesidades estructurales de las comunidades.

No se sabe si hay ingenuidad o desconocimiento de parte de los dirigentes de las marchas cuando firman y levantan la protesta, o hay mala fe o ignorancia de parte de los funcionarios que atienden las negociaciones, este último muy común dado el alto nivel de ineptitud que casi siempre presentan los funcionarios directivos del orden nacional, sobre todo en estos gobiernos de Santos, donde los nombramientos en Bogotá no se sabe con qué criterios se realizan; pero en todo caso lo que sí es ampliamente conocido por la opinión pública, es que cuando se firma un acuerdo ante la protesta, se suspenderá la acción de masas pero transitoriamente; y que pasado algún tiempo, ante la situación de fondo que siempre seguirá igual, se presentarán otra vez las marchas. 

LOS FACTORES DE FRACASO DEL POSACUERDO

Sin ánimo de aguar la fiesta, de ser ave de mal agüero o de inculcar el pesimismo en la opinión, pero siguiendo la corriente de muchos que ven dificultades reales en la ejecución de los acuerdos que el gobierno suscribirá con la guerrilla, es procedente considera un fenómeno del que casi no se ha hablado; se ha dicho mucho sobre el temor de que la guerrilla no cumpla los acuerdos y en la mesa de negociación se están introduciendo mecanismos para asegurar la no repetición, pero poco se ha dicho acerca del cumplimiento de los mismos por parte del otro bando o sea las élites bogotanas del poder.

Dicen los informes que en las negociaciones se han analizado las experiencias en otros países para evitar cometer los mismos errores en la fase de implementación de los compromisos y citan casos como Ruanda, Guatemala, Nicaragua, entre otros, de los cuales deducen acciones que se deben realizar en Colombia para asegurar el éxito del proceso. Un documento elaborado por las Naciones Unidas en septiembre de 2014 con participación de PNUD, UNODC, OIM, FAO y PNUMA, toda la plana mayor del sistema de Naciones Unidas, destaca la importancia de dos aspectos relevantes para el proceso, el componente ambiental y el ordenamiento territorial, señalando acciones que se debe realizar mediante el ordenamiento territorial ambiental, para crear condiciones favorables a los procesos económicos y sociales que deben hacer parte de la implementación de los acuerdos.

El interrogante que surge en consecuencia es obligado: están dispuestas las élites de poder en Bogotá a propiciar o al menos facilitar los procesos que identifica la ONU como necesarios para el éxito de los acuerdos?. Están dispuestas a soltar algo de poder para empoderar las comunidades locales?

Los acontecimientos de los últimos años y sobre todo los del presente años, muestran que el mismo gobierno nacional va en contravía de las negociaciones de la Habana. Según la ONU, para que los acuerdos tengan éxito se requiere fortalecer la autonomía municipal, como manda la Constitución, y propiciar la descentralización política empoderando las comunidades locales, para diseñar y construir sus propios procesos de convivencia social sobre la base de la sostenibilidad económica y ambiental; pero lo que hoy vemos es que el centralismo bogotano cada vez se vuelve más asfixiante en contra de los municipios y cada día les recorta más autonomía a las entidades territoriales. La ONU considera que el ordenamiento territorial ambiental basado en los servicios ecosistémicos y la armonía de los asentamiento humanos con las condiciones del suelo es fundamental y que esto solo se puede lograr con el fortalecimiento de las instituciones locales; pero el gobierno nacional y principalmente el DNP, hoy hace todo lo contrario, sembrando con ello los factores de fracaso del posacuerdo.

EL POSTCONFLICTO EN MANOS DE LOS POLÍTICOS

El postconflicto es una palabreja que sin tener suficiente claridad sobre su significado, ya se incrustó en el seno de la opinión pública y en ese ir y venir por los senderos de la mente humana, ha creado grandes expectativas en la comunidad nacional de modo que hoy la gran mayoría de la gente habla de ello, muchas veces sin tener gran interés por el tema, como ocurre en un alto porcentaje de la ciudadanía del estrato uno en los centros urbanos, a quienes nunca encuestan las empresas especializadas ni por teléfono ni mucho menos personalmente, y que ni les va ni les viene ni la guerrilla ni el proceso de la Habana.

Pero de todos modos, el tema aun sin profundizar en su significado, ha creado grandes expectativas porque la prensa habla de las grande sumas de dinero que circularán bajo ese proceso, aunque tampoco se sabe a ciencia cierta ni de donde saldrán los recursos ni cuáles serán los conceptos del gasto; pero cuando se trata de dinero la gente se ilusiona. Lo que sí es cierto es que para dar cumplimiento a los acuerdos firmados con la guerrilla será necesario crear unos escenarios de intervención social en los procesos públicos que sin duda, crearán condiciones favorables al fortalecimiento de la democracia, de la que también todo el mundo habla, pero que en la realidad poco se aplica si se tienen en cuenta el contenido etimológico del concepto.

Los nuevos escenarios de participación implican, por supuesto, nueva organización social, la cual hoy es muy débil. Hoy no se cuenta con la organización social adecuada para ejecutar los cambios que los acuerdos proponen. La comunidad está dispersa y sin el liderazgo pertinente y solo gira en torno a la sociedad comunal, que también está desprestigiada, en manos de los políticos y sin la suficiente fuerza para motivar las bases sociales y así superar esa apatía generalizada que ahoga la sociedad colombiana.

Hace falta por lo tanto, la construcción de un nuevo liderazgo no personal sino colectivo y una nueva forma de organización que aglutine a la sociedad civil y conforme una fuerza objetiva y neutral que sobreponga el interés general sobre el particular y se convierta en el componente social que conjuntamente con los organismos del Estado, diseñe y construya políticas públicas que respondan a las expectativas del cambio que se espera lograr con la inserción de la guerrilla en la vida civil. Una fuerza que tenga la suficiente organización y la potencia necesaria para liderar procesos sociales y sentarse codo a codo con el Estado a concertar sin dejarse imponer, las políticas de transformación que tanto necesita el país. Pero eso sí, lo que está debidamente comprobado y evidenciado, es que después de firmados los acuerdos con la guerrilla y conociendo la conducta de los partidos existentes y sus dirigentes, para disminuir el riesgo de fracaso no se puede dejar el postconflicto en manos de los políticos. 

EL PROYECTO DE JULUMITO

Hace algunos días escribía Santiago Zambrano en este mismo diario sobre las bondades del proyecto hidroeléctrico de Julumito, destacando su mérito en materia de generación eléctrica pero sobre todo mostrando su contribución al desarrollo del sector turístico regional y, algo muy importante, la inclusión de la zona en la Estructura Ecológica Municipal Futura, debido a sus aportes en materia de servicios ecosistémicos que ofrecería en caso de construirse, entre los que se destacan las contribuciones a la conservación del paisaje, a la provisión de agua, a la regulación hídrica, a la regulación del cambio climático, al almacenamiento de carbono, al hábitat de las especies migratorias  y a la construcción de identidad y pertenencia, entre otros.

Pero también resaltaba Zambrano los riesgos que hoy afronta y que constituyen un factor que atenta contra la factibilidad del proyecto por motivos diferentes a los técnicos, financieros y económicos y que surgen, como suele ocurrir en muchos casos de proyectos anunciados, por los fenómenos especulativos y las distorsiones de mercado promovidas por agentes que muchas veces, utilizan métodos apartados de la ley para lograr sus fines. Por ejemplo, ya se están viendo casos de especulación en el precio de la tierra por motivo de la doble calzada entre Popayán y Quilichao.

Lo más importante de la columna citada es el llamado que hace a las autoridades competentes para que intervengan oportunamente con el fin de prevenir los efectos del riesgo. La acción gerencial exige anticiparse al futuro y aplicar controles preventivos a los riesgos; pues después de ojo sacado no vale Santa Lucía. Los instrumentos jurídicos existen por lo que solo basta aplicarlos en el momento adecuado. Es necesario tomar medidas de congelamiento del uso del suelo antes de que cojan fuerza los “hechos cumplidos”, que generan obstáculos para el normal desarrollo del proyecto, de modo que corresponde al gobierno municipal tramitar ante el Concejo los correspondientes actos para establecer las medidas pertinentes.

Ojalá no vaya a ocurrir un fenómeno que es bastante común en nuestra cultura payanesa, de permitir que se potencialicen los procesos espontáneos y desordenados de los actores sociales para luego sí, sacar a relucir los “fueques” como disculpa para justificar el por qué no se hizo lo que se tenía que hacer. Estamos precisamente en el mes de aprobación del plan de desarrollo, lo que permite incluir en el Acuerdo respectivo las medidas necesarias para proteger la utilidad pública y el bien común del proyecto y así impedir que el interés individual se sobreponga por encima del interés general, en consideración a la importancia y la magnitud de la utilidad pública que presenta el proyecto de Julumito. 

LA HORA DE LA REFORMA TRIBUTARIA

Uno de los motivos de las marchas del domingo pasado fue la reforma tributaria que como se ha dicho, viene redactada desde Washington, tal como ocurrió en 1993 cuando desde allá llegaron redactadas las leyes que desarrollaron la Constitución del 91. O sea que fue en vano el trabajo que realizó la llamada comisión de expertos que en diciembre pasado presentó el informe al gobierno y que causó revuelo por su propuesta de elevar el IVA al 19 %. Ante el barullo, Santos salió por los medios a decir que no había de qué preocuparse porque eso era simples recomendaciones, que habría otras propuestas y que el gobierno no había tomado decisiones al respecto. Pero no dijo que desde los órganos de poder multilateral se impondría el esquema que regirá la tributación en los próximos años.

El cuento que se ha difundido se refiere a una supuesta reforma estructural lo cual es una falacia; pues eso era posible cuando la política fiscal tenía el enfoque clásico y se utilizaba como instrumento para financiar la estrategia de desarrollo nacional. Pero ahora eso no existe. Ahora simplemente se trata de asegurarle al capitalismo financiero internacional que habrá recursos para pagar cumplidamente el servicio de la deuda. Así que si nos asustamos con la propuesta de los neoliberales de Fedesarrollo, ténganse duro para lo que vendrá desde el exterior.

El procedimiento es sencillo: se proyecta el costo del servicio de la deuda según los papeles que el gobierno ha colocado en el mercado de capitales con sus fechas de vencimiento; se proyecta los ingresos corrientes que en el futuro próximo estarán afectados por los precios del petróleo, del dólar y otros factores, como es la disminución de la base gravable por efecto de la recesión.  Hay que dejar recursos para los pagos obligatorios como las pensiones y el funcionamiento del Estado y algo para la inversión que es de donde la corrupción saca su tajada o la mermelada que también le dicen. Ahora sí, exoneración de impuestos a los ricos, principalmente a los propietarios de capital de especulación que ahora les llaman inversionistas y el dinero que falta cobrarlo a los pobres mediante los impuestos indirectos como el IVA.

No hay que hacerle el reclamo a Santos porque dijo cuando estaba en campaña que no subiría los impuestos; donde manda capitán no manda marinero. Existen fuerzas de poder internacional que están por encima de las autoridades nacionales las cuales ahora están en alerta máxima desde que ocurrió lo de Grecia con el servicio de la deuda y por eso cuidan milimétricamente el manejo fiscal de los países deudores; y peor aún, ahora que la economía de USA y de la Unión Europea afrontan situaciones inestables que ponen riesgo los capitales rentistas de manera que a pesar de las marchas y las protestas que se realicen en todos los lados, no podemos evitar que llegue la hora de la reforma tributaria.

ALCANCE REAL DE LOS PLANES TERRITTORIALES

El próximo sábado vence el plazo para que los gobernantes territoriales presenten ante las corporaciones administrativas el proyecto de plan de desarrollo del que trata la Ley 152 de 1994, de modo que esta semana deben estar atareados dando los toques finales al documento respectivo. Ya han pasado más de dos décadas desde cuando se estableció este mecanismo de gobierno y con ese tiempo es suficiente para hacer un balance sobre los beneficios y lo contrario, que ha traído dicha ley. Ya sabemos qué sirve y qué no, qué sobra y qué falta, qué conviene y qué no, qué contribuye a esa transformación del  Estado que propuso la Constitución en 1991 y en fin, sacar conclusiones sobre la utilidad de tan mentada ley.

Al principio pocas bolas le paraban los gobernantes. En muchos casos elaboraron el plan para cumplir la ley pero no lo tuvieron en cuenta para el ejercicio administrativo, por lo que poco a poco el gobierno nacional ha venido introduciendo normas para obligar a que la actividad gubernamental se someta a las directrices que establece el instrumento, mientras que por otro lado ha motivado la creencia en la comunidad de que para lograr algún beneficio del gobierno, es necesario que su petición quede incluida en el plan. En cada nuevo período ha crecido la avalancha de peticiones de la comunidad sobre inclusión de temas en el documento y también, simultáneamente, a cada nuevo gobernante le ha aumentado la presión desde el nivel central para que los planes territoriales incluyan los intereses y conveniencias del gobierno nacional.

Este año, es decir para los gobernantes que están comenzando y principalmente los alcaldes, la nación a través del DNP ha llegado al extremo que raya con la violación de la ley y la teoría del desarrollo y la planificación. Ha utilizado el plan como un medio para poner a los alcaldes de mandaderos del presidente en los territorios violentando la autonomía municipal que consagra la Constitución y la ley. Igualmente, la teoría del desarrollo que se difunde en los escenarios académicos y las técnicas de planificación que se han construido a la par con la transformación de las realidades económicas y sociales, han sido relegadas a segundos lugares. El proceso de formulación del plan se ha convertido en una acción mecánica, limitada, continuista y repetitiva, que castra la innovación y la creatividad y se concentra en un enfoque financierista del estilo que promueve el FMI para medir gota a gota a gota el gasto público, para generar un producto rígido e impertinente. De manera obligada hay que someterse al formulario único territorial (FUT) y reducir el ejercicio de la planificación a cumplir las directrices que impone el gobierno nacional sobre el manejo de los recursos que desde allá se transfieren a los municipios, entidades que en su mayoría, viven de estos recursos porque la capacidad de generación local es muy limitada.

Para qué entonces se continúa con la Ley 152 de 1994, si los principios que consagra y las normas que establece en materia de competencias locales no se van a cumplir? Y peor aun cuando las comunidades cada vez se interesan más en la participación para la formulación y con más seriedad intervienen en los eventos que como pantomima organizan las administraciones para cumplir la ley desconociendo verdaderamente el alcance real de los planes territoriales.

LOS ESCENARIOS DEL FUTURO CERCANO

El posconflicto es una palabreja que introdujo en la opinión pública el gobierno nacional cuyo significado no se conoce a ciencia cierta, si se tienen en cuenta la etimología de la misma y se confronta con las condiciones de la realidad colombiana en que, probablemente, se aplicará, ya que el conflicto propiamente dicho no se terminará con la sola firma de unos acuerdos con un grupo guerrillero y el complemento de las acciones que se deben realizar por parte de los firmantes para dar cumplimiento a los compromisos. La situación sociopolítica nacional es heterogénea y compleja en estado de caos, que encierra muchos más elementos de los que se están señalando a raíz del proceso de la Habana.

Por ejemplo y para no ir muy lejos, los analistas se preguntan si las condiciones del sistemas político, las costumbres de los actores del régimen y las prácticas administrativas del gobierno central, entre otras, son adecuadas a los fines sociales que propone el discurso, cuando desde ya se está observando, por una parte, la rapiña de los gamonales territoriales detrás de los supuestos recursos que van a circular para financiar el posconflicto y por la otra, la oportunidad de los altos funcionarios de aprovechar estos mismos para comprar adhesiones y apoyos a causas futuras del proceso electoral. También se está viendo con facilidad a través de los medios cómo, al mejor estilo elitista y oligárquico de este gobierno de Santos, se reparten cargos y contratos con cifras jugosas a los hijos y parientes de quienes han usufructuado durante el último medio siglo las mieles del poder para continuar dentro de nuestra democracia hereditaria el mismo dominio de las castas que por demás, han demostrado su ineptitud e incapacidad de manejar el Estado colombiano. Ya se está viendo la adjudicación de cuantiosos contratos a ONGs para administrar recursos destinados a la pedagogía de la paz, que serán direccionados en las regiones por líderes de los movimientos políticos amigos del gobierno.

Ante este panorama y frente a las expectativas creadas por el mismo gobierno principalmente en territorios donde la presencia de la guerrilla ha sido más fuerte, la gobernabilidad será tormentosa y el conflicto cambiará de matiz: la frustración y el descontento de las comunidades será, probablemente, un factor que sustituya un problema por otro en la agenda del gobierno. Ya no será la guerrilla sino las marchas y la movilización social la que producirá el dolor de cabeza de los gobiernos territoriales; pues el nivel nacional como siempre, se limita a disfrutar de las francachelas en los clubes sociales bogotanos mientras que gobernadores y alcaldes afrontan directamente con sus comunidades las consecuencias negativas de las decisiones que se toman en la capital, desde donde se están construyendo desde ya los escenarios del futuro cercano.