LA NOVEDAD DE LOS PLANES DE DESARROLLO

Otra vez, como cada cuatro años, se vive el período de elaborar los planes de desarrollo territorial; pero esta vez, bajo condiciones diferentes que obligan a introducir elementos por fuera de la costumbre, tanto en su concepción como en el enfoque del plan.

Era común en el pasado ver a gobernantes territoriales formulando el plan de gobierno, que la Ley 152 del 94 llama equivocadamente “plan de desarrollo”, por cumplir el requisito legal y sin la connotación que el instrumento tiene como carta de navegación del período para el que fueron elegidos. Pero este año las cosas cambian porque por primera vez, los consejos de gobierno se encuentran con el modelo de Estado Gerencial completamente armado, lo que obliga a otorgar otra concepción al plan.

Si bien desde 1991 por la vía constitucional en el país se introdujo este tipo de Estado, fue hasta marzo de 2010 cuando ya se completó el conjunto de instrumentos para hacerlo realidad. La mayoría de leyes se expidieron entre el 93 y el 94 como fueron la 87 y 872 de 1993; luego en el 98 la ley 489 y en el 2004 la ley 909. Pero los decretos reglamentarios y los instrumentos con los cuales estas normas se podrían hacer realidad, fueron bastante posteriores como los decretos 1537 de 2001, 3286 de 2004, 1599 de 2005, 3622 de 2005, 4665 de 2007 y el 4485 de 2009, para completar el paquete con el documento Conpes 3649 en el 2010. Con esto, ya está el Estado Gerencial ensamblado y son los actuales gobiernos territoriales los primeros en ejercer su cargo bajo estas condiciones.

Ahora los planes de la ley 152 deben ser de carácter gerencial, donde lo primero es evitar los mamotréticos documentos rellenos de texto narrativo que algunos autores acostumbran, como si la calidad del trabajo dependiera del volumen, sin considerar la utilidad práctica. El enfoque gerencial significa que el plan es un medio para tomar decisiones por cuanto “gerencia es el arte de hacer que las cosas se hagan” y sin decisiones no se pueden hacer; por lo cual, los indicadores deben corresponder a este patrón de modo que los medidores fundamentales son los indicadores de eficiencia y eficacia. Los indicadores de impacto se acomodan a los propósitos del plan que se derivan de los efectos de los problemas del árbol del marco lógico, por lo tanto esa carga no le cae en los hombros de los alcaldes y por ello tampoco sirven para medir su calidad como gerente público.

Y así sucesivamente: este plan debe ser diferente a los anteriores, por lo que los equipo de gobierno que por lo general no le ponen interés sino que dejan solo al secretario de planeación, deben ser más conscientes de la situación para que comprendan la novedad de los planes de desarrollo.

LOS REMEDIOS DEL DNP

Para el PND “Prosperidad Para Todos” es muy importante lo que ocurra en los territorios, por cuando la estrategia central de la prosperidad consiste en cerrar la brecha entre regiones atrasadas y las que están mejor posicionadas; pero reconoce que uno de los retos para lograr este propósito es superar las debilidades administrativas, técnicas y operativas de las entidades territoriales, lo mismo que las deficiencias en los procesos de planificación que, a pesar de los 16 años de la Ley 152, aun persisten en los departamentos y municipios.

La Nación ha creado un programa de asistencia técnica para las entidades territoriales sobre la base de que éstas necesitan quién les enseñe a trabajar, lo cual merece reconocimiento por la buena voluntad y amabilidad de sus propósitos; pero, para lograr el objetivo que se propone, es necesario hacer otras consideraciones sobre la pertinencia de los procedimientos desplegados desde Bogotá.

No hay claridad si lo que busca es imponer los intereses nacionales sobre los territoriales acentuando más la pérdida de autonomía municipal que consagra la Constitución Política, como ocurrió durante la primera década del presente siglo, o si lo que prima es la política local; tampoco se precisa si lo que quiere la Nación es trasladar los problemas que se derivan de las políticas nacionales, para que las consecuencias las afronte el alcalde. Porque lo que se está viendo ahora en la elaboración de los mal llamados planes de desarrollo territorial, es que, sin reconocer que el Artículo 39 de la Ley 152 le concede facultades a los concejos y asambleas para determinar qué y cómo se hace el plan, el DNP viene supuestamente asesorando, pero realmente imponiendo una guía que deja muchas dudas sobre su contenido técnico.

Ya el país conoce que los productos del DNP no es que sean de mucha calidad que digamos, por no afirmar que por lo menos la mitad de esos productos, sobre todo en política social y desarrollo territorial, no se acomodan a las condiciones de la realidad territorial. Tampoco podemos afirmar que los servidores públicos vinculados a dichos programas son la flor y nata de la idoneidad, de modo que queda pendiente mirar los resultados del proceso para saber si realmente el gobierno nacional está acertando.

Lo que sí está claro es que los gobiernos municipales se encuentran entre la espada y la pared: por una parte las premuras del tiempo que impone la ley, los compromisos de campaña y la realidad del régimen político local y por otra parte la presión que sin tener competencia legal sobre contenido del plan, ejerce el DNP, lo cual en lugar de aliviar una preocupación, se ha convertido en un factor de estrés para los alcaldes dejando por supuesto la duda sobre si de verdad es más cara la enfermedad que los remedios del DNP.

LA LLAGA DE LOS CELULARES

El periodista Felipe Zuleta en su columna dominical de un diario bogotano, tocó el domingo pasado un tema que a más de la mitad de los colombianos le duele, pero que sólo se comenta en privado donde más que comentarios, se lanzan imprecaciones para desahogar la impotencia que las víctimas de los operadores de telefonía celular sufren cada mes, cuando les toca afrontar los atropellos que estas empresas cometen contra los usuarios que ellas llaman clientes.

La comunicación es un asunto público porque, como todo lo público, tiene origen en la ley natural que motiva el instinto de agruparse entre los individuos de la especie, para lo cual requiere de la comunicación. Pero siempre ha estado predominantemente privatizado, aunque se manifiestan fenómenos rarísimos en las características del sector institucional que regula el proceso social. Se ve un revuelto: por un lado, del papel del Estado, quien en ocasiones, asume la propiedad del medio a través del cual fluye la tecnología, o en otras, como propietario de instrumentos directos de comunicación; y por otro lado, la acción de los particulares quienes montan empresas con ánimo de lucro para sacar provecho individual de este asunto que por su naturaleza es colectivo. Dentro de esta sarta de rarezas se encuentra la supervisión de la telefonía celular que, como en todo lo público, el Estado debe ejercer a través de las superintendencias. A pesar de que existe una superintendencia de servicios públicos, a la telefonía celular la vigila la superintendencia de industria y comercio, que es más tolerante, más permisiva, más alcahueta y hasta cómplice, frente a los atropellos que estas empresas cometen contra los usuarios. Por lo general, ofrecen un servicio determinado a un precio y después incumplen lo prometido y elevan los cobros en las facturas mensuales. Ahora han inventado los funcionarios de la gerencia de fidelización de clientes, quienes desde el otro lado de la línea le ofrecen al usuario que se quiere retirar, esta vida y la otra para que no se vaya y después no cumplen.

No sé si antes algún periodista de la gran prensa bogotana había hecho referencia al tema; pero aprovechando la publicación de Zuleta Lleras, bien vale la pena poner sobre la mesa de la opinión pública el asunto porque los millones de usuarios de este servicio no pueden continuar sometidos a semejante perjuicio. Más cuando la atención es despersonalizada y los usuarios no tienen la oportunidad de dialogar con algún directivo responsable de las decisiones empresariales. La pasividad de los usuarios o víctimas de la telefonía celular debe ya actuar masivamente aprovechando alguno de los mecanismos que la ley permite para la defensa de los derechos tanto fundamentales del ciudadano, como los de consumidores que se consignan en el respectivo estatuto, ahora que desde un periódico capitalino el columnista metió el dedo en la llaga de los celulares.

DESASTRE DEL CAPITALISMO RENTISTA

Todas las especies vivas que existen sobre el globo terráqueo, movidas por la fuerza inercial de conservación de la vida, crean instintivamente los mecanismos e instrumentos para asegurar la supervivencia de la especie, bajo el principio de la ley natural. Por ello el homo sapiens movida por la ley de la naturaleza e impulsada por el instinto de conservación, ha creado los medios con los cuales se pretende conservar la especie.

Uno de esos instrumentos creados instintivamente por la ley natural, de la misma manera que otras especies animales como las hormigas o las abejas, es el sistema económico el cual, por motivos de que esta especie tienen cerebro, supuestamente razonable, ha sido interferido por el pensamiento, distorsionando los fines impuestos por los principios biológicos e imponiendo los intereses de la racionalidad humana. La economía durante los varios miles de años que tiene la especie, ha sido modificada en relación con la génesis del sistema sustentado en los principios de la naturaleza. Así, el sistema no garantiza la permanencia de la especie biológica suministrando los medios de subsistencia a todos y cada uno de los individuos, sino que a unos les entrega abundancia y a otros no les garantiza nada. Hoy sabemos por los medios de comunicación, que las cien familias más ricas del mundo poseen una fortuna superior a la sumatoria del PIB de los cincuenta países más pobres que albergan una población cercana a los setecientos millones de personas.

Pero también hoy vemos que, una vez más, la naturaleza presenta cuenta de cobro cuando se violan sus leyes. El Capitalismo Postindustrial, que ha desviado la esencia del sistema económico consistente en producir los medios de subsistencia haciendo de los valores monetarios un objeto de negocio y enriquecimiento sin producir ningún satisfactor de necesidades humanas, está propiciando su propia destrucción de manera catastrófica. Ha convertido al Estado en el marrano de engorde volviéndolo el cliente predilecto de los capitalistas especuladores y alejando esta entidad de su misión social, y así está llevando a la crisis a países del continente otrora rico y atractivo como Europa. La zona euro comienza el nuevo año con las mismas preocupaciones o más de las que tenían el año pasado, porque los especuladores del dinero han creído que basta con comprar títulos valores del Estado o de convertir a este en su deudor, para que sus capitales estén salvados, como si la capacidad de tributación de las comunidades fuera infinita.

Con ello, lo que está propiciando es el derrumbe financiero del Estado, a quien no les queda otra alternativa que recortar el gasto social y llevar hasta la miseria a las capas más pobres de la población. Se reducido el sistema económico a la compra-venta de papeles de valor sin contenido de satisfactores de necesidades y se ha convertido la situación de la economía en simple observación al riesgo que corren las inversiones de los especuladores y agiotistas; hay crisis económica si los tenedores de papeles están en riesgo y hay éxito, si ellos tienen asegurada su renta fija, haciendo de esto el mayor desastre del Capitalismo Rentista.

LOS DOS MORIBUNDOS POLITICOS DEL AÑO

Desde hace un siglo, en la teoría de la revolución socialista se decía que la toma del poder para implantar la dictadura del proletariado, sólo se podía realizar mediante la guerra armada por cuanto las clases dominantes se opondrían a esta toma, de manera que por la vía pacífica eso no era posible. Pero también se afirmaba que el primer requisito, indispensable para la toma del poder, era que el movimiento revolucionario tuviera amplio respaldo de las masas populares ya que de otra manera la insurgencia no podría conquistar el poder. Así, las fuerzas revolucionarias requerían de la simpatía y el afecto generalizado de la comunidad, además de la credibilidad en la fuerza revolucionaria y la confianza de que esa era la verdadera solución de las necesidades sociales.

Cuando en septiembre del año 2000, el Partido Liberal aprobó en su Asamblea Constituyente la plataforma política, muchos colombianos conscientes de que la opción del socialismo había fracasado porque este tipo de economía no permite el crecimiento económico, se ilusionó con que, por fin, había surgido en el país un partido que ofreciera la alternativa adecuada a los cambios de las estructura sociales y con propuestas consecuentes frente a la realidad socioeconómica. Horacio Serpa dijo en su discurso que esa organización había asumido el compromiso de abogar por los fundamentos socialdemócratas y complementó diciendo “Claro, somos socialistas modernos”. En el punto 12 de los principios doctrinarios dice que “La afiliación a la Internacional Socialista compromete al Partido Liberal a poner en práctica un proceso de democratización interna…”.

Lo anterior es la carreta y la palabrería. En Colombia, después de medio siglo de terca insistencia que va en contravía de la realidad histórica, jamás las masas populares y la comunidad ha respaldado, ha simpatizado, ha creído o ha tenido confianza en los movimientos insurgentes, de modo que nunca le han brindado el apoyo necesario para su triunfo. Por el contrario; si algún fenómeno político genera repulsión colectiva, es la guerrilla. Pero sus dirigentes son ciegos, tercos o irracionales, mejor dicho locos. No entienden la realidad histórica ni la cultura política nacional. De manera obstinada persisten en mantener una acción violenta que cada día desciende hacia el fracaso total no sólo por la acción de la fuerza pública, sino porque sus propias tropas están desertando en concordancia con la realidad del país.

De otro lado, ya a punto de terminar el año, el Partido liberal demostró que las ilusiones del año 2000 no pasaban de ser eso: mera ilusión. En uno de los actos más bochornosos y vergonzosos para quien presume ser la vanguardia de la política social, de manera amañada elige como director de la organización al hijo del “Padre del Neoliberalismo en Colombia”, quien lideró el abandono de las propuestas socialdemócratas eliminando así la única opción que tenían los colombianos de enfrentar políticamente a la derecha neoliberal. Simón Gaviria, un muchacho cuyo único mérito es ser hijo de su papá, quien seguirá en las mismas convirtiendo al Partido Liberal en uno de los dos moribundo políticos del año.

EL DESAFIO ES GRANDE

El Artículo 29 de la Ley 1454 de 2011 mediante el cual el legislador establece la distribución de competencias en materia de ordenamiento del territorio, le fija al departamento las tareas de establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio, definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, orientar la localización de la infraestructura física-social, integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, los de sus municipios y entidades territoriales indígenas y la de articular sus políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio. Previamente, mediante la Ley 1450 de este mismo año que adopta las bases del plan nacional de desarrollo, había establecido que en “el marco de referencia para el análisis territorial se tomará como unidad de análisis el departamento”.

Por muchos años se había tenido a esta entidad territorial en el “cuarto de san alejo” institucional, afirmando algunos que se debía eliminar porque siendo el municipio la célula básica del ordenamiento del Estado en el nivel territorial, el departamento era inoficioso. Ahora con las dos leyes expedidas en este año, lo que vemos es que se “reencaucha” la entidad y por el contrario, se reviste de especiales funciones que le imprimen gran magnitud a la potencia de su capacidad de gestión y que a los gobernadores que inician período el próximo mes les toca estrenar.

Pero lo más relevante no es en sí mismo las funciones que le asigna la ley de ordenamiento territorial, como la de adoptar un plan de ordenamiento del territorio que imponga lineamientos a los municipios y la de definir políticas para los asentamientos poblacionales; el chicharrón tieso es que estas funciones las debe cumplir en el marco de los efectos del invierno que desde hace más de un año vienen arrasando el país. Según dijo el Presidente Santos a través de la TV, el invierno que está inundando el país no es un asunto transitorio que pasará y luego volverán los ciclos estacionales que siempre habían existido dentro de la curva de distribución normal. Señaló, y seguramente está bien documentado, que Colombia está ya afrontando los efectos del cambio climático universal los cuales son irreversibles.

Quiere decir lo anterior, que los paradigmas conocidos sobre ordenamiento territorial regional y la gestión del riesgo, ahora hay que revisarlos; y que al departamento como administrador territorial le toca asumir unas funciones para las que no está debidamente preparado, constituyendo esto para los nuevos gobernadores un asunto de gobierno donde el desafío es grande.

MALA EDUCACION

El artículo escrito por Edgar Papamija el pasado domingo en el Diario El Liberal, en el que transcribe las cifras sobre resultados de las pruebas de Estado para la educación secundaria y que permite sacar conclusiones sobre la calidad del servicio educativo en las instituciones del departamento del Cauca, sin duda coloca sobre la mesa múltiples reflexiones que dejan preocupada a más de una persona, sobre todo a padres de familia.

Para comenzar es necesario tener en cuenta que la educación privada no existe. La única educación que existe es pública, independientemente de que el propietario del establecimiento prestador sea el Estado o un particular. Después de la salud y la seguridad social, la educación es tal vez, el asunto más público entre todos los asuntos públicos, en razón a los lazos de dependencia con la génesis de lo público, sustentada en la ley natural.

La educación, siendo un asunto público, está privatizada desde la ley 115 de 1994, aunque mantiene camuflado el principio de la capitación, que aplica en las instituciones de propiedad estatal; pero el producto, concentrado en el PEI de cada “empresa” prestadora, es similar al POS de la también privatizada salud. Ni más faltaba que el Estado no se encargara de ayudar a los más pobres bajo el concepto neoliberal de subsidios a la demanda, los cuales por obvias razones, aplica en los establecimientos de su propiedad, aunque dentro de las estrategias de ampliación de cobertura, también ha entregado recursos a prestadores de propiedad privada.

Pero lo más preocupante no es el esquema que opera ya hace más de quinde años, sino el vacío que el Estado deja en los niveles territoriales, abandonando su función constitucional de ser el rector o regidor de los procesos sociales. Las secretarías de educación, departamental y municipales, se han dedicado a administrar recursos humanos, físicos y materiales, dejando de lado su verdadera función, de rectores del proceso social educativo. Para mover maestros, reparar edificaciones o comprar materiales, no se necesita tener una secretaría porque bien lo podría hacer la secretaría administrativa o la de hacienda. En este caso sobraría la secretaría de educación porque, una cosa es administrar los recursos del sector institucional de educación y otra muy diferente, es cumplir la obligación constitucional de liderar y orientar el proceso social educativo. No se necesita una secretaría para administrar recursos sino un agente del Estado que ejerza la rectoría del proceso social educativo.

El rol sociológico, doctrinario, constitucional y legal del secretario de educación departamental o municipal, es el de regir la política territorial educativa orientada al direccionamiento del proceso social educativo, que comienza en el vientre materno y termina cuando la persona muere. Independientemente de quien sea el actor prestador del servicio, la familia, las IE, el ICBF, o quien quiera que sea, oficial o privado, el verdadero ejercicio del gerente público es el de convocatoria, liderazgo, orientación, concertación y convergencia en una política pública con objetivos sociales de formación integral, conocimientos y desarrollo del capital humano concertada entre el Estado y la sociedad. Por lo tanto, en esa realidad que Edgar Papamija muestra en su artículo, no puede dejarse de lado la responsabilidad de los secretarios de despacho de los últimos años, cuyo papel mucho tiene que ver con la señalada mala educación.