PODER CONSTITUYENTE VS PODER CONSTITUIDO

 A propósito del escandalo del momento, derivado del planteamiento del presidente sobre el ejercicio del Poder Constituyente, nos recuerda al filósofo italiano Antonio Negri y su enfoque sobre la misma materia, que, entre otras cosas, huele a democracia directa como la de los griegos cuatro siglos AC. Claro, la tradicional ignorancia de los periodistas de los grandes medios nacionales, están hablando de una asamblea constituyente como la que hubo en 1991, promovida y auspiciada por el capitalismo financiero internacional para implantar en el país el modelo neoliberal. Pero, parece que de lo que trata el presidente, es algo muy diferente, similar a lo que dice el pensador italiano, que, precisamente, permite hacerle el quite o hacerle “ole” o hacer el “gol” a la estrategia utilizada por los neoliberales para meter a Colombia en esa debacle de dicho modelo. 

Los neoliberales tuvieron la astucia de blindar su modelo utilizando la Constitución Política. Introdujeron los mecanismos de rectoría económica e institucional a ese nivel jurídico y establecieron los instrumentos para proteger sus políticas, como es el caso de la Corte Constitucional, El Consejo de Estado y el Banco de la Republica. Así que, si alguien pretende bajar de la nube el neoliberalismo, lo destruyen por la vía jurídica. 

Pero el Poder Constituyente no es tanto un concepto jurídico sino un concepto sociológico, que va más allá del poder constituido, el cual está consagrado en la Carta Magna como máxima norma o ley de leyes, con la cual aseguran el funcionamiento del capitalismo neoliberal. El Poder Constituyente se asemeja más, a la democracia participativa y la descentralización política, esos conceptos trinados en teoría pero que en la realidad no existen en Colombia. Con el Poder Constituyente se podrían poner a funcionar las decisiones de las bases sociales, mediante políticas públicas bottom-up, lo cual significaría dejar como el ternero a los neoliberales y sus beneficiarios, que han aprovechado el esquema para desbordar la más salvaje corrupción y saqueo de los recursos públicos. 

El problema es que, para que se pueda aplicar el Poder Constituyente, no solamente hay que luchar contra el Poder Constituido, que defienden a capa y espada por las vías jurídicas y que soporta el dominio de las elites oligárquicas tradicionales mediante la constitucionalidad, sino que, además, requiere de la organización, el liderazgo y la cultura política apropiadas para el efecto, factores que son escasos en Colombia. Principalmente la cultura política donde no prime, como hoy, el interés personal, sino el interés general y el bien común, para que la ciudadanía apoye las decisiones pensando más en el pueblo, que en el beneficio individual.

Sin duda, la jugada de Petro es muy hábil, porque las elites financieras creyeron que asegurando la Constitución era suficiente para mantener el neoliberalismo; pero no se percataron que por la vía sociológica se podría encontrar una salida a la gran crisis sociopolítica, para lo cual, eso sí, se tendría que profundizar la confrontación Poder Constituyente VS Poder Constituido.  

EL DILEMA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

A raíz del traslado de los bienes públicos del seno del Estado hacia el escenario del mercado, ocurrido en los años ochenta para efecto de implantar el modelo neoliberal, surgió la necesidad de crear una disciplina de conocimiento propia para la administración pública, que antes no era necesaria porque esta se encontraba ligada a la ciencia política. Ahora, ya ubicada en un rancho propio con sus particularidades, el proceso de conocimiento debe ajustarse a los requerimientos de orden epistemológicos, ya sea en el marco de la epistemología de la modernidad, que también podemos llamar clásica, o la epistemología de la postmodernidad que surgió también por esa misma época, concordante con el establecimiento del andamiaje neoliberal. 

Independientemente de que se aborde con uno u otro enfoque epistemológico, una disciplina de conocimiento que pretende ser científica debe cumplir ciertos requisitos en la definición de su objeto de estudio y del método que se utilice para abordar el conocimiento del objeto; pero además, los filósofos ha coincidido en que, por lo general, el método científico nunca está terminado, sino que cada vez avanza en nuevos conocimientos, por lo cual hay ciencias que datan de varios siglos atrás y aun no conocen plenamente las realidades que pretenden interpretar. Es decir, las ciencias casi siempre están en construcción y por lo tanto la administración pública también; más cuando lleva tan poco tiempo en ese proceso; pues tres decenios son nada en el marco de la historia. 

Lo especial en el caso de esta disciplina de conocimiento, es que se confunde el tema epistemológico, con la realidad de la aplicación de la misma. Justamente, la Rama Administrativa del Poder Público, es el espacio donde se aplica el conocimiento, mediante procesos institucionales que también se denominan “administración pública”. Entonces surge el interrogante: ¿¿de qué está hablando?? De la disciplina de conocimiento o del ejercicio administrativo de las instituciones del Estado. 

Por supuesto, el deber ser se refiere a la conveniencia o necesidad de que la práctica de la Rama Administrativa se realice aplicando el método científico de la disciplina; no obstante, el ejercicio de la Rama no está en manos de la ciencia sino en manos del régimen político, que es el que pone las condiciones; y la realidad institucional significa que la administración del Estado se realiza con criterio y patrones politiqueros, independientemente de la cientificidad del método que se haya construido. 

Ahora estamos frente a una especie de disyuntiva, porque la realidad, es que el logro de los fines esenciales del Estado se alcanza en la medida en que se tecnifique el ejercicio administrativo, el cual obedece más a criterios políticos y de elites, que a patrones de interés general y bien común; lo cual se podría lograr en la medida en que dichas prácticas se realicen con el método científico; pero también está la situación de que el método aún se encuentra en pañales y el aparato universitario no está respondiendo en esta materia, a su misión social de encargarse de la ciencia y la tecnología. Por supuesto, no corresponde a ninguna universidad en particular, sino a la esfera académica en general, encargarse de dilucidar el dilema de la administración pública.