El siglo pasado y hasta 1990, la imagen pública de los magistrados de las cortes del orden nacional, llamadas también Altas Cortes, era de gran magnitud moral y ética, porque lo que se sabía, es que, para llegar a esa dignidad, se necesitaba hacer una carrera exitosa en el campo del Derecho, colmada de productos intelectuales y demostraciones de sabiduría. Los magistrados eran juristas con altas dotes de dominio de la filosofía y la teoría del derecho, que acreditaban credibilidad y respeto, por sus méritos profesionales, independencia y dotación de conocimiento sobre la materia en la que prestaban el gran servicio a la sociedad.
Pero los tiempos cambian y ya en el tercer decenio del Siglo XXI, la realidad histórica se presenta diferente. Algunos analistas, inclusive, afirman que el derecho administrativo es anacrónico y el derecho laboral también, porque ya no existen las condiciones de la época cuando se creó por allá en tiempo de Napoleón, para el primero, ni el sistema económico tiene las características del capitalismo clásico del siglo XIX, cuando surgieron los derechos laborales. Y para completar, el presidente hace pocos dijo en un discurso ante la Corte Constitucional, después de dictar una clase magistral de historia económica, que es necesario revisar la jurisdicción constitucional. También la descomposición social propiciada por el neoliberalismo y la ideología de la postmodernidad, ha dejado dudas sobre la pertinencia de la jurisdicción penal, frente a la realidad que hoy vive el mundo occidental globalizado y en deterioro moral.
Por supuesto que es totalmente normal en el derecho, como en cualquier ciencia, que debe ajustarse al devenir histórico siempre cambiante, el cual crea nuevos escenarios para la acción y requerimientos específicos que respondan a las nuevas realidades que aparecen. Pero lo que más llama la atención en las esferas académicas y círculos de pensamiento, es la perdida de imagen de quienes desempeñan el protagonismo en los escenarios del más alto nivel, porque de ellos depende la confianza y tranquilidad de la sociedad, de modo que se garantice la seguridad de los factores de convivencia en el seno del conglomerado humano. Hoy, se dice que los magistrados son simples leguleyos con título de abogado, que llegan al alto cargo, ya no por los méritos de sabiduría y producción intelectual en las materias del derecho, sino por mecanismos inescrupulosos faltos de ética pública y moral profesional, basados en palancas y servilismo frente a los jerarcas de la politiquería elitista, en lo que constituye una situación que bien puede llamarse la decadencia del derecho.