Desde
tiempos inmemoriales, se viene hablando de la ciencia de la administración
pública, cuando se refiere a los aspectos relacionado con la autoridad y el
manejo de los asuntos de interés general, los cuales, como es fácil comprender,
son tan antiguos como la misma especie humana, ya que, desde de los primeros
estadios de la civilización cuando existía la organización social rudimentaria,
el ejercicio de la autoridad y la atención de las necesidades y problemas de interés
para todos, estaba presente. Los sumerios, los hititas, asirios, caldeos y
persas; y en América los Aztecas, los Mayas y los Incas, ya trataban los temas
de administración pública, sin nombrar al extremo oriente y otras comunidades e
imperios de las primeras civilizaciones.
Pero
es a partir de los cameralistas en el siglo XVI, que es posible estudiar la
Ciencia de la Administración, cuando se establecen las bases para la enseñanza
de esta disciplina como ciencia autónoma. Luego, en el Siglo XVIII y
complementario a la Revolución Francesa, surge Carlos Bonnin del que se dice
que, junto con Von Stein en Alemania, son los fundadores de la Ciencia de la
Administración Pública, quienes transformaron la ciencia de la policía y las
ciencias camerales, en lo que, desde entonces, conocemos como la ciencia de la administración
pública, tema sobre el cual se han producido muchas manifestaciones, debates y
enfoques, con planteamientos diferenciados sobre el papel del Estado y su
relación con la sociedad, lo mismo que sobre el funcionamiento interno de este
organismo, que, a partir del Estado Moderno, se divide en tres ramas donde el
gobierno, junto con la administración pública, se convierten en eje central de
la operación del organismo, que también tiene las ramas legislativa y judicial.
En
ese conjunto de posturas de los autores, la diversidad muestra opiniones diferentes
sobre el qué es la administración pública, donde se encuentra que, para
algunos, es una ciencia; para otros es un arte; para otros es una filosofía;
para otros es una profesión o simplemente una técnica y hubo también quienes
dijeron que esta disciplina no era una ciencia ni podía serlo, pero en todos
los casos, se refirieron a un instrumento al servicio del gobierno. En ese
ejercicio conceptual, se destaca inicialmente los aportes de los europeos y más
adelante también los de Norteamérica, a partir de la formación independiente de
la república en Estados Unidos. José Juan Sánchez (2001)
hace una detallada narración de lo que fue el proceso histórico de la
construcción del concepto acerca de esta ciencia, y destaca la conveniencia de
considerar dos campos para examinar, por un lado, el objeto de estudio y por
otro lado el estudio del objeto, lo que se podría comparar con la separación
del objeto de conocimiento y el proceso de conocimiento, donde se inserta el
método, a la luz de la epistemología de la era de la modernidad. Así mismo, el
debate llevó a considerar el interrogante de que si la administración pública era
una disciplina de conocimiento o era una actividad que encierra un simple conjunto
de herramientas para resolver las necesidades del funcionamiento del gobierno.
Simon (1979)
habló de analizar, si se trata de una ciencia aplicada o una ciencia pura.
Mientras
permaneció el Estado Absolutista como cuando estuvo presente el Cameralismo, el
tema central a tratar estaba ubicado totalmente en el interior del gobierno, es
decir, la administración pública se refería a los asuntos inherentes al manejo de
los recursos necesarios para sostener al gobernante y financiar sus operaciones
en el ejercicio del poder. Pero cuando
nació el Estado Moderno, que se acompañó con un régimen político diferente, en
este caso el régimen democrático, el manejo de los asuntos del gobierno se
complementa con otro terreno adicional para ser considerado dentro de la
administración pública. Con ello también surge la presencia de otras
disciplinas relacionadas que convergen en el manejo de los temas de interés
general y bien común y que por lo tanto también competen al gobierno, como el
derecho, la ciencia política, la economía, la sociología, la historia y la
psicología.
La
administración Pública en este caso, no solo se refiere a los aspectos internos
del funcionamiento del Estado, sino que cae en la relación con la sociedad, o
sea aspectos externos al organismo. José Sánchez nos muestra una síntesis de
las diferentes posturas de varios autores que concuerdan haciendo referencias a
la relaciones Estado-Sociedad como eje de la Administración Pública, entre los
que destaca a Charles Debbasch de quien die que “encuentra una relación entre
la administración pública y el campo de los asuntos públicos, como son los
servicios que presta el aparato gubernamental a la sociedad” y lo cita
señalando que “La administración pública es el aparato de gestión de los asuntos
públicos. Está constituida por el conjunto de servicios públicos, cuya buena
marcha permite la realización de objetivos definidos por el poder político.
Constituye la organización que se otorga todo grupo social evolucionado. Es el
instrumento de cohesión y de coordinación indispensable, sin el cual la
sociedad se desmorona. La administración, por naturaleza, está subordinada a
fines que le son externos. El papel de la administración, sus estructuras y sus
métodos dependen de la sociedad en que se encuentra inserta, de su medio
ambiente”.
También señala a Otto Mayer, Carlos Marx, Lorenzo Von Stein, Leonard White,
Woodrow Wilson, Charles Debbasch, Charles Merrian y el latinoamericano Raimundo
Amaro Guzmán, entre otros, todos que de una u otra forma, hacen referencia a
los temas que están por fuera del organismo y por lo tanto se ubican en la
relación del Estado con la sociedad.
Se
puede deducir, que los factores históricos han influido en la concepción de la
administración pública y en los esfuerzos por examinar los requisitos
epistemológicos para catalogarla como una disciplina científica, aunque hubo
consideraciones que negaron de manera tajante, de que esta materia fuera una
ciencia, como lo dijera R.S. Parker (1973) citado por Sánchez. El caso se
aprecia con notoriedad después de 1980, cuando llegó la ola de privatizaciones
de los bienes y servicios públicos y que puso en jaque el pensamiento que
históricamente había sido el eje de la Administración Pública. Cuando llegó la
privatización, todos los pensadores se vieron envueltos en una compleja
situación que cambió el paradigma que durante siglos había perdurado en la
Administración Pública y la disciplina cayó en lo que llamaron la “crisis de
identidad”.
Para
entrar en el detalle del objeto de estudio, que debe tener esta disciplina como
cualquier ciencia, es conveniente realizar un examen al significado etimológico
de su nombre, el cuas es similar en varios idiomas como español, francés,
italiano, portugués e inglés y que se refiere al uso histórico del concepto que
desde el imperio romano se utilizaba, ya que el origen proviene del latín.
Según el Internet, proviene del latín administratio, que a su vez se
compone de ad y ministrare. Ad significa a, hacia, en movimiento; ministrare
proviene de manus y trahere, donde manus significa mano y trahere es trae o utilizamos.
Según Sánchez ya citado, “Para los romanos la administratio, voz compuesta de
ad (a, hacia) y ministrare (servir, cuidar) era la función de prestar un
servicio a los miembros de la comunidad. El elemento sustancial de la palabra lo
constituye la voz ministrare, derivada del sustantivo minister y que se refiere
a la persona que aporta el servicio. Para Mosher y Cimmino, citados por
Sánchez, “administrar quiere decir dirigir, coordinar; al menos es la
manifestación más aparente de esta actividad humana. Sin embargo, administrar encuentra
su verdadero significado en la colaboración entre diversos individuos para la
consecución de un fin común." Por
su parte el término público tiene también su raíz histórica que en la
antigüedad se refería a la función, que se hacía en representación del Estado,
para “regular y responder a las demandas y los intereses de la sociedad en su
conjunto”.
Y remata Sánchez diciendo “El sentido etimológico de la palabra administración
pública significa prestar el servicio al pueblo, es decir, al público. La idea
se encuentra asociada con la satisfacción de necesidades de carácter público,
por lo que tiene un sentido colectivo”.
De
ahí en adelante, los autores han hecho referencia al funcionamiento del Estado,
su responsabilidad o su relación con la comunidad; pero en todos los casos se
refieren a escenarios, ámbitos, campos de acción, acciones o relaciones entre
las partes, pero no entran a considerar propiamente, algún elemento que está
dentro de ese escenario o esa actividad trata, o el insumo de la acción, el
cual le imprime el carácter público. Es público porque corresponde al Estado,
pero no se precisa la especificidad de los productos que llegan a la sociedad,
resultantes de esa acción y en el terreno donde se realiza. Es público porque es del Estado y hasta ahí,
tal como se contempló desde la antigüedad, sin detenerse a definir las
especificidades, el carácter o la esencia de los bienes y servicios que llegan
a la sociedad como resultado de la administración pública.
Cuando
llegó la privatización en la segunda mitad del siglo XX, el paradigma se
tambaleó, tanto que en los años setenta se estuvo hablando de la crisis de
identidad de la disciplina. Desde hacía mucho tiempo atrás, el conjunto de
propuestas y enfoques era diverso y variado; pero cuando la situación se
agudizó, se comenzó a hablar de “crisis de identidad” y más fuerte aun, cuando
se introdujo el término del “Estado hueco”. Dice José Sánchez que “La
formación, explicación y resolución de la crisis no ha sido resuelta. Durante
las dos últimas décadas, esta crisis intelectual se ha agravado en la administración
pública por la propagación de las ideas de la privatización. El movimiento
global de la privatización, la reciente glorificación del mercado y la
demonización de la burocracia pública propiciaron un considerable cambio en la
credibilidad intelectual, normas e integridad de la administración pública como
campo de estudio”.
Con
la consolidación del Neoliberalismo como modelo económico paralelo a la
globalización, que ha ocurrido ya en el siglo XXI pero que comenzó en el último
quinto del siglo anterior, nuevos cambios ocurrieron en la ciencia de la
administración pública, como consecuencia de la ola privatizadora de los bienes
públicos. Después de Minnowbrook II (1997), nuevos elementos se introdujeron a
la conceptualización de la disciplina, conservando los fundamentos existentes
desde el comienzo del siglo XIX, pero ajustados a las condiciones del entorno
económico y social, no solo a nivel nacional sino en el ámbito global. Entra en
escena la Nueva Gestión Pública (NGP) con las variantes como el Modelo Westminster
en países como Reino Unido y el modelo de la reinvención del gobierno en Estados
Unidos.
Ya
se había señalado que los ajustes en el enfoque de la administración pública se
dieron según los cambios en el entorno económico, como cuando se abandonó el
cameralismo y la ciencia de la policía a favor de la administración pública, en
época que inició el Estado Moderno y el régimen democrático, superando el Estado
Absolutista; ahora cuando se produce otra variante en la economía pasando del
capitalismo clásico con predominio del sector industrial, al capitalismo
rentista con predominio del sector financiero y relevancia de los fondos de
inversión como mecanismo de acumulación de capital, nuevamente se producen las
modificaciones en la administración pública y surge la gobernanza, como
mecanismo para concretar la democracia participativa y la descentralización y
también el enfoque del Nuevo Servicio Público (NSP), diferente a la NGP, que
también le llaman Nueva Gerencia Pública. Antes, y después de Minnowbrook I, ya
iniciado el ataque contra el Estado del Bienestar, se había introducido el tema
de las Políticas Públicas como eje de la administración del Estado.
El
enfoque de la NGP se alimenta con el paradigma privado. Dice José Sánchez
citando a Shamsul Haque que la administración Pública entró en una crisis de
confianza donde “Uno de los indicadores en la declinación de confianza entre la
administración pública es la reciente tendencia a remplazar las normas públicas
de administración pública por las normas del mercado respaldadas por la privatización.
En las décadas de los ochentas y noventas el lenguaje de eficiencia y economía
de los negocios de administración dominan el discurso en la administración
pública”. No obstante, el mercado nació y está concebido para la operación de
empresas privadas y tienen su propio paradigma desde la época de la corriente Marginalista
de la teoría económica.
Con
la introducción del paradigma privado basado en el mercado para abordar la
administración pública, toma fuerza el enfoque de la Gerencia Pública, que ha
dado pie a varios cuestionamientos, donde se destacan quienes afirman que no es
procedente utilizar los conceptos de la teoría del mercado al pie de la letra,
cuando se trata de los bienes y servicios públicos, porque esta teoría se
refiere a la demanda y los consumidores, refiriéndose a los bienes privados; pero
que el comportamiento de los mismos consumidores en el mismo escenario, es
diferente cuando se trata de bienes públicos; y califica con el nombre de “Gerencialismo”,
al enfoque que copia el paradigma privado a “rajatabla” sin hacer los ajustes
pertinentes cuando se trata de aplicar los patrones de mercado en la producción
y distribución de bienes y servicios públicos.
Sin embargo, la realidad, es que la privatización es un fenómeno masivo y
creciente, que debe tenerse en cuenta para examinar los ajustes a la teoría de
la administración pública, la cual ha sido construida durante siglos,
contemplando el manejo de los asuntos de interés general y bien común desde el
seno del Estado, siempre, como ya se anotó, en concordancia con las
particularidades históricas en materia de economía y diseño del Estado. Cuando
era la época del mercantilismo y el Estado absolutista, fue uno; cuando llegó
el capitalismo clásico de carácter industrial y el Estado Moderno fue otro; y
por supuesto, hoy, cuando ha llegado el capitalismo neoliberal con el Estado de
Derecho, debe ser otro.
La
privatización generalizada con el soporte de la doctrina que algunos han llamado
“Neo-neoclásica” posterior al Marginalismo, cuyo exponente más connotado es el
austriaco Friedrich Von Hayek y que el alemán Wilhelm Röpke denominó
“neoliberalismo”, no es algo diferente al hecho de que lo público se trasladó
al mercado; se sacó del seno del Estado y se ubicó en el escenario del mercado.
Se trata de que durante varios siglos los bienes y servicios públicos
estuvieron a cargo del organismo y que, después de 1980, se han trasladado el
mercado, donde sí es posible que los agentes privados de la economía y las
organizaciones civiles, puedan intervenir para la producción y distribución de
este tipo de bienes. Con ello, surge la separación entre lo público y el Estado
y se rompe la confusión o identidad que durante tanto tiempo se mantuvo cuando
se consideraba que lo público y el Estado eran una misma cosa.
Para
esta época, grandes cambios ocurren en la economía y el Estado: el sector
industrial deja de ser el más relevante, la inversión directa de riesgo deja de
ser la modalidad preferida de los capitalistas y la red de empresas
multinacionales deja de ser la columna vertebral del ordenamiento económico
mundial, para convertirse el sector financiero en el más relevante, la
inversión en el mercado de capitales a través de papeles de renta fija en la modalidad
preferida del capitalista y la globalización financiera con alta injerencia de
los fondos de inversión pasa a ser la columna vertebral del ordenamiento
económico global, con libertad monetaria y alta movilidad de los flujos de
capital. Ahora se les denomina “inversores” a los agentes del capital, que
anteriormente Keynes les había llamado especuladores. Con ello, el tipo de
Estado, que a mediados de siglo se había concentrado en el enfoque keynesiano
del Estado del Bienestar, con oferta directa de bienes y servicios a la
comunidad, que luego se transforma en el organismo rector de las políticas
públicas con intervención de los actores en la solución de los problemas
públicos, todo en el marco de una política macroeconómica basada en el pleno
empleo, con control directo del gobierno usando el Banco de la República como
instrumento para tal fin, se transforma hacia las nuevas condiciones económicas.
Por parte del Estado, el organismo deja de ser oferente directo de bienes
públicos y se concentra con prevalencia en garantizar derechos, según conceptos
del antiguo Estado Social de Derecho que había sido creado por los alemanes en
los años treinta del siglo veinte; la política macroeconómica se concentra en
la estabilidad monetaria con los correspondientes ajustes en la política monetaria
donde el gobierno deja de ser el rector y la autoridad se traslada al Banco de
la República, que, supuestamente goza de autonomía, pero que por acuerdos
internacionales debe someterse a las reglas del juego de la economía global. La
estructura de financiamiento del Estado se modificó y con ello la principal
fuente ingresos hoy es la deuda adquirida en los mercados de capitales, mediante
la colocación de papeles de deuda que compran los inversores y por ello la
política fiscal se concentra principalmente en el manejo de la deuda. El
servicio de la deuda ocupa la mayor proporción de los ingresos tributarios, de
modo que la situación financiera del organismo no le permite asumir gastos para
brindar directamente bienes y servicios públicos, como trataba la
administración pública en épocas de antaño.
En
estas condiciones, el paradigma de la administración pública, que había
transitado durante dos siglos, se debe modificar. Durante todo ese tiempo, incluida
la fase de las privatizaciones, el concepto de lo público había tenido una
misma connotación, la cual se refiere a la actividad o acción del Estado y al
escenario o terreno donde se realiza esta actividad. Así, la administración se
refiere al manejo de los escenarios y a la actuación en ellos, mediante los
cuales se realiza la relación Estado-Sociedad con fines de beneficio al
conglomerado humano. Por esa razón, en el proceso de construcción de la ciencia
de la administración pública, los pensadores concentraron su análisis en este
aspecto.
Según
la teoría del conocimiento o la epistemología, disciplina esta que se encarga
de determinar los requisitos para establecer el conocimiento científico y
determinar cuándo un proceso de conocimiento es ciencia, toda ciencia tiene un
objeto de conocimiento. Si bien la epistemología actualmente cuenta con dos
enfoques: por un lado, el denominado la “epistemología de la modernidad”, que
señala las características del método científico desde la época en que esta
disciplina se desprendió de la filosofía, cuando se estaban construyendo las
ciencias naturales por allá en el siglo XVIII, y que algunos le llaman
epistemología clásica, por un lado; y por el otro lado, la denominada “epistemología
de la postmodernidad”, que se monta sobre la crítica y los cuestionamientos a
la primera, y propone algunas modificaciones principalmente en el método, ambas
teoría aceptan la existencia de un “objeto de conocimiento” o sea una realidad
que se pretende conocer con la ciencia y la obligación de ésta de llegar a la
verdad del mismo. Así que el principal motivo para la reflexión y el análisis,
ha sido y es, el “objeto de conocimiento de la ciencia de la administración
pública”.
Si
revisamos la investigación de José Juan Sánchez en la obra citada en este
artículo, lo mismo que la investigación de Luis Humberto Fernández (2016),
vemos que todos los actores que se refieren al objeto de conocimiento y a las
confrontaciones basadas en la realidad del país que examinan, tratan de variantes
o aspectos diversos, pero en todos los casos están hablando del objeto de
conocimiento. Por ello, cuando llegaron las privatizaciones, se generó una
crisis de identidad en la administración pública, que se profundiza con la
introducción del paradigma privado y los conceptos asociados a la teoría del
mercado. Dice Sánchez que “Debe revalorarse en el concepto de administración
pública, lo público, para iniciar su análisis crítico y su reconstrucción, con
relación a distintos significados que no le pertenecen”
y más adelante destaca la necesidad de revitalizar esta disciplina para
afrontar el nuevo milenio.
Retomando
la anterior frase de Sánchez, de que en el concepto de administración pública
debe revalorarse lo público, este escrito considera que es ahí, precisamente,
donde está el meollo de la definición del objeto de conocimiento para cumplir
las reglas epistemológicas. Si se examinan los términos del debate y las
confrontaciones que se han dado durante dos siglos, podemos concluir que, si el
objeto se ubica en el concepto de lo público, y no en la acción del gobierno ni
en el escenario donde se realiza esta acción, se aprecia con más claridad cuál
es el alcance de esta disciplina de conocimiento y se puede precisar con más
facilidad el cumplimiento de las reglas epistemológicas para alcanzar la
categoría de ciencia. En este caso, es más preciso decir que se trata de la
“Administración de lo Público”, en lugar de “Administración Pública” y a la
anterior disciplina llamarle “Administración del Estado”, de modo que nos
quedaría, por un lado, la Administración de lo Público y, por otro lado, la
Administración del Estado.
Si
consideramos “lo público” como objeto de conocimiento de esta ciencia, veamos
primero lo que señala Ornar Guerrero citado por José Sánchez: “Entre los
pueblos indoeuropeos de la antigüedad era de empleo común en sus lenguajes la
raíz pul (multiplicidad, amplitud); en Grecia de ella derivó la palabra polis, misma
que dio origen a la palabra política; en Roma la raíz pul inspiró la palabra
populus (pueblo), adjetivado en publicus (público). Ambas palabras, política y
pública, entonces, ostentan una significación de identidad por cuanto que tienen
ambas una referencia a lo colectivo, común o conjunto.”.
En
el libro de Cerón (2023)
se encuentra el siguiente texto: “El término viene del vocablo latino publicus
la cual a la vez proviene del término populicus que significa lo perteneciente
al populus, este último que se refiere a pueblo. En el lenguaje contemporáneo,
el término puede ser sustantivo o adjetivo, según la connotación que se le
imponga. Los objetos a los que se
refiere el tema de lo público han existido en la humanidad desde el origen
mismo de la especie, pero la connotación que hoy tiene el concepto, apareció
más recientemente como resultado de dos procesos históricos: Por una parte, el
proceso que llevó la concentración de lo público al seno del Estado y por otra
parte el proceso histórico que incluyó en la política a los “nuevos ricos” de
esa época, es decir, aquellas personas sujetos cuya riqueza no provenía de la
renta de la tierra, como la de la aristocracia feudal, sino de la actividad
empresarial, en ese entonces, la actividad manufacturera. Fue el paso de la
sociedad feudal hacia la sociedad capitalista, lo que relevó el concepto y le
dio la dimensión con la que lo conocemos hoy; por cuanto ubicó la dimensión de
lo público en el conjunto de la sociedad, haciendo de este tema un asunto de
conocimiento amplio, como por ejemplo el interés público, las libertades
públicas, la seguridad pública o la opinión pública. Si bien decimos que lo que
llamamos “público” estuvo presente desde tiempos inmemoriales, a lo que hoy se
hace referencia es a su separación del otro campo, el privado, que emerge en la
esfera del pensamiento, cuando surgen capitalismo y liberalismo, después de la
ruptura histórica con los lazos feudales…. En las opiniones callejeras se
escucha pronunciar el término “público” con diversidad de intenciones. Algunas
veces, cuando se hace referencia a un sujeto; otras cuando se trata de un
objeto; y también cuando se hace referencia a un proceso de contacto entre
sujeto y objeto. Se le denomina público cuando se cita a una entidad como
sujeto; también cuando se refiere a un espacio como objeto; y también cuando se
trata de un servicio que un sujeto le brinda a un objeto. Se le llama público a
un asunto donde todos pueden intervenir porque es abierto y a vista de toda la
gente, diferenciándolos con los que son reservados a la privacidad de la
persona y que se tratan en la intimidad o en lugares privados”.
Citando
a Modesto Saavedra, Cerón señala que “Ya lo decía Modesto Saavedra de la
Universidad de Granada España en un artículo publicado en la Revista “Derechos
y Libertades” editada por el Instituto Bartolomé de las Casas: “persona
pública, actividad o prestación pública, asociación pública, interés público,
etc., son expresiones en las que el adjetivo público puede tener en cada caso
significados diferentes. Tales significados dependen de aquellas connotaciones
referentes al espacio (y, por tanto, a la visibilidad y accesibilidad), o bien
a la naturaleza de los intereses en juego. Una persona o personaje público
puede merecer tal calificación por el hecho de ser generalmente conocido o
famoso, pero también por tener alguna relación con intereses generales, como es
el caso de la persona que ocupa un cargo en la Administración del Estado. Una
actividad, una prestación o un negocio realizado por una persona puede ser
público por el hecho de estar abierto a todos, pero también por estar al
servicio de intereses generales especialmente cualificados, adquiriendo
entonces la categoría de servicio público. Una asociación puede estar abierta
al público en general, es decir, puede no restringir la afiliación de sus
miembros a un número limitado de personas, y no ser una asociación de carácter
público por no estar vinculada, al menos oficialmente, a interés general de
ningún tipo. Un asunto puede ser de interés público por el hecho de suscitar la
atención de la gente en general, o bien por afectar a un interés general
objetivo y especialmente relevante.”
También se hace referencia a lo público cuando un objeto es apto para
satisfacer el interés público, cuando cumple una finalidad pública, cuando
pertenece a un sujeto público, cuando sirve para uso o disfrute colectivo,
cuando se utiliza en un servicio público, cuando es de alguna rama del Estado,
cuando es necesario para cumplir una función pública o cuando la propiedad es
pública”.
Como
se puede ver, la palabra público tiene varias aplicaciones y en una mirada
desprevenida, hasta se produce confusión porque al escucharla, no se sabe a
ciencia cierta de qué se está hablando. En todos los casos la referencia es de
tipo empírico, descriptivo, superficial, aparente o externo; pero siempre queda
el interrogante sobre ¿qué hay detrás de ese objeto que se percibe o se ve por
fuera? ¿Cuál es el alma de ese elemento que le imprime el carácter público?
En
resumen, en este siglo XXI, la reforma a la ciencia de la administración
pública en la postmodernidad, debe referirse al cambio del objeto de
conocimiento. Se propone que este objeto sea “el manejo de los bienes públicos”,
lo cual implica que se deben realizar otros análisis y reflexiones, para
identificar y definir en términos científicos, exactamente cuáles son los
bienes públicos que constituyen el objeto de manejo de la ciencia de la
administración. Se sabe que son públicos los bienes de interés general que nos
competen a todos, pero aún queda pendiente por caracterizar la esencia de estos
bienes. ¿Por qué un elemento, tangible o intangible, es de interés general y
compete a todos? ¿Cuál es la esencia o el alma de ese bien que le permite
alcanzar esa categoría? Es necesario establecer con precisión, por qué un
objeto tangible o intangible, es de interés general y por qué les compete a
todos los individuos de la especie, por lo cual se debe administrar
científicamente; y así, tendremos claridad sobre el ajuste de la ciencia de la
administración pública en el Siglo XXI.
