EL DERRUMBE DEL PAÍS

Quienes nacieron después de 1980, no conocieron el capitalismo clásico con el Estado del Bienestar, que existía antes de esa fecha, con políticas económicas de pleno empleo y políticas sociales humanistas. Ya su vida la han pasado dentro del capitalismo neoliberal y es lo único que conocen, motivo por el cual, les parece muy extraño y estrambótico, que hoy el gobierno actual esté tratando de desmontar las políticas neoliberales y de recuperar algunos aspectos de la función natural y biológica de la Rama Administrativa del Estado, con sentido humanista y orientado hacia el bien común. 

Desde 1958, y probablemente desde antes que no me consta, el gobierno ha estado en manos de las elites familiares, las castas y los clanes políticos que siempre han administrado la cosa pública para su propio beneficio y que ahora, en este siglo, además, aprovechando la privatización neoliberal de los bienes públicos, se han aprovechado con más fuerza para sacar las tajadas que engordan sus bolsillos. Entonces, cuando se sienten afectados sus intereses, ya sea porque cambia de mano el manejo de los recursos públicos o porque se les impide mantener el saqueo tradicional, arman el escándalo y utilizan sus aparatos ideológicos y equipos mediáticos para defender sus intereses, distorsionando la verdad ante la opinión pública, señalando otros motivos para el ataque, diferentes a la defensa de sus propios intereses. 

Cuando montaron el modelo neoliberal, que inició Virgilio Barco y consolidó Gaviria, no hubo escándalo, porque lo vendieron como la gran transformación histórica, que, a palabras de Gaviria, era el “bienvenidos al futuro”, que el mundo recién estaba conociendo y que se había basado en un ataque feroz al Estado del Bienestar, para imponer el modelo neoliberal, distorsionando o transformando el Estado Social de Derecho que inicialmente habían creado los alemanes en los años treinta.

Ahora, que el neoliberalismo está empotrado en la conciencia de la ciudadanía y que dispone de tecnología eficaz en las comunicaciones, aprovechan sus beneficiarios desplegando, también un ataque feroz, para defender sus privilegios, hoy, además, contaminados con la corrupción más putrefacta. Que se defiendan sus negociados está bien; es la conducta normal del ser humano; pero que no escondan los verdaderos motivos de su campaña de desprestigio al gobierno, que está desmontando las políticas neoliberales que tanto daño le han hecho a la comunidad nacional, principalmente por la descomposición social y la desintegración familiar, derivadas del desempleo, la concentración de la riqueza y el saqueo a los bienes públicos. Están presentando las propuestas de modificación a las políticas neoliberales como una tragedia, que para muchos es verdad porque solo conocen esta modalidad de capitalismo; pero si se profundizara en el análisis objetivo de la situación, se podría comprender que es una falacia lo que están presentando como el derrumbe del país. 

EL DAÑO DEL GERENCIALISMO

Desde 1991 viene Colombia adelantando un proceso de transformación del modelo administrativo del Estado, pasando del modelo burocrático que imperó durante gran parte del siglo pasado, a la implementación del modelo gerencial, que debió tomar fuerza ya en el presente siglo. Pero hoy, en el tercer decenio del siglo, el balance es más desfavorable que favorable en materia de eficacia, eficiencia y efectividad, representada, esta última, en la solución de necesidades y problemas sociales, como rezan los fines esenciales del Estado. 

Si queremos encontrar un culpable, debemos fijar la mirada en el DAFP, cabeza del sector institucional del ramo, de donde parten las orientaciones sobre los procesos de ajuste de la gestión pública. El organismo toma de manera dogmática las recomendaciones del CLAD y con ello promueve el establecimiento de modelos y mecanismos administrativos en todos los organismos de la rama administrativa del poder público. Desconoce el DAFP, o se hace el bobo, que la administración pública es una ciencia y que como tal, contiene el método científico; tampoco reconoce que la ciencia es un medio intelectual y académico que cumple requisitos epistemológicos, mientras que la rama administrativa es un conjunto institucional que se rige por normas jurídicas, pero que tienen la obligación, si quiere, de aplicar criterios científicos en los procesos y procedimientos que le dan vida a las normas jurídicas de obligatorio cumplimiento. 

Para implementar el nuevo modelo de hacer administración pública, han tomado, calcado o copiado, al pie de la letra, el paradigma privado y a raja tabla, han introducido al interior de la administración pública las herramientas propias para navegar en el mercado, tal como lo hace la empresa privada, que es de propiedad privada y que produce bienes y servicios privados. No se detuvieron a reflexionar que los bienes y servicios públicos tienen otra dimensión diferente, donde el paradigma del mercado, copiado al pie de la letra, no genera los alcances adecuados en los instrumentos concebidos y diseñados para maximizar las ganancias de los empresarios. 

Retomaron de la gerencia privada de los años cincuenta y de los años ochenta los parámetros, aplicados principalmente en las empresas norteamericanas, y los tratan de meter a la brava en el sistema operativo de las empresas que producen bienes públicos y que pertenecen al Estado. Es el enfoque “gerencialista”, que, transcurrido un cuarto de siglo, desde la Ley 489 de 1998, no ha dejado los frutos esperado en materia de satisfacción de necesidades y problemas de la comunidad, ni de mejoramiento de las condiciones de vida, como le corresponde al organismo rector de la sociedad. En lugar de crear un paradigma, que tome los fundamentos gerenciales, pero adecuados a la función pública, que se adapten a la realidad específica tanto del país como de las características de los bienes públicos, insisten en calcar el enfoque privado al pie de la letra, más con sentido gerencialista, que con el propósito de crear un paradigma propio de gerencia pública.

Y para agravar la situación, la ESAP, establecimiento público creado con funciones universitarias y que por lo tanto está obligada a contribuir al desarrollo científico de la administración pública, se mantienen aislada de la realidad de la Rama Administrativa, el sitio donde se aplican los productos académicos que deben salir de dicha escuela, dejando a la deriva el proceso de transformación del Estado y tolerando en el ejercicio institucional el daño del gerencialismo.  

EL MEOLLO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ

A los neoliberales les cuesta mucha dificultad entender el tema social de la pensión de vejez, porque su enfoque es puramente financierista y han reducido el caso a un ahorro privado, que se acumula durante la vida laboral del individuo y se le retorna cuando llega a la edad establecida por la ley, independientemente de que esta edad sea o no la más adecuada para recibir la retribución. Siempre financierista y siempre privado. 

Pero existen otros enfoques sociológicos para abordar el análisis del fenómeno de las pensiones, como por ejemplo el que se sustenta en el marco conceptual del Desarrollo a Escala Humana, que se aleja del financierismo y le imprime un tratamiento a la vejez con sentido humanista. En este caso, la pensión es un satisfactor de la necesidad humana de protección, que todos los individuos vivos de la especie, requieren cuando han llegado a la tercera edad y su capacidad humana ya no puede ser productiva. Como todos los individuos de la especie llegan algún día a esta situación y como la necesidad no es un capricho creado por la mente humana sino un requerimiento biológico creado por la ley natural, ese satisfactor de protección es de carácter público, independientemente de que el satisfactor lo administre el Estado o una entidad privada. Es decir, la pensión no es privada y siempre será pública, debido a su origen biológico, en concordancia con los principios filosóficos y sociológicos del Estado Moderno. 

En cumplimiento de los fines esenciales del Estado consagrados en la Constitución Política, el organismo debe establecer un mecanismo para el manejo social de este bien, que compete y les interesa, a todos los individuos del conglomerado social. Dicho mecanismo es, y debe ser, público, porque trata de la solución de una necesidad básica humana creada por la ley de la naturaleza. Por supuesto, dicho mecanismo incluye un componente de financiamiento que implica aportes de los mismos individuos durante el tiempo de su etapa laboral y también del Estado, con recursos provenientes de los impuestos. En ambos casos, los aportes al financiamiento son de carácter público, así salgan de los bolsillos de los mismos cotizantes; es una contribución individual para el financiamiento de un sistema de interés general que compete a todos, como reza la definición de lo público. Una vez hecho el aporte del cotizante, ese dinero se convierte en público y hace parte del patrimonio público porque entra al mecanismo público mediante el cual se financia el pago de la pensión a quienes lo requieren por razones de su edad; simultáneamente, crea su acreencia para tener derecho a percibir su pensión cuando sea necesario. Y así, el monto de la pensión no debe estar condicionada a la cuantía de los aportes, sino a las características de la necesidad humanas, fundamento humanista que, por supuesto, es de difícil aplicación por razones de viabilidad financiera. 

Pero los neoliberales no entienden ese enfoque humanista de la política pública de amparo a la vejez; para ellos, los bienes públicos deben ser privatizados, tanto el operador del sistema, como los recursos para su financiamiento y por eso su propuesta es que el cotizante realice un ahorro privado que luego se le retorna cuando sea mayor. Eso, por supuesto, no es una pensión de vejez de carácter público sino un esfuerzo privado para sí mismo, lo cual se aleja de la esencia de los bienes públicos y el enfoque a escala humana de las condiciones de vida, ya que todas las personas deben contribuir a la solución de las necesidades de todos, sometiendo el interés individual por debajo del interés general y el bien común. 

En esas condiciones, el debate que actualmente se lleva en Colombia sobre la reforma al sistema pensional, nunca tendrá un acuerdo porque se habla un lenguaje diferente. Mientras se siga discutiendo en términos neoliberales, nunca habrá solución social y humanista. Si la discusión se realiza en el escenario neoliberal, siempre el peso de la propiedad privada y el enfoque financierista será privilegiado y brindará los argumentos para las decisiones que finalmente se adopten para el diseño de la política y se mantendrá escondido ante la opinión pública, el meollo de la pensión de vejez.