QUE COMAN DE SU PROPIO COCINADO

Desde que se promulgó la constitución política neoliberal en 1991, se crearon condiciones para la privatización de los bienes públicos y con ello, se le abrieron las agallas a los empresarios ambiciosos e inescrupulosos, que vieron en este campo grandes negocios lucrativos, que podían dejar jugosas utilidades, en razón a las especificidades del mercado de este tipo de bienes que ofrece importantes ventajas: los bienes públicos tienen una curva de demanda con elasticidad-precio inelástica o rígida, que crea condiciones favorables al mercadeo y con ello, a la simplicidad de las estrategias de penetración de mercado, de fidelización de clientes y en general de aseguramiento de las ventas. A los clientes no hay que capturarlos, sino que ellos hacen fila para comprar y llevarle el dinero a la empresa vendedora. Con estas ventajas de mercado cautivo, los inversionistas no dudaron en entrar en el juego de las privatizaciones y muchas veces, recurriendo a los métodos corruptos, lograron la concesión o adjudicación del negocio que, en la mayoría de los casos, tiene condiciones monopolistas u oligopolistas que mejoran el negocio. 

Pero otro aspecto de las condiciones de mercado, además de la elasticidad de demanda, no vieron los empresarios privatizadores. Los economistas llaman “función demanda” a una relación de variables que también inciden en la cantidad de producto o servicio que se concreta en ventas. Una de estas variables es la conducta del consumidor, que actúa con su propia lógica y su comportamiento en el mercado juega un papel importante en la relación con el vendedor y, por supuesto, con las estrategias de marketing que se debe aplicar. La racionalidad del consumidor que determina su conducta, es diferente para los bienes públicos que, para los bienes privados, porque en los bienes públicos hay un factor innato derivado de la ley natural, que modifica la racionalidad acostumbrada en el consumo de los bienes privados. Así, el marketing y las relaciones con los clientes se revisten de situaciones difíciles, muchas veces conflictivas o de confrontación, que la empresa privatizadora tiene que asumir. 

Y claro, cuando llegan los conflictos con los consumidores, vienen las lamentaciones y lloriqueos, quejándose por las dificultades en la operación de la empresa, que, a pesar de la complicidad y apoyo de la superintendencia respectiva, le crea problemas que se vuelven intolerables y con alto riesgo para la situación financiera. Le lloran a papá gobierno, para que les brinde auxilio, logrando en la mayoría de las veces, que el gobierno alcahueta les saque del apuro, sacrificando el bienestar general y el bien común.  

El interrogante que surge inmediatamente es: ¿para que se metieron en esa empresa, si saben lo que implica el negocio con bienes públicos? 

Pero en todos los casos acuden al Estado para que les tienda la mano, so pena de que le pongan una demanda en contra, la cual tiene una alta probabilidad de que la gane el privado, porque los corruptos que firman la privatización, elaboran minutas leoninas que, por lo general perjudican al organismo, de modo que a los jueces les queda fácil fallar.    

Es una historia de nunca acabar. Los empresarios que se meten en negocios sobre bienes públicos, deberían asumir las consecuencias de esta operación, porque es por su propia iniciativa que lo hacen. Al final siempre ganan, pero después de larga trayectoria de conflicto donde hay dolor de cabeza para muchos actores, por lo cual, en los casos de privatización de los bienes públicos, lo más indicado para el bienestar general, donde a los empresarios privados no se les ha llamado, sino que entran por su propia iniciativa, ante el surgimiento de los problemas y conflictos, que coman de su propio cocinado.

LOS 30 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN

Hace treinta años, por esta misma época, desde las altas esferas del Estado nos dijeron que Colombia había llegado al paraíso terrenal; que pronto correrían ríos de leche y miel por toda la geografía nacional gracias a que se había promulgado la nueva Constitución Política. Todavía estamos esperando tanta belleza y, en cambio, podemos ver: que las finanzas públicas están arruinadas, que la deuda pública se ha multiplicado por cinco, que el aparato productivo criollo se ha secado, que el desempleo se ha incrementado al doble, que la inequidad social se ha agudizado como se puede ver en el coeficiente de Gini el cual hoy es de 0,54, cuando en esa época, era de 0,47 lo que significa que se ha aumentado la concentración de riqueza en unos pocos aumentando la cantidad de personas en pobreza; que la población en situación de miseria sobrepasa el 16 % del total nacional según el DANE, que la descomposición social y la desintegración familiar ya llegan a niveles espeluznantes y que, como se puede ver en las calles, el descontento social y la protesta tiene manifestaciones nunca antes vistas, lo que permite concluir que engañaron a los colombianos cuando Gaviria Dijo en su discurso de posesión que “bienvenidos al futuro”. 

Hoy, después de treinta años, aún quedan interrogantes que resolver y que, quienes conocieron la situación como Cesar Gaviria y Rudolf Hommes, no le han explicado al país. Por ejemplo: no han dicho quienes financiaron el movimiento de la séptima papeleta; qué papel desempeño el Instituto para la Economía Internacional (IIE) de Washington que hoy se llama Instituto Peterson; cuál fue la participación del señor John Williamson quien, según la página web de ese organismo, manejó un presupuesto de 18 millones de dólares; no se ha informado que movimientos oscuros se realizaron por debajo de la mesa, cuando Alfonso López dijo que no se podía hacer asamblea constituyente y la Corte Suprema emitió un concepto con argumentos triviales diciendo que sí, que porque el Congreso estaba deslegitimado en razón  a la corrupción, cuando lo cierto es que ese organismo comparado con el Congreso de hoy, era un claustro de monjitas de la caridad; y más delante la misma Corte Suprema, también como respuesta al expresidente López que habló sobre los alcances de la Asamblea, que había sido elegida para reformar la Constitución de 1886, la Corte dijo que sí podía hacer una constitución nueva y diferente a la existente; no se ha explicado qué ocurrió cuando la prensa informó que se había borrado el archivo del computador de la secretaría con los registros sobre lo aprobado; tampoco por qué Jacobo Pérez Escobar, como secretario general, dijo que él no había certificado el texto de la nueva carta. Igualmente, no conoce la opinión pública por qué arrebataron el Banco de la Republica de las manos del gobierno nacional para ponerlo de rodillas al servicio del Banco de Pagos Internacionales (BPI) con sede en Suiza, con un supuesto y falaz argumento de la autonomía del organismo.

Lo que sí está claro es que la caracterización del Estado, consagrada en el primer artículo de la Carta, no se ha cumplido a cabalidad, tal como lo propusieron sus fundadores. Los alemanes, encabezados por Hermann Heller, en 1930 crearon el Estado Social de Derecho para elevar a la categoría de derechos las necesidades humanas con el fin de que el Estado les brindara la atención requerida; pero en Colombia torcieron este concepto y han utilizado este tipo de Estado solo para disminuir el gasto público al mejor estilo neoliberal, reemplazando la responsabilidad del organismo en materia de suministro de bienes públicos, por la garantía de los derechos que no es exactamente lo que encierra el espíritu del estado creado en los años treinta. El balance entonces es desfavorable y no es, como dicen algunos, que la Constitución no se ha cumplido; al contrario, se ha cumplido al pie de la letra porque ha permitido expedir las leyes necesarias para brindar piso jurídico a las políticas neoliberales que las élites de poder han impuesto durante los 30 años de la Constitución.