GRAN PACTO NACIONAL POR EL AGRO

El sector agropecuario colombiano siempre ha presentado un carácter dual con unos linderos claramente definidos, que permiten diferenciar dos subsectores con especificidades propias, que requieren también claras diferencias en las intervenciones de política sectorial. Por un lado, un componente llamado “moderno”, ubicado principalmente en suelos de topografía plana y condiciones agrológicas y edafológicas privilegiadas, fácilmente mecanizable, con propiedad de grandes terratenientes y actividades económicas típicamente capitalistas. De otro lado, en las zonas montañosas, un sector conocido como “tradicional”, con formas de tenencia minifundista, frágiles frente a la erosión, sin posibilidades de mecanización y dificultades para el riego, donde se concentra la economía campesina con formas precapitalistas de producción y cambio, pero dónde se produce el gran volumen de especies y variedades que constituyen la canasta familiar.

No se sabe para cuál de los dos serán los recursos de la prórroga del punto que se pretendía eliminar del 4 por mil, pero desde ya, desde el lanzamiento de lo que el gobierno ha denominado el “gran pacto por el agro”, se vislumbra que el apoyo le apuntará al subsector moderno, o sea al de los terratenientes capitalistas; pues han sido los gremios que agrupan a estos empresarios, los que estuvieron presente en el lanzamiento y entregaron al gobierno extensos documentos con propuestas de mejoramiento, obviamente para ellos.

Las zonas de economía campesina cuya estructura productiva es atomizada, afrontan serias dificultades para la comercialización, por lo cual exigen infraestructura y mecanismos comerciales adecuados a las condiciones del mercado, hoy globalizado y por ello con mayores talanqueras para el mercadeo, las cuales, sin la intervención apropiada del Estado, no podrán superar y cualquier otro esfuerzo será vano. Ya lo enseño el Programa DRI de López Michelsen: no bastan el crédito, el riego, la asistencia técnica, el mejoramiento social y comunitario, si no se resuelve estructuralmente el problema de la comercialización, que necesita de acciones esencialmente estatales para crear la correcta dotación de medios físicos y mecanismos operativos.

Pero, tiene el Estado la capacidad técnica e institucional suficiente para responder de manera consecuente con lo que la economía campesina necesita? Será que el pensamiento neoliberal de baja intervención estatal le permitirá, por ejemplo, suministrar la infraestructura de acopio, frio, almacenamiento, beneficio, intercambio regional, operación mayorista y distribución detallista? Será que el Estado tiene capacidad de establecer los mecanismos como los de articulación de canales, sistemas de información, suministro logístico, economías de aglomeración y demás procesos de superestructura necesarios para la colocación de los productos cerca del consumidor final o en los mercados internacionales? Ojalá que no haya sido sólo para neutralizar el paro, las marchas y los bloqueos viales y termine siendo un cuento, el gran pacto nacional por el agro.

EL ALCANCE DE LAS COOPERATIVAS

Muy pertinente el artículo de Sigifredo Turga en este diario cuando nos recuerda el piso jurídico de nivel constitucional que tiene la economía solidaria, hoy que el país está pensando en soluciones necesarias y consecuentes para la gran crisis que ya está llegando con todo su poder destructivo, como efecto del modelo económico que ya tiene más de dos décadas en Colombia. Hace como quince años, cuando se habló de privatizar la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán, una propuesta presentada a través del diario El Liberal acerca de crear una cooperativa agrupando a todos los usuarios para comprarla, tuvo buena acogida pero el Artículo 17 de la ley 142 de 1994 hizo que la alternativa no fuera viable. Los servicios públicos de las grandes ciudades, que son rentables, están reservados para los capitalistas mercantiles, limitando solo los servicios comunitarios y veredales a las empresas cooperativas.

Pero más allá de la privatización de los servicios públicos y la opción que tienen las cooperativas, siempre que se modifique la ley, la economía solidaria encierra en sus fundamentos importantes fortalezas que pueden ser alternativas de solución para la situación socioeconómica y el desarrollo nacional. Lástima, eso sí, que nuestra cultura individualista y personalista es una debilidad muy grande para esta modalidad de organización empresarial y más lamentable aún, que el gobierno tiene al sector cooperativo como la cenicienta del cuento. El tipo de cooperativas que ha tendido éxito ha sido el de ahorro y crédito y el de las financieras, porque los asociados van detrás de un préstamo; o si no, no hubieran progresado. Muy pocas son las grandes cooperativas en otras ramas de la actividad económica. Y por el lado del apoyo gubernamental, basta ver como, por presión de los grandes bancos, el mismo gobierno llevó a la crisis del cooperativismo del último quinquenio del siglo pasado.

La cooperativa es el más eficaz mecanismo para crear capital social en cualquier comunidad, capital este sin el cual es muy difícil generar procesos de desarrollo endógeno en una región. La cooperativa es el mecanismo más adecuado para propiciar la democratización de la economía haciendo a los pobres propietarios de los medios de producción. La cooperativa es la alternativa más razonable para hacer empresas de gran capital con alto grado de competitividad, capaces de subsistir en la economía globalizadas, como contraposición a los emprendimientos de microempresa, que como muestran las estadísticas, el 85 % fallece en los dos primeros años de vida. En fin, necesitaríamos mucho papel para señalar con más detalle y extensión el alcance de las cooperativas. 

EL NICHO NATURAL DE LO PÚBLICO

Desde que nació el Estado, hace miles y miles de años, lo público siempre estuvo dentro de este organismo y sólo hasta finales del Siglo XX, alguien se atrevió a sacarlo de sus entrañas para llevarlo al mercado con la finalidad de que se pudiera privatizar la administración. Los asuntos de interés general que nos competen a todos, son anteriores al Estado; nacieron desde la época del comunismo primitivo por razones de la ley natural y el Estado Moderno, que nació paralelamente con el sistema capitalista, acentuó más la localización de lo público en el seno del Estado, por contraste con lo privado que tomó fuerza en este sistema económico.

Nunca antes en la historia de la humanidad, sólo hasta cuando surgió el Capitalismo Rentista, que cogió al Estado de marrano para su lucrativo negocio de especulación, sustentado en la doctrina neoliberal el capitalismo postindustrial se inventó el cuento de que el Estado es mal administrador y que por eso hay que privatizar lo público, ocultando la verdad de que las fallas no están en el organismo, sino en el régimen político clientelista, politiquero y corrupto, por un lado, y que el rentismo necesitan quitarle carga de gastos al Estado para dedicar los dineros de los impuestos principalmente a pagar el servicio de la deuda que tiene con los especuladores del dinero.

La recolección, manejo y disposición final de residuos sólidos ha sido, es y seguirá siendo un asunto público por las múltiples conexiones directas e indirectas con la ley natural, lo cual además ha sido un negocio rentable por la facilidad de manipular los ingresos mediante la imposición de tarifas. Por eso  el manejo de este servicio ha sido de gran atractivo para los capitalistas inescrupulosos que pretenden llenarse los bolsillos por cuenta de los bienes públicos. Pero las experiencias en Colombia, aplicadas por presión de las fuerzas de poder internacional, no han colmado las expectativas creadas mediáticamente para las privatizaciones. Lo cierto es que en materia de manejo urbano de residuos sólidos, está todavía por comprobarse la falacia de que las empresas privadas son eficaces en el manejo de lo público.

Ahora el gobierno municipal de Popayán está pensando la idea de crear un organismo para que asuma la tarea de manejar residuos sólidos aquí, donde la experiencia ha sido tan desagradable. No sabe qué tanto le piensa a eso, que tiene todos los argumentos a su favor, siempre que la empresa se maneje con sentido gerencial y se eviten el clientelismo, la politiquería y la corrupción, para que se constituya en un caso donde el Estado vuelva a ser el nicho natural de lo público.

LA ESPADA Y LA PARED DE SANTOS

Históricamente, las fuerzas del poder económico internacional han impuesto en los países atrasados y pobres, los paradigmas, modelos y políticas que les convienen a ellos, los ricos del mundo, los cuales casi siempre son antagónicos a los intereses y conveniencias de los pueblos de los países receptores. Para ello, siempre han necesitado de una oligarquía criolla como la colombiana, que tanto criticó Jorge Eliécer Gaitán, cuya postura es entreguista y antipatriótica, a cambio de las migajas que los ricos del mundo dejan caer de la mesa. Así, hoy vemos en Colombia que los hijos de los viejos políticos, quienes manejan el Estado, ocupan los cargos de ministros, viceministros o directores y se dedican a disfrutar del puesto mediante cocteles en los clubes sociales, viajes al exterior con viático y pasajes pagados por el fisco y a acumular semanas para una jugosa pensión. Creen que eso es gobernar y que les dieron el cargo sólo para echar vacanería.

Las fuerzas de poder mundial presionan al gobierno con mecanismos jurídicos del derecho internacional, que se legitiman con leyes internas, mediante los cuales imponen las políticas de sus conveniencias, que son vigiladas a través de los organismos multilaterales. Le chuzan el pecho al gobierno con amenazas de sanciones internacionales si llegan a evadir la imposición, que hoy en el sector financiero y fiscal empujan con el FMI y en el sector real con la OMC. La oligarquía, que recibe algunos beneficios del negocio, como el de las importaciones, se encanta con la situación y se olvida que en el interior del país existe un pueblo que aguanta y aguanta, pero no se sabe hasta cuándo.

Por otro lado, el gobierno se encuentra con un conjunto de situaciones internas, que al principio, como la enfermedad del cáncer, no se sienten. La gente del común se limita simplemente a comentar y quejarse en las conversaciones barriales y familiares, pero que van acumulando una energía social de descontento que no se sabe cuándo ni cómo revienta y es ahí, cuando el gobierno se ve en serios problemas.

Así está Santos ahora. El pueblo está levantado en protestas que políticamente no le convienen por motivos de reelección y aunque reconoce que las manifestaciones son justas por la grave situación que vive la economía rural y aunque su corazón le diga que debe atender las peticiones del campesinado, ahora es víctima del mismo invento de la oligarquía que firmó los compromisos e hizo aprobar las leyes que están llevando el país a la debacle. La capacidad de aguante de las comunidades rurales se agotó y las medidas cortoplacistas y coyunturales que está tomando para aplacar la protesta no son suficiente por lo que está posponiendo para dentro de unos años un levantamiento generalizado que inclusive, adicione las comunidades urbanas, por lo que se ve muy difícil que por ahora puedan desaparecer la espada y la pared de Santos.