LA TRANSFORMACIÓN DEL CAPITALISMO

El mundo académico pocas bolas le ha puesto a las causas de los cambios que vienen ocurriendo desde hace tres décadas en diversas disciplinas de conocimiento dentro de lo que se ha dado a llamar el capitalismo postindustrial, los cuales se manifiestan en las teorías de varios campos del conocimiento. Por lo general los autores se limitan a describir los cambios y a dar explicaciones sobre el contenido y significado de los mismos, pero casi no profundizan en las raíces que han dado origen a nuevos enfoques en teorías de las ciencias sociales como la economía, la sociología, la geografía, el derecho internacional, la ciencia política y hasta en el mismo paradigma del conocimiento que soporta toda la construcción de la epistemología.

Desde épocas remotas de la historia humana, hemos conocido fenómenos cuya raíz se encuentra en los intereses de las élites de poder económico del momento, incluyendo aspectos relacionados con la teoría y las disciplinas de conocimiento. Es decir, no solo los procesos políticos se derivan de la influencia de los grupos de poder económico, sino que también en la esfera de conocimiento se producen novedades cuya explicación no es otra que el cambio de los actores sociales donde se concentra la mayor riqueza y este fenómeno no puede estar ausente en la realidad presente del mundo globalizado. El cambio del Capitalismo Empresarial al Capitalismo Rentista con todo el arrastre económico, ideológico y político, fue la consecuencia del traslado de la riqueza del mundo desde el sector secundario de la economía, al sector terciario, dejando así de ser los ricos del mundo los industriales que durante mucho tiempo estuvieron agrupados en empresas multinacionales, para pasar a ocupar ese privilegiado lugar los capitalistas rentistas agrupados principalmente en los fondos de inversión. Luego se tomaron el poder de Estado a partir de la elección de Reagan en USA y Thatcher en RU y desde ahí, desplegaron toda la transformación que hoy conocemos como la postmodernidad o el capitalismo postindustrial.

No es que antes no haya habido rentistas, que son tan antiguos como la economía misma, ni que hoy no haya empresarios; la esencia del cambio radica en el control del poder de Estado y en la utilización de las políticas a favor de sus intereses. Antes, bajo el enfoque keynesiano del Estado Interventor-Benefactor, las políticas privilegiaban a los ricos, como siempre, pero industriales, hoy las decisiones del gobierno favorecen igualmente a los ricos, pero a los capitalistas rentistas, resguardados en los fondos, cuya inversión realizan principalmente en papeles de renta fija exenta de impuestos y prioritariamente en las emisiones del gobierno, por lo cual el gasto público se convierte en su principal enemigo, tanto por los efectos inflacionarios, como por el riego en el pago de la deuda donde ellos son los principales acreedores y bajo cuya presión se ha realizado la transformación del capitalismo.

SALDO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LO PÚBLICO

El caso de la privatización de la recolección y disposición final de los residuos sólidos nos recuerda el proceso de las privatizaciones de los bienes y servicios públicos en general, donde los inversionistas privados por su avaricia y agallas, ven solamente las bondades de los negocios, pero no consideran las dificultades que de ellos se derivan. Ven que la inelasticidad precio de la demanda es una oportunidad de mercado que les produce ventajas por la ausencia de estrategias de promoción y penetración y también ven la conveniencia en la intervención del Estado que con sentido de cómplice autoriza tarifas lesivas para los consumidores, pero ventajosas para los inversionistas, de modo que el pago de soborno a los concejales para que les aprueben sus contratos puede ser compensado con creces.

Pero lo que no ven los agalludos y también corruptos empresarios, es que manejar con criterios empresariales privados los bienes y servicios públicos, tiene otras implicaciones consecuenciales del carácter de lo público y su relación con la ley natural, que crea exigencias particulares en el marketing y el enfoque gerencial. No solo por ser servicios sino por ser públicos las estrategias de marketing se alejan sustancialmente de las conocidas en los bienes privados y el tipo de gerencia también, por el carácter multiorganizacional de lo público que crea un conjunto complejo de stakeholders cuyo manejo obliga a adoptar mecanismos desconocidos en la administración privada. Entonces, cuando ya están montados en el potro, ven que el amansamiento no es tan sencillo y que la administración de los bienes públicos va más allá de la simple rentabilidad de las empresas que casi siempre andan en coche por la alcahuetería del gobierno que les entregó el objeto de negocio.

Pero para el gobierno la situación no es tan dulce y tierna. Los efectos son asunto complicado para la agenda gubernamental, como se está apreciando en Popayán con el tema de las basuras, cuyo manejo inadecuado está generando consecuencias ambientales urbanas que afectan el paisaje y la salubridad, además de los problemas de gobernanza con las comunidades rurales del occidente del municipio y todos los demás impactos económicos, sociales y ambientales que del fenómeno se desprenden, los cuales no enfrenta la empresa privada, que se limita simplemente a cumplir la minuta del contrato suscrito, que por lo general es perjudicial para el Estado y las comunidades y de beneficio para los privados. La costumbre es que quienes recibieron el dinero del soborno sacan el cuerpo al problema y quienes heredan los chicharrones se ven frente a complejas situaciones de gobierno inherentes al modelo neoliberal que rige a Colombia y que después de un tercio de siglo muestra lamentables consecuencias sociales como saldo de la privatización de lo público. 

ABISMO FINANCIERO DEL ESTADO

Desde el año pasado se viene anunciado otra reforma tributaria que le han dado a llamar “estructural” pero que de estructural no tiene nada; es una reforma similar a las acostumbradas, que se limita a modificar las tasas de los mismos conceptos de gravamen que ya se han vuelto tradicionales, desde que el sistema tributario cambió sus fines a la par con los cambios que ocurrieron en el espíritu de la política fiscal. Hasta el siglo pasado esta política era un instrumento de intervención del gobierno en la economía, que se utilizaba para direccionar los procesos hacia los objetivos de desarrollo, mientras que hoy se ha convertido en un medio para garantizar el negocio de los capitalistas especuladores del dinero, que han hecho de la compra de papeles del gobierno su principal fuente de ingresos, para lo cual cuentan con el apoyo del FMI cuya misión principal es la de vigilar el comportamiento de las finanzas públicas para que el Estado cumpla fielmente con el servicio de la deuda. Una reforma estructura a la vista de la política fiscal clásica, tendría en cuenta el rol de los distintos sectores y ramas de la economía e igualmente de las diferentes regiones del país, para que de acuerdo con la función de cada uno de ellos dentro de la estrategia de desarrollo nacional, se fijen tasas y tarifas diferenciales para incentivar o estimular las actividades y las regiones que por sus características merecen dicho tratamiento. Pero eso no es lo que está ocurriendo en Colombia.

No se sabe si finalmente el gobierno presentará la propuesta que produjo la denominada “Comisión de Expertos” cuyo informe final entregó en diciembre de 2015, o si le hará algunas modificaciones; pero en ambos casos no tiene una conformación como para que se le llama “estructural”. El argumento es, por supuesto, las obligaciones que tiene el Estado en materia de deuda y las proyecciones de ingresos derivada de los impuestos, que hacia el futuro próximo se van a quedar cortos, en razón, no a que los colombianos tributemos poco, sino a que el crecimiento de la deuda marcha a pasos agigantados y próximamente no habrá de dónde pagar.

Y para completar el esquema, en Colombia tenemos el caso de que los ricos no pagan impuestos. Los rentistas, quienes concentran el mayor volumen de riqueza en todo el mundo, son exentos. Y los empresarios adolecen de la cultura de no pago y condicionan sus decisiones de inversión a la evasión de impuestos: se llevan el dinero a otro país por no pagar, crean tipos de empresas que les permitan evadir, se localizan en lugares donde no haya impuestos, triangulan operaciones para no pagar, etc. A diferencia de los empresarios, europeos, por ejemplo, los colombianos no se fijan en las bondades del mercado para tomar sus decisiones, sino en el no pago de los impuestos. Así, les toca a las clases menos favorecidas, sostener al Estado y suministrarle los recursos para tapar el hueco de la deuda, que inmediatamente convierte en un nuevo hueco para poder balancear el presupuesto en un carrusel que no tiene fin y que está llevando las finanzas públicas al abismo financiero del Estado. 

DEL RESULTADO DEL PLEBISCITO

Independientemente de los sucesos del domingo pasado, Colombia sigue necesitando una nueva economía sentada sobre la zona rural, que gire en torno al sector agropecuario, que fortalezca el aparato productivo generando empleo aumentando la competitividad del país y disminuyendo la dependencia externa, alejada del modelo neoliberal y con democratización de la propiedad y redistribución del ingreso, lo que se hubiera podido construir mediante el cumplimiento del punto uno del acuerdo de La Habana con base en los veinte planes que dicho compromiso incluye. Igualmente, el punto dos del acuerdo hubiera permitido introducir ajustes al sistema político fortaleciendo la democracia participativa con sus efectos benévolos respecto a bajar la corrupción y desarrollar una nueva administración pública territorial. Lamentablemente esa oportunidad de beneficio general para toda la sociedad colombiana se perdió por el comportamiento electoral de un grupo de ciudadanos.

Sin duda, Santos cometió un grave error por falta de su apreciación política. El ex fiscal Montealegre le dijo que no sometiera el acuerdo de La Habana a un plebiscito por cuanto eso no era necesario ya que el gobierno tenía facultades para suscribirlo. Pero Santos se puso de demagogo populachero y ahora está comiendo de su cocinado. Es impertinente colocar una decisión tan transcendental e importante en la historia nacional, al juicio de la cuestionada cultura política colombiana, cuyas deficiencias son ampliamente conocidas: aproximadamente a las dos terceras parte de la ciudadanía no le importa los asuntos públicos y no participa; y la mayoría de los que votan lo hacen movidos por intereses y pasiones personales sin considerar el interés general y el bien común, ni el contenido de las propuestas de los candidatos, como se puede ver en el incumplimiento de la Ley 131 de 1994, la del Voto Programático, por lo que se ha constituido en el soporte de la corrupción de los procesos electorales y la administración pública. Nuestra cultura política no tiene la suficiente madurez para digerir y comprender el significado de una negociación con un grupo insurgente, cuando no existían antecedentes similares en la historia política nacional, aunque hubiera habido suficiente tiempo para leer el documento. Si a los politólogos les ha costado trabajo entender el significado, qué se puede esperar de la cultura política de bajo nivel.

Hoy el país se encuentra en la encrucijada jurídica y política y con ello en gran incertidumbre. No solo es la perdida de oportunidad de introducir cambios en la estructura económica y el sistema político derivados de los puntos uno y dos, sino que los actores principales y a la vez dirigentes del país, no saben cómo actuar, según se deduce de las declaraciones públicas hechas el día lunes; y peor aún, que no se sabe lo que están pensando y moviendo por debajo de la mesa, ni ellos, ni las fuerzas oscuras que también existen el Colombia;  de modo que ese rumbo que hasta hace una semana estaba trazado y desde muchos frentes se hacían preparativos para la construcción de un nuevo país, hoy se encuentra sumido en una grave confusión cuyo desenlace no se sabe ni se puede inferir, ni que situaciones traerá para el país y sus consecuencias derivadas del resultado del plebiscito.