SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS DE REGALIAS

Se puede aplicar el refrán ese de que “matan el tigre y se asustan con el cuero”, a los funcionarios que presentan como disculpa la falta de recursos para justificar por qué no hicieron lo que debían hacer, hoy que vemos el informe del DNP sobre la ejecución de los recursos asignado del sistema general de regalías a varias de las entidades territoriales.

Por lo general, los funcionarios no llegan al cargo a solucionar los problemas y necesidades de la comunidad; la mayoría lo hacen para sacar el dinero de financiar las campañas electorales, otros para deleitarse en el puesto aprovechando la posición para satisfacer su ego, otros para complacer a su padrino político; pero propiamente para cumplir su labor en el marco de los fines esenciales del Estado, muy pocos. Además porque la mayoría de quienes ocupan los cargos son ineptos e incompetentes frente a las exigencias del puesto. Por eso no nos debe extrañar los resultados del informe sobre ejecución de las asignaciones del sistema de regalías.

Lo que si sorprende es que los territorios que están más en la olla, son los peor calificados como ocurre en Cauca, que escasamente sacó un puntaje de 55.99 % ocupando el puesto 24 de 32 calificados, colocándose en el cuartil más bajo, siendo que ya es repetitiva la queja sobre el cúmulo de necesidades que aquejan a esta región.

Claro que eso ya se sabía. Las distintas miradas al gobierno departamental anterior así lo señalaban desde el comienzo, cuando adoptó un plan de desarrollo con graves errores metodológicos, tan malo, que el DNP le dio un premio por reconocer su obediencia y sumisión a las imposiciones de ese organismo. Luego, durante los cuatro años, no hace falta repetir el sinnúmero de casos en que en todas las encuestas de opinión lo posicionaban en últimos lugares.

Pero la enseñanza debe asimilarse. Está comenzando el nuevo gobierno y se está elaborando el correspondiente plan de desarrollo. Se espera que hoy no se vaya a repetir la historia y se dedique la entidad a aplicar el Kit del DNP con obediencia y sumisión sin tener en cuenta los verdaderos intereses y requerimientos de la realidad territorial e igualmente se espera que durante los cuatro años no se dedique a utilizar los recursos de regalías para sacar tajada política personal. Se requiere la implementación de un sistema de gestión de proyectos debidamente diseñado, aplicando las herramientas técnicas del PMI o de la norma ISO 10006:2003, o cualquier cosa que garantice eficiencia y eficacia en la ejecución y operación de los proyectos ya aprobados, para que Cauca no vuelva a aparecer mal calificado en los informes sobre el uso de los recursos de regalías. 

EL RETO DE LA INFORMALIDAD

Cada que llega nuevo alcalde a los principales municipios colombianos, las expectativas sobre problemas que la anterior administración no logró resolver vuelven a ocupar las prioridades de la agenda gubernamental, donde algunos de ellos son derivados del fenómeno de la informalidad, propia de los países subdesarrollados o del Tercer Mundo como les llamaban hace medio siglo. Bien recordamos en los años ochenta del siglo pasado, trabajos como el de la Economía Descalza de Manfred Max-Neef o El Otro Sendero de Hernando de Soto, entre otros, autores suramericanos que metieron el dedo en la llaga en sus reflexiones acerca de las posibilidades de alcanzar los niveles de desarrollo al estilo europeo o norteamericano.

Del trabajo de Max-Neef, por ejemplo, se desprende la conclusión de que el desarrollo está más en la mente que en la realidad. Es la cultura o idiosincrasia la que marca las pautas que ponen a soñar a la gente sobre visiones o metas que no tienen factibilidad en Latinoamérica y África. A esto le agregamos los trabajos de los estructuralistas de la CEPAL con su concepto de Estilo de Desarrollo, para finalmente entender que la realidad del subdesarrollo es un fenómeno que debemos aprender a gerenciar.

De la informalidad surgen los vendedores ambulantes con la ocupación del espacio público, los mototaxistas, los múltiples oficios callejeros que se han diversificado y en general, todo tipo de actividades de rebusque que el desempleo y las necesidades básicas impulsan haciendo de ellas fenómenos públicos que presionan a los gobernantes locales y generan conflictos cuya solución no se ha podido alcanzar en las últimas décadas, cuando han venido en aumento.

Negar el subdesarrollo y soñar con encontrar soluciones sociológicas, económicas y fisicoespaciales al estilo de Norteamérica y Europa ha sido una falacia en que se han empeñado muchos gobiernos municipales pero los problemas persisten. La Corte Constitucional ha entrado a terciar en el asunto fijando posturas con base en los derechos, pero el campo jurídico es superado por las realidades institucionales que no lograr resolver lo que la energía social desborda motivada por el instinto.

Según algunos pensadores, la solución es mediante un tercer camino donde ni se queme al santo ni se deje oscuro. No es conveniente dejar la informalidad a merced de la anarquía y los movimientos espontáneos de las masas, pero tampoco es procedente meter estos fenómenos en los cánones de la institucionalidad moderna. Para ellos, es necesario crear una nueva institucionalidad que garantice el orden y la formalidad, pero con base en patrones ajustados a la realidad cultural y socioeconómica del subdesarrollo. Probablemente se requiere un piso jurídico que se debe crear mediante ley, pero también es posible que dentro de las competencias de los gobiernos locales y utilizando los instrumentos de gerencia pública que la ley ha puesto en sus manos, los alcaldes puedan con más facilidad manejar el reto de la informalidad.

LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

El fin de semana pasado la confrontación fue entre el Ministro de Agricultura y los empresarios de los supermercados apoyados por sus gremios. El Ministro se aceleró en sus declaraciones a los medios masivos bogotanos afirmando que la inflación en los alimentos era por culpa de las cadenas de supermercados y ahí fue Troya. Hasta el presidente le haló las orejas; pues se metió nada menos que contra multinacionales y grandes empresarios nacionales que hoy controlan estas cadenas que cubren un alto porcentaje del abastecimiento alimentario del país. El lunes tuvo que echar reversa el hijo de papi Iragorri.

Pero la metida de pata del hijo de Iragorri no fue la noticia. Pues no es noticia que un perro muerda a un hombre. Lo que llama la atención es que el Ministro se refirió a la actual situación de la estructura de comercialización de alimentos en Colombia, la cual está exactamente igual a lo que era hace treinta años.  Es decir después de tres décadas, el país adolece de las mismas fallas que siempre han estado ahí, que coyunturalmente afloran según las circunstancias, y generan impactos notorios como está ocurriendo hoy cuando el alto precio del dólar y la intensa sequía han propiciado aumento en los precios de los alimentos debido a factores de oferta.

Pero el origen es estructural. Tanto en la producción, como fallas en la estructura de distribución social del producto alimentario que desde los años ochenta del siglo pasado,  Acoabastos puso en conocimiento del Ministerio de Agricultura pero que a este organismo le entró por un oído y le salió por el otro, de modo que hoy, cuando el cambio climático se está haciendo sentir, las consecuencias afloran y, como siempre, los platos rotos los paga el consumidor.

Los supermercados son simplemente un canal de distribución urbana de la canasta familiar, que no cubre la totalidad de la demanda; pues en los centros de consumo hay otros canales también abandonados por el Estado y a merced de su propia voluntad, que a diferencia de los del gran capital, navegan en el mar de la informalidad y la ineficiencia frente a los requerimientos del consumidor. Las plazas de mercado, los tenderos de barrio, los mercafruver, los mercados móviles, etc., en su conjunto, dan mayor cobertura que los autoservicios, principalmente a los estratos populares que no son atendidos por las grandes cadenas cuya localización no se hace por atender a la demanda sino con base en la rentabilidad de la inversión, o sea en los barrios de mayor capacidad de pago.

Lo que debe hacer el ministerio está claro y es ampliamente conocido. Pero ese organismo del alto gobierno, que aplica el enfoque neoliberal, no está para corregir las estructuras y solucionar los problemas, sino para poner su presupuesto al servicio de los políticos y los grupos de poder. De modo que mal hace el ministro de turno en buscar chivos expiatorios cuando la coyuntura se pone grave, si lo que se requiere es adoptar medidas de fondo que mejoren la infraestructura y la superestructura de procesos comerciales, si se quiere mejorar los ingresos de los productores y de una vez para bien de los consumidores aliviar los precios de los alimentos. 

COMUNICACIÓN PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

Ahora que se acerca el 9 el febrero y que el caso del joven periodista radial de Medellín levantó polvareda, bien vale la pena retomar un tema que hace más de quince años se discutió en las esferas institucionales pero que luego, durante los últimos años, ya no se ha vuelto a comentar y que tiene relación con el periodismo, aunque muy poca con los periodistas.

Desde 1991, cuando se introdujo por vía constitucional la Democracia Participativa acompañada del Modelo de Estado Gerencial para la gestión de políticas, ya no gubernamentales sino públicas, se gestó la necesidad de incorporar al andamiaje institucional la modalidad de comunicación social más adecuada a los requerimientos de la gobernanza. Por esa época y sigue siendo igual, los gobernantes acostumbraban y aun lo hacen, a tener un “jefe de prensa” que se encarga de las relaciones con los medios de comunicación masivos convencionales, casi todos de corte mercantil, para efecto de hacer propaganda a  la labor gubernamental y mantener en alto nivel la imagen del funcionario en la opinión pública. Pero eso no es lo apropiado en la democracia participativa.

En 1998, desde la Presidencia de la República y con la participación de las facultades de comunicación de las universidades Javeriana y de La Sabana, se adelantaron eventos que destacaron la necesidad de desarrollar paradigmas y modelos de comunicación que permitieran acompañar la gestión de políticas públicas en los tres escenarios donde se requiere una adecuada comunicación social: al interior del Estado, en el seno de la sociedad civil y en la relación Estado-Sociedad, que es donde se concreta la gobernanza. Pero todo quedó igual.

Una cosa sí quedó clara en los debates de esa época: los medios masivos convencionales no son los más adecuados para incorporar el instrumento comunicativo en la gerencia pública; pues su dependencia frente a la pauta publicitaria para garantizar el financiamiento, les impide inscribirse de manera contundente en el servicio de la gestión pública. Por supuesto con excepciones.

Ahora que por razones de la terminación de la confrontación armada con los grupos guerrilleros, que aunque no propiamente traerán la paz a Colombia, sí permitirá un nuevo escenarios en las relaciones Estado-Sociedad y al interior mismo de la sociedad, nuevamente surge la necesidad de desarrollar instrumentos de comunicación que faciliten la gerencia pública. No es posible hacer gerencia, ni privada ni pública, si no se cuenta con los medios de comunicación adecuados; y más aún, cuando la gerencia pública es multiorganizacional, diversa, heterogénea y navega en el caos de la complejidad. Corresponde por ello a las facultades de comunicación, apartarse de los paradigmas que se inventan en Estado Unidos sobre este tema y de manera pragmática y pertinente proponer modelos de comunicación para la gestión pública.