OTRA VEZ A LOS CAMPESINOS

Hace más de medio siglo, les tocó llevar del bulto a los campesinos. Los pobres por supuesto; porque los terratenientes casi no se perjudicaron, cuando desde la CEPAL se introdujo en Colombia el denominado modelo de desarrollo de “Industrialización por sustitución de importaciones”, que no era, ni más ni menos, que la llegada de las empresas multinacionales principalmente de USA, a disfrutar del mercado nacional debidamente protegido por el Estado, quien además, suministraba la infraestructura, los servicios complementarios a las empresas y también era socio en la inversión de riesgo. Fue la época en que se gestaron cuatro factores propicios para el desarrollo del caldo de cultivo que profundizó la violencia en el sector rural, que hoy todavía el país padece: privilegio estatal del sector industrial con el consecuencial abandono del sector agropecuario; amaño de la vocación guerrillera que existía desde años atrás formada por los grupos liberales; ilustración del ejemplo del caso cubano y concentración de la inversión urbana en cuatro ciudades a conveniencia de las multinacionales. Obviamente, pasados los 20 o 30 años de la vida útil de la inversión fija, ya terminado el retorno del capital y modificadas las condiciones de la economía mundial que dieron origen al modelo neocolonial, las empresas extranjeras se marcharon y al país sólo le quedó el desempleo y la violencia rural.

Ahora, en el segundo decenio del presente siglo, ante el afán del gobierno Santos de meter a Colombia en el club del capitalismo salvaje, vino al país una misión de la OCDE y después de dos años de análisis, el señor Ken Ahs de esa organización presentó el informe de recomendaciones o sea de las medidas que el sumiso y arrodillado gobierno colombiano debe aplicar, si es que quiere que le den entrada a ese selecto grupo de países que mucho beneficio les produce a los ricos especuladores internacionales del dinero.

Por supuesto, las acciones que recomienda la OCDE no son pensando en los intereses de los campesinos, sino en las conveniencias del capitalismo financiero internacional, por lo cual la política rural que de ese paquete se desprende no es ni más ni menos, que la fuerte penetración del enfoque neoliberal al campo colombiano. Paquete de medidas que no responde de manera consecuente y pertinente a los requerimientos y condiciones específicas de la realidad nacional, sino a las recetas internacionales que se acomodan a la disminución del gasto público, al aumento de los ingresos fiscales y al mejoramiento de las condiciones para que las multinacionales lleguen a explotar para su beneficio, nuestros recursos naturales. Como cambió el sistema económico mundial y con ello la realidad del mundo, también tiene que cambiar el sector rural para lo cual se deben adoptar las fórmulas que después de medio siglo, nuevamente darán duro golpe, otra vez a los campesinos.  

POR QUIÉN VOTAR PARA GOBERNADOR DEL CAUCA

Cuando en 1997 se adelantaba el proceso electoral para elegir Alcalde de Bogotá, a pesar de que había varios candidatos la campaña estaba polarizada entre Peñalosa y Moreno de Caro; un periodista le preguntó a Mockus que a cuál de los dos prefería y este contestó: “usted me puso a escoger entre el sida y la hepatitis B”.

A la fecha de hoy la situación electoral para la gobernación del Cauca es similar a la de la capital en esa época, por lo cual esperamos cambios para no tener que emular a Mockus ante una pregunta igual. Si bien hay algunos personajes chisgarabís que cuentan con aval y están sonando como aspirantes pero que  les falta mucho pelo para moño, hoy la campaña se muestra polarizada entre dos candidatos fuertes por los recursos que se dice ellos manejan: por una parte el representante de la planadora de la burocracia y los contratos y por la otra, según dice la prensa, el representante del dinero de financiar campañas y las influencias en Bogotá de gamonal de provincia.

En esas condiciones y si no entra a jugar un tercer aspirante que tenga los atributos apropiados para responder a la magnitud de la problemática departamental, los electores de este territorio se verán en aprietos frente al dilema de votar. Por supuesto, los votos cautivos de la clientela ya están definidos pero en ambos casos son insuficientes para alcanzar la mayoría necesaria en el triunfo. Por ello, es conveniente que los avales que aún quedan libres como el del Partido Verde, se asignen a un candidato que constituya una alternativa consecuente y razonable para tener por quien votar. Según informa la prensa, ya están ocupados los avales del Partido Liberal, Partido Conservador, La U, Mais y Asi, de manera que todavía están libres los de Cambio Radical y Centro Democrático, que como se percibe, no tienen la envergadura de los anteriores, por lo cual es el Verde, que cuenta con congresista a bordo, el que puede llenar el vació de la tercería.

Así que Ospina y Navarro tienen la gran responsabilidad de ser coherentes con los postulados que dicho partido ha venido agitando desde tiempo atrás, ya que se dice que son ellos quienes manejan la llave del candado de la democracia en ese partido, que en nuestro régimen político se expresa en los avales, el mecanismo que las élites de poder inventaron para protegerse de que otros ciudadanos independientes tengan la libertad de aspirar a los cargos de elección popular.

No son muchas las personas que hoy cumplen con los requisitos preliminares para ser candidatos, porque para el efecto se necesita, entre otras cosas, conocimiento de la realidad, imagen pública, experiencia administrativa, coherencia en las ideas, carisma, antecedentes de honestidad y transparencia, voluntad de servicio, apertura mental, dotes de liderazgo, credibilidad y muchos otros más, atributos que existen en algunos caucanos que todavía quedan sin compromiso político, a quienes se puede acudir para seleccionar un candidato de categoría que garantice buena gestión, de modo que en las elecciones de octubre se pueda encontrar por quien votar para gobernador del Cauca.

EXISTE O NO EL DERECHO A LA REBELIÓN

Desde la antigüedad, en la época de Platón, se habló de los fundamentos del derecho a la rebelión, cuando este filósofo trató el tema de la tiranía. Luego en la edad media, autores como San Isidro de Sevilla y Santo Tomás de Aquino, hicieron referencia al asunto, como cuando este último adujo que la resistencia a una autoridad injusta no es sedición. En la edad moderna, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano emitida durante la Revolución Francesa, que incluyó de forma explícita el derecho a la resistencia; y de manera implícita en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, donde se lee que todos los hombres son iguales y están dotados por naturaleza de derechos inalienables y que para garantizarlos, se instituyen los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, pero que cuando la forma de gobernar se haga destructora de esos mismos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno. Ya en el mundo contemporáneo podemos examinar la carta fundacional de la ONU en la que no aparece expresamente consagrado este derecho, pero que en el preámbulo de manera tácita lo reconoce cuando dice que considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

Pero a pesar de los tantos siglos en que se tuvo en cuenta este fenómeno político y que en las disciplinas jurídicas se tomó como un derecho que sustenta la legitimidad de la desobediencia civil, la protesta y la rebeldía contra un gobierno que no garantiza el cumplimiento de la ley natural para la conservación de la especie humana, en lo que va corrido del presente siglo el concepto se diluyó en la historia. Después de los hechos ocurrido en septiembre de 2001, que sirvieron de pretexto para justificar por parte de USA la interpretación amañada del Artículo 51 de la Carta de la ONU y con ello crear el concepto de “guerra preventiva” para promover a la fuerza su política exterior del “nuevo orden mundial”, cuando fue reemplazado el “comunismo” por el “terrorismo” como principal enemigo de la seguridad nacional de ese país, ya no se volvió a hablar más del derecho a la rebelión, sino que toda manifestación de desacuerdo con dicha política internacional del país del norte, fue denominada sin distinción alguna con el nombre genérico de terrorista.

Hoy que Colombia adelanta un proceso de negociación con uno de los grupos armados, esa dilución del concepto está enredando mucho la madeja. Uno de los factores del alargue, ya aburridor, de los diálogos en La Habana y la dificultad para poner de acuerdo a los actores, sobre todo en lo que se refiere a la llamada justicia transicional, radica en la embolatada que se pegó el concepto, por lo cual  los colombianos nos vemos hoy en la necesidad de que los pontífices de la ciencia jurídica definan y nos aclaren si existe o no el derecho a la rebelión.

ESCUCHAR LA VOZ DEL VATICANO

En los eventos académicos, los comentarios de prensa, en la opinión pública en general, se ha repetido que la paz no es producto automático del cierre de la negociación en La Habana, sino la construcción colectiva del clima de convivencia armónica y pacífica entre toda la multiplicidad de actores sociales mediante un proceso que inicia en la familia y se extiende al barrio o vereda, la comuna o corregimiento, el municipio, el departamento, la región, hasta lograr el agregado nacional.

Hoy dice la carta del Cardenal Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, que “La construcción de la paz es un proceso complejo, que no se agota en espacios o en planes de corta duración” y más adelante agrega que “Hay que forjar la paz desde quienes viven la marginalidad y la pobreza extrema, desde quienes no son incluidos en la sociedad.” y complementa el análisis señalando que se debe “luchar sin descanso contra toda forma de injusticia, de inequidad, de corrupción, de exclusión, males que destruyen la vida misma de la sociedad.”

Todo esto significa que la construcción de la paz no debe comenzar después de hacer acuerdos con los grupos guerrilleros, sino que debe comenzar desde ya, impulsada por quienes tienen la gran responsabilidad de liderar los procesos sociales. Este año se presenta la coyuntura apropiada para tal fin, con la elección de los gobernantes territoriales, por lo cual se espera que sus protagonistas demuestren su voluntad de paz cambiando su conducta en pro de la construcción del clima de convivencia armónica entre todos los actores. Se necesita que los gobernantes territoriales abandonen su maniática y aberrada costumbre de pretender dejar herederos en el puesto de gobierno y que muchos congresistas dejen también el vicio de tratar de imponer los del período siguiente, al estilo de los padrinos de la mafia, para mantener su poder. Es un clamor ciudadano que pide a gritos la necesidad de cambio en las costumbres políticas, pero que los directos responsables no escuchan.

Los hechos de paz no son simples declaraciones a la prensa, sino la demostración con sus acciones que se está contribuyendo a crear las condiciones favorables al ámbito de convivencia, respetando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado tal como lo determina la Constitución Política. La dejación de las armas por parte de la guerrilla es una muy buena contribución al proceso, pero más que los guerrilleros, quienes tienen la gran responsabilidad en la construcción de la paz son los gobernadores y alcaldes conjuntamente con los congresistas, quienes tienen en sus manos la operación del régimen político y que para bien del futuro colombiano, sería muy bueno que si han hecho caso omiso a la opinión pública, hoy, por lo menos, deberían escuchar la voz del Vaticano.

OTRA TAREA DE LA GOBERNACIÓN

Por motivo de la desacertada propuesta de la senadora Valencia relacionada con los indígenas y la tenencia de tierra, otra vez se relieva el tema del ordenamiento territorial que desde 1991 se está esperando y que la Ley 1454 de 2011 dejó en veremos, entendido este como el acondicionamiento del espacio y el territorio a los requerimientos que en esta materia presentan las estrategias de desarrollo económico y social en el largo plazo, tal como lo exigen la teoría y la legislación vigentes.

Ya con antelación, el país había iniciado esta empresa a nivel municipal con base en la Ley 388 de 1997,  que las administraciones territoriales trataron de aplicar, resultando en el primer intento un gran fracaso en todos los municipios colombianos, que tuvieron que pagar el costo del aprendizaje. Más de una docena de factores se convirtieron en las causas del tremendo error.

Uno los motivos del fracaso de la primera cochada de planes de ordenamiento territorial, fue la desarticulación del ejercicio municipal respecto a las condiciones regionales, por el motivo principal de la competencia, que no le permitía al municipio trascender sus propios linderos; por lo cual la introducción de las directrices y orientaciones supramunicipales a cargo de los departamentos, es una salida a este impase.

El Artículo 29 de la Ley 1454 fijó las competencias en materia de ordenamiento territorial para cada uno de los tres niveles del gobierno, nacional, departamental y municipal, dejando a cargo de las gobernaciones, los aspectos concernientes al ordenamiento territorial regional señalando que el Departamento debe “Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio”, sin las cuales los municipios quedan un poco a la deriva para realizar las revisiones y ajustes que según el Artículo 5 del Decreto 4002 de 2004, deben realizar los alcaldes “en el comienzo del período constitucional”, es decir, el próximo año.

Por supuesto estamos pendientes de que las gobernaciones difundan y socialicen el cumplimiento de sus obligaciones y ya este año se debe conocer públicamente cuáles son los resultados del ejercicio de sus competencias en materia de directrices y lineamientos para el ordenamiento territorial supramunicipal. Es una necesidad, como requisito para agilizar, facilitar y bajar los costos del desarrollo regional, que el territorio esté adecuadamente ordenado, de conformidad con las estrategias económica y social de largo plazo, sin las cuales el ordenamiento territorial quedaría en abstracto, es decir sin obedecer a nada, y así no quedaría bien hecha esta otra tarea de la gobernación.