LA MERMELADA DE LAS REGALIAS

Cuando en 2011 se expidió el Acto Legislativo 05 para reformar el sistema general de regalías, uno de los argumentos que se utilizó fue el de que en los territorios que más se beneficiaban con el viejo sistema, los productores de minerales, despilfarraban los recursos y se habían convertido en fuente de corrupción. Luego se expidió la Ley 1530 de 2012 para desarrollar la reforma constitucional y darle forma al nuevo sistema, en la cual se introdujeron, supuestamente, mecanismos correctivos para evitar que se continuara manejando estos fondos al amaño y conveniencia de los politiqueros tradicionales.

La opinión pública se entusiasmó. Se pensó que había nacido una solución al problema de la insuficiencia de fuentes de financiación y que con ello todo el país tendría mecanismos para fomentar el desarrollo territorial. Se crearon los órganos colegiados para aprobar proyectos y se introdujo el filtro del DNP para, supuestamente,  asegurar la objetividad, la racionalidad, la técnica y el cumplimiento de la ley en la asignación de los recursos. La ESAP realizó durante 2012 muchos eventos de capacitación tratando de conformar un conjunto numeroso de ciudadanos en capacidad de estructurar proyectos técnicamente en concordancia con el espíritu de la reforma.

Pero, a pesar de la ley y los mecanismos para asegurar el debido uso de estos fondos públicos, la habilidad y la astucia de los politiqueros es superior a cualquier intento por introducir la ética pública y manejar los recursos con criterios objetivos y técnicos. El resultado es que los proyectos del sistema de regalías primero pasan por la voluntad de los gobernadores y después por las demás instancias del trámite. Primero el gobernador correspondiente compromete una partida para un determinado proyecto y luego sí, hay que darle machete y manipular la metodología para armar el documento del proyecto en los términos del compromiso ya hecho por el gobernante, que, lógicamente, no corresponde a una estrategia de desarrollo sino a un interés personal y político del funcionario. El filtro del DNP también se desvió por cuanto ese organismo, que es un enemigo de la descentralización, utilizó su competencia más para priorizar las políticas nacionales que los intereses regionales.

Todos esos eventos que realizó la ESAP sobre desarrollo endógeno, desarrollo territorial, marco lógico, MGA, técnicas de estructuración y formulación de proyectos, con la finalidad de conformar un conjunto de ciudadanos preparados para aplicar principalmente el Artículo 23 de la Ley 1530, se fueron al tarro de basura. Se perdieron. En el trámite de proyectos lo que prima es el compromiso de los gobernadores y los demás aspectos técnicos de la formulación de proyectos, valen huevo; desconociendo que el monto de la inversión en un proyecto depende de sus objetivos y de la ingeniería del mismo y no de los compromisos del político. Ahora ya entendemos claramente cuando Echeverry el Ministro de Hacienda de ese entonces, dijo que la reforma al sistema general de regalías significaba que con ello en toda la galleta se iba a extender la mermelada de las regalías.

¿PARA QUÉ SE HACEN ELEGIR?

En la época del Estado Interventor-Benefactor centralista, cuando el organismo operaba mediante el Modelo Burocrático, era razonable que la responsabilidad frente a los conflictos sociopolíticos regionales estuviera a cargo del gobierno nacional. Pero ahora, en el Estado Postmoderno, cuando opera el Modelo Gerencial, es improcedente que los gobiernos territoriales le saquen el cuerpo a los problemas y acudan a la Nación para enfrentar las situaciones que afectan la vida normal de las comunidades asentadas en el territorio.

Los gobernantes territoriales son los gerentes públicos por excelencia, a quienes la ley les ha otorgado los instrumentos con los cuales deben asumir su responsabilidad y competencia, frente a todos los casos de interés general. Se aleja de los principios éticos la actitud que, cuando se trata de aprovechar los bienes públicos departamentales para beneficio personal realizando acciones clientelistas, el gobernante está en la vanguardia; pero cuando se trata de asumir sus competencias para resolver los temas que son de interés general, ahí pasa a la retaguardia.

En Cauca se vive una situación que ya es estructural, en la que cada cierto tiempo se presenta la confrontación entre las comunidades indígenas y los organismos del Estado por el asunto de la tenencia de tierras y el gobierno departamental, en lugar de ejercer su competencia y legitimidad impuesta por la Constitución Política y el elector primario, acude al nivel central. Es crónico que llega desde Bogotá un ministro y firma un compromiso por encima de las normas fiscales, que luego no se cumple por impedimento de estas mismas normas. Y vuelve y se repite.

Corresponde al gobernante territorial aplicar la norma vigente y mediante técnicas de marketing público y los procedimientos propios del Estado Gerencial, negociar, concertar, y diseñar los mecanismos de co-gestión para desarrollar procesos de coexistencia armónica y constructiva entre los diferentes grupos étnicos que se asientan en el territorio. Luego sí, llevar a Bogotá las propuestas y los proyectos técnicamente elaborados y dando cumplimiento a las normas fiscales para que la salida sea viable. El caso no es simplemente de conceder tierras, sino de establecer un mecanismo permanente y sostenible de convivencia sobre la base del ordenamiento territorial y el diálogo intercultural que aporte a la construcción de futuro dentro de los cánones del desarrollo endógeno con aprovechamiento de las potencialidades, el cual sólo es posible si el gobernador asume el necesario y correspondiente liderazgo al tenor de las normas vigentes y los cánones de la gerencia pública que ordena la ley. Es un caso de sabiduría, de ingeniería social, de voluntad política y de colocar el interés general y el bien común por encima del interés personal y el uso de los recursos departamentales sólo como plataforma de su futuro político. Si los gobernantes territoriales no están en condiciones de asumir el compromiso con la gobernanza, ¿para qué se hacen elegir? 

RESCATE DEL PARTIDO LIBERAL

Tal como van las cosas, el uribismo regresará al poder en 2018. Es un grupo que tiene postura política bien definida; de la extrema derecha neonazi, pero clara y concisa; tiene líder de conformidad con la cultura caudillista que impera en Colombia; tiene organización con afiliados y todo; los militantes están ahí por convicción y no por puestos o contratos; sin mermelada lograron el 21 % del censo electoral y ante todo, poseen gran disciplina, obediente y sumisa frente a su jefe y de manera contundente defienden los postulados neoliberales del capitalismo rentista. Es decir, posee todos los factores que requiere un movimiento político para triunfar. Mientras tanto, el resto, es una montonera de politiqueros donde cada uno solo piensa en su propio beneficio personal sin importar el futuro político nacional.

Se supone que, según el trasfondo doctrinario que sustenta la praxis política, del otro lado debería estar la doctrina que gira en torno a la socialdemocracia, la que defiende el papel del Estado como conductor de la economía, como rector de los procesos sociales y ante todo, como administrador de los bienes públicos, la cual en teoría y en papeles, está a cargo del Partido Liberal que desde el primer año de este siglo incluyó en su plataforma política un contenido de este corte, pero que cayó en manos de la Casa Gaviria, quien introdujo el neoliberalismo al país, y alejó al partido de los postulados consagrados en su plataforma política.

Aunque no nos guste, es lo único que hay. Es el partido que está afiliado a la Internacional Socialista y el de mayor trayectoria y potencia entre los que se declaran socialdemócratas, por lo cual el régimen político requiere su salvación. No es adecuada la fórmula de Eduardo Verano, uno de los autores intelectuales de la postura, quien al ver la torcida que se pegó el partico se alejó tratando de crear otro frente socialdemócrata por aparte, sino todo lo contrario. Se trata de que desde su interior, se geste una corriente que derrote el gavirismo y enderece el rumbo de la organización encarrilándolo al tenor de la plataforma vigente y los estatutos.

No ha surgido ni el líder ni la corriente que adelante los procesos; pero en el seno del grupo se percibe la inconformidad con el rumbo que ha tomado en los últimos años y el deseo de que la organización retome la línea socialdemócrata y se aleje de esa manía de andar detrás de la mermelada, sin ideas, sin propuestas y sin conciencia, para que pueda asumir la tarea de enfrentar a la extrema derecha de la política colombiana. Ante los errores que siguen cometiendo los grupos llamados de izquierda y los nuevos movimientos surgido recientemente por fuera de los partidos tradicionales, la historia política colombiana necesita de que al interior del liberalismo se desarrolle un movimiento que se retire de las componendas electorales, se revele contra los caciques que ocupan las curules en el Congreso y se concentre en un verdadero proceso político que conduzca al rescate del Partido Liberal.

EL CRIMEN DE LA DEMOCRACIA

Se fue un error en el artículo de la semana pasada en esta columna, cuando señalaba el nombre del régimen político creado hace más de dos siglos al que se le llamó “Democracia Representativa”, que a finales del siglo pasado se modificó por el de “Democracia Participativa” para ajustar sus características a las condiciones del nuevo tipo de Estado, cuando se pasó del Modelo Burocrático del Estado Moderno al Modelo Gerencial del Estado Postmoderno. Se dijo que los procesos políticos mejorarían y que el pueblo iba a ser beneficiado por la ampliación de los escenarios de participación.

En 1987, por ejemplo, cuando se estableció la elección popular de alcaldes, el cambio se le vendió a la opinión pública con el argumento de que era para acercarse a la “democracia directa” de los griegos, con lo cual el mismo pueblo podría determinar quién sería el gobernante local. No obstante hoy, a casi tres décadas de vida de dicho mecanismo político, hacemos el balance y vemos que en lugar de fortalecer la capacidad del elector primario para definir sus gobernantes, lo que se ha fortalecido en la mayoría de municipios de Colombia son las mafias locales, legales e ilegales, que colocan el alcalde. Son élites de poder que utilizando métodos y procedimientos propios del bajo mundo, realizan todo tipo de acciones para lograr “la elección” en el cargo de su ficha que luego presionan para sus propios intereses. Van desde el pago a corruptos funcionarios de la Registraduría para que alteren los resultados, hasta la compra de votos en la calle con dinero en efectivo.

Hasta ahí es la práctica normal de la democracia colombiana por lo cual no hay motivo de extrañarse. Pero en este año ha aparecido un nuevo atributo para el régimen: en el Municipio de Cali le llegó una amenaza de muerte al Padre Edilson Huérfano Ordóñez, un sacerdote ortodoxo quien después de varios años de trabajar mano a mano con los grupos juveniles de los barrios populares, las mismas comunidades le han impulsado para que aspire a ser elegido como Alcalde de Cali. Por supuesto, esa candidatura que emergió, esa sí, de las bases populares ha venido tomando fuerza entre los ciudadanos que están cansados del manejo que las élites electoreras tradicionales le han dado a la administración municipal, por lo cual este candidato se ha convertido en una amenaza para la continuidad de sus maniobras.

Ahora recurren al terror y al amedrentamiento en contra de la vida, como mecanismo para competir contra sus rivales y como puede ser una simple acción de presión para que renuncie a la candidatura, también puede ser cierto que ejecuten su tenebrosa amenaza y entonces quede “institucionalizado” en el régimen político nacional la costumbre de derrotar a los candidatos rivales utilizando el crimen de la democracia.