EL CANDADO DE LA DEMOCRACIA

La oligarquía colombiana se ufana de que en el país hay democracia, una palabreja que descresta debido al significado de la raíz etimológica y porque en sus orígenes, más de cuatro siglos antes de Cristo, de verdad que fue un mecanismo político correcto, cuando los griegos aplicaron la “Democracia Directa”, cosa que ellos pudieron hacer porque para esa formación social los esclavos no hacían parte de la sociedad. La palabreja se ocultó en la historia durante varios siglos y luego reapareció cuando la burguesía comenzó a construir el Estado Moderno para lo cual le colocó el apellido “Representativa”. Hoy el apellido fue modificado colocándole el término “Participativa”.

En 1991, por la vía constitucional el Estado fue cambiado, derogando el modelo Burocrático e instaurando el modelo Gerencial, con grandes expectativas y pensando que este traería muchos beneficios para la democracia. Pero el régimen político, como puente que es entre la sociedad y el Estado, no fue modificado, por lo que las bondades del modelo actual siguen pendientes de realizarse porque la “democracia” colombiana ha sido un gran obstáculo.

No se sabe si conscientemente o por descuido,  la oligarquía ha hecho modificaciones al régimen con el argumento de que se debe ajustar los procesos políticos para colocarlos a tono con el todavía nuevo tipo de Estado. Pero el remedio ha resultado peor que la enfermedad; pues en lugar de abrir espacios de participación y ampliar la frontera política para que la ciudadanía intervenga en el manejo de los asuntos públicos, la legislación sobre los partidos y elecciones se ha convertido en un cuello de botella para mejorar lo que el siglo pasado había cerrado el Frente Nacional. Con el pretexto de ordenar y propiciar la disciplina de los partidos, como medio para revitalizar el régimen político, se expidieron normas que hoy muestran más su carácter perverso que las bondades anunciadas con su expedición. El principal impedimento para una participación amplia en los procesos electorales es el aval que deben expedir los partidos o movimientos políticos jurídicamente reconocidos. Claro que dicen, que no hay motivo de preocupación porque los aspirantes se pueden inscribir con firmas de ciudadanos.

La recolección de firmas es un procedimiento costoso, por lo que el interesado debe disponer de una suma cuantiosa de dinero para esta labor, además de la elevada suma que las compañías de seguros cobran por expedir la póliza exigida. Entonces, las firmas no son un medio para fortalecer la democracia. Y los avales tampoco.

Los avales no han generado el fortalecimiento de los partidos y con ello la revitalización del régimen político, sino que se han convertido en un factor de tráfico de influencias y de manipulación antiética de parte de los dignatarios a quienes les compete expedirlos. Este requisito es el principal instrumento para cerrar la rosca de los politiqueros e impedir la entrada de otras alternativas de poder y el medio más idóneo para fomentar y proteger las componendas y alianzas entre los mismos con las mismas, convirtiéndose para la gran masa ciudadana en el candado de la democracia.

LOS ALCANCES DE LA HABANA

Tanta alharaca que ha hecho el gobierno por la negociación que adelanta con las Farc, ha creado gran expectativa y de verdad, muchos piensan que de culminarse con éxito el diálogo, llegará la paz a Colombia. Nos recuerda cuando a mediados de 1991, también desde el alto gobierno se nos dijo a los colombianos que llegaba la nueva Constitución Política y que por esa nueva carta, iban a correr ríos de leche y miel por todo el territorio nacional, que a partir de ese momento, Colombia sería algo así como un paraíso terrenal. Pasados veintitrés años, todavía estamos esperando ese paraíso y por el contrario, todo ha empeorado.

Se dice que sin la presencia de esa organización guerrillera se aumentará la tasa de crecimiento del PIB en más de dos puntos, porque hoy ese fenómeno de violencia es un obstáculo para la actividad empresarial, lo cual es cierto. Pero hay que preguntarse si eso basta, porque hoy existen otras manifestaciones de violencia, principalmente en los centros urbanos, que también y con mayor impacto, están obstaculizando la actividad económica, como ocurre con la extorsión que en muchas ciudades alcanza niveles inimaginables.

La prensa nos informa sobre el caso de Buenaventura, donde hasta los vendedores ambulantes de las esquinas son víctimas del boleteo so pena de que las piquen en las macabras casas del crimen. Hay barrios en Cali donde todos los tenderos tienen que pagar cuotas a las pandillas organizadas que amenazan con la muerte o con la destrucción del local comercial. El caso de Tuluá, que se hizo famoso por el Tino Asprilla, es simplemente uno más, y así sucesivamente.

Según la publicación de una revista bogotana, la Fiscalía General de la Nación dijo que en el país existen 1.250 bandas criminales operando, más las que faltan por comenzar cuando los actuales guerrilleros queden sin empleo. Según la publicación, estas “son organizaciones informales y pequeñas dedicadas al hurto, la extorsión y el microtráfico”. La cifra es escandalosa.

Son muchos los casos en que los empresarios, generalmente pequeños porque los grandes están debidamente custodiados por su propios ejércitos de seguridad privada, se ven obligados a abandonar la actividad económica porque no soportan la presión del boleteo, lo que constituye un verdadero impedimento para el progreso de la economía, cuando hoy se dice que la solución del desarrollo no es la instalación de grandes empresa extranjeras sino el emprendimiento endógeno que fortaleza la base económica.

Faltaría entonces, que en la política de paz del gobierno se agreguen los mecanismos para neutralizar estos factores de violencia que en las ciudades están haciendo tanto daño, o que se hable claro a la ciudadanía limitando la publicidad oficial dentro de la dimensión real del problema, para que no se crea que va a llegar la paz sin tener en cuenta la limitación de los alcances de La Habana.

CONSTRUYENDO PAZ EN LAS REGIONES

El martes 17 de este mes de febrero, se realizará en Villavicencio un evento con participación de gobernadores, para examinar el tema de la paz en los territorios una vez que se haya firmado algún acuerdo con las Farc, en el que seguramente, llegarán a la conclusión de que “el agua moja”, porque desde tiempo atrás en distintos eventos académicos y en opinión de los analistas, se ha afirmado tres cosas: una, que la paz no existe sino la convivencia pacífica, dos, que esta no se logra simplemente firmando los acuerdos con uno de los grupos armados y tres, que la convivencia es una construcción colectiva que se debe realizar desde lo local hacia lo regional y de aquí hacia lo nacional, liderada y orientada por los gobernantes territoriales.

Dice la revista Semana que los gobernadores hablarán sobre “las acciones prioritarias en las regiones tras la firma de un acuerdo”, las cuales ya se saben, pero que a la mayoría de los políticos no les interesan. Claro; allá dirán los gobernadores que lo necesario es mayor “Inversión social”, contando con que así les llegará recursos para hacer contratos y manejar la mermelada o las galletas, como le decían antes, para consolidar su poder y beneficiar a su clientela. Pero por muchos es conocido que, más importante que los contratos que dan tajada a quien los firma, es el ejercicio de una gestión gerencial que relieve lo público y el bien común por encima del interés particular, para que se aplique cabalmente los cánones de la democracia participativa en toda su extensión, o sea en los procesos de planificación, ejecución y control, mediante la negociación y la concertación que permitan la aplicación del concepto de co-gestión con responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.

Si se va a hablar de acciones prioritarias, se deben considerar las que se realicen en este momento en que se avanza en la campaña electoral. Pero con qué autoridad moral van a opinar algunos de los gobernadores en Villavicencio, cuando hoy están manipulando componendas para interferir en la libertad democrática y direccionar la elección de gobernantes territoriales?

Si se quiere preparar al país para lo que el gobierno ha llamado “postconflicto” lo primero que se debe respetar es el ejercicio libre de las elecciones y el cumplimiento riguroso de la Ley 131de 1994 o Ley del Voto Programático. Así mismo, permitir que la selección de candidatos se realice objetivamente con criterios técnicos y destacando las competencias laborales del ser, del saber y del saber hacer de los aspirantes.

Esperemos a ver qué pasa en ese foro y qué recomendaciones aporta. Probablemente no pase de ser lo mismo de todos los eventos de esta naturaleza, los que simplemente se prestan para una botada de corriente que se echa al olvido después del coctel de clausura y al final, muy poco se saque sobre el propósito de ir construyendo paz en las regiones.

LOS ARTILUGIOS DEL RÉGIMEN POLÍTICO

El bochinche de la semana pasada en el mundo político regional fue el caso de los acuerdos o componendas electorales que tradicionalmente realizan los dirigentes de los partidos oficiales para afrontar los comicios. Unos dicen que son malos y otros que son buenos porque constituyen ya una práctica acostumbrada del régimen político, que se llama “Régimen Democrático”, aunque las características de operación en nada se asemejan a la raíz etimológica de la palabra que lleva por título. Pues una cosa era la democracia directa que inventaron los griegos por allá cuatro siglos antes de Cristo cuando los elegidos surgían de abajo hacia arriba, es decir del seno de la comunidad y otra bien diferente es hoy cuando los candidatos se designan en conciliábulos que luego imponen a los electores mediante técnicas de marketing como cualquier mercancía, o mediante la compra de votos. Claro que la mayoría de elegidos casi siempre dicen que ellos son sacrificados, que el pueblo los eligió contra su voluntad.

Por supuesto, en las condiciones del régimen político colombiano, ningún candidato sale elegido sin que previamente haya una coalición que realice la mecánica electoral a su favor; pues la cultura política no permite votar libre y voluntariamente por una propuesta o programa de gobierno, sino en contadas excepciones que llaman “voto de opinión"; porque el grueso de la votación es el resultado los esfuerzos de marketing electoral. Por eso los caciques políticos ven normal y sano que se celebren los acuerdos entre microempresas electorales para alcanzar el volumen suficiente que les proporcione el triunfo.

Desde ese punto de vista, el de las características del régimen político, las componendas son normales. De modo que no se podría censurar el hecho por simplemente realizarlo. Pero no todos los acuerdos son iguales por lo tanto algunos son reprochables y otros no. Pues sin el arreglo es para defender lo público, sobreponiendo el interés general y el bien común por encima de los intereses particulares, dicha componenda es favorable a la sociedad y merecería aplausos. Pero si el acuerdo es para monopolizar y perpetuarse en el poder utilizando las instituciones para beneficio personal o grupal, imponiendo el interés particular por encima del interés general, y peor aún, si el arreglo es para saquera los bienes públicos y repartirse el fisco, esta práctica es absolutamente perversa.

Falta ver en cada región que atributos presentan los diferentes acuerdos electorales para juzgarlos y calificarlos cada uno según su propósitos; pero en todos los casos toca aceptar que los arreglos y componendas son una costumbre que ha hecho carrera y constituyen uno de los artilugios del régimen político.