LOS MOVIMIENTOS CÍVICOS MUNICIPALES

La sociedad colombiana en general, está cansada y aburrida de las costumbres que posee el régimen político nacional. Ya le fastidia la repetición de hechos cada cuatro años cuando se trata de realizar elecciones. Los mismos con las mismas y los mismos procedimientos para escoger candidatos y realizar las campañas electorales. La comunidad nacional ya no da más, sobretodo porque con este mecanismo de escogencia de aspirantes, de donde sale el elegido, la calidad de los gobernantes territoriales ha sido muy cuestionada.

Tal vez por ese motivo, sin desconocer los efectos que está produciendo el caso de la Habana que por razones mediáticas ha creado expectativas y deseos de cambio, gratamente sorprende fenómenos que se vienen gestando en los municipios orientados a la escogencia de candidatos a alcaldía el próximo año. Lo más grato, es que son de iniciativa local y no, como ha sido tradicional, imposiciones salidas desde Bogotá.

Refiriéndome a los casos que he visto con mis propios ojos y sin saber sobre la existencia de otros en zonas del país más alejadas, estamos presenciando procesos en Cali mediante el movimiento que se llama “Cali tiene cura”, en Candelaria donde se está cocinando desde hace dos años, en Jamundí y Cerrito donde ya inician también las inquietudes sobre una alternativa diferente para definir candidatos a través de movimientos cívicos y por supuesto en Popayán donde ya está programada la asamblea de constitución para este sábado 30 de agosto a las cuatro de la tarde en el Hotel Luxor de la calle 4 con carrera 15..

Popayán podría crear un modelo perfectamente coherente con los cánones de la Democracia Participativa y mostrar el esquema para ilustrar a otros municipios. Bien se podría generar en este municipio un procedimiento útil para cambiar las costumbres políticas del país que tanto daño le han hecho a la comunidad nacional. La coyuntura es apropiada porque la idea que se agita como consecuencia de los diálogos de la Habana han motivado la necesidad del cambio y el convencimiento de que es necesario adentrarse en un proceso de construcción de futuro soportado en nuevos esquemas de organización social y política. Como ha sucedido tantas veces en el pasado, los fenómenos de generación espontánea de las masas a veces son impredecibles y cuando menos se espera surgen grandes cambios en las organizaciones sociales que conducen a nuevas fases de la historia, por lo cual no es irracional pensar que puede estar en gestación una gran transformación nacida desde el nivel local tal como rezan los principios del desarrollo endógeno, con esto de los movimientos cívicos municipales.

LOS TRAUMAS DEL NUEVO MECI

Con la expedición del Decreto 943 de mayo de 2014, queda claro que el DAFP aplicó la fábula de la zorra, cuando después de saltar repetidamente para coger las uvas y al ver que no las podía alcanzar, resolvió su problema diciendo “las uvas están verdes” y cesando su esfuerzo. En 2005, después de doce años de que la Ley 87 de 1993 estuviera sin instrumentos prácticos para su aplicación, mediante el Decreto 1599 el gobierno adoptó el modelo de control interno diseñado con el auspicio de Usaid y la intervención de la firma Casals & Associates Inc. Para la implementación de dicho instrumento, se le asignó la responsabilidad central al DAFP con las tareas de difusión, capacitación, orientación y seguimiento.

Desde el comienzo, los mismos funcionarios de ese departamento administrativo crearon confusión y enredaron el proceso. Las sesiones de capacitación y la inducción que brindaban a los organismos, principalmente a las entidades territoriales, fueron deficientes y alejadas de la realidad del modelo, de modo que en lugar de orientar lo que hicieron fue desorientar y crear un clima de rechazo por parte de los servidores públicos en las entidades receptoras; por cuanto, a pesar de que el modelo fue clara y correctamente diseñado, los funcionarios de Bogotá no entendieron el diseño de Casals. Entre otras cosas, los del DAFP no entendieron que el MECI es un instrumento de gerencia pública y que su rol principal es asegurar el logro de los objetivos del plan de desarrollo de los gobernantes territoriales.

Transcurridos nueve años, resuelven cambiar el modelo con el trivial argumento de que COSO, un organismo internacional privado de contadores, ha hecho cambios, pero sin tener en cuenta con pragmatismo y objetividad, la propia realidad de las entidades territoriales.

Lo grave es que en lugar de mejorar, lo que hicieron fue dañar. El modelo inicial era totalmente adecuado y coherente a los fundamentos de la Ley 87. Ahora, disque para hacerlo más sencillo, reducen de 29 a 13 los elementos eliminando algunos importantes y esenciales sin los cuales la filosofía del control queda desarmada. Quitan el modelo de alta dirección, con lo cual se debilita el compromiso de los gerentes, transversalizan la información y la comunicación desarticulándose con el modelo de operación y lo más grave, desaparecen el corazón del modelo que se concentraba en lo que era el subsistema de control de gestión donde se localizaba el remate del capítulo de riesgos y que materializaba el autocontrol como son los controles propiamente dichos. Con ello queda la administración del riesgo en el aire y los servidores públicos sin la posibilidad real de aplicar el espíritu del autocontrol que constituye la esencia del sistema.

Se afecta con ello el propósito constitucional de transformación del Estado Burocrático al Estado Gerencial, cuyo motivo principal es evidente: como los genios del DAFP en Bogotá no entendieron el MECI, resolvieron cambiarlo sin importarles las consecuencias en la concepción general del Estado postmoderno y sin darle ninguna importancia a los traumas del nuevo MECI.

LAS CONDICIONES DEL POSCONFLICTO

Dijo el Director de la ESAP Territorial Antioquia en un evento realizado en Santander de Quilichao que la palabra posconflicto estaba siendo usada, abusada y algo más, significando que aún no se sabe eso con qué se come, por la intensidad mediática que está colmando los oídos de la gente y creando grandes expectativas sobre un evento cuyos resultados todavía están por verse. De todas maneras, aunque el proceso de La Habana no llegue a final feliz, el país ya está mentalizado de que es hora de entrar en una fase histórica de cambio de la realidad nacional modificando elementos sustanciales de la vida socioeconómica.

El gobierno nacional viene hablando de una paz que, según se deduce de sus propias manifestaciones, se refiere a la paz de la oligarquía para beneficio de los ricos; porque la verdadera paz, la del pueblo y la mayoría de los colombianos, no se construye en Bogotá y mucho menos en Cuba. La verdadera paz, como construcción de un clima de convivencia que facilite la vida armónica de todos los colombianos, es un proceso que se debe realizar en cada municipio bajo el liderazgo de su respectivo alcalde; pues cada territorio tienen sus propias especificidades y es a partir de éstas que se organiza la vida social de modo que se trascienda y sobrelleve el conflicto sociopolítico, que seguirá existiendo aunque hayan desaparecido los grupos armados.

Surge entonces la pregunta obligada: ¿tienen las administraciones municipales la suficiente capacidad para responder a su reto histórico? Deseamos que se logre el fin de los enfrentamientos armados y surja una posguerra en circunstancias favorables para crear un mejor futuro para las generaciones venideras ya sin guerrilla. Pero con ellas o sin ellas, cualquier construcción de futuro en un ámbito de convivencia pacífica debe contar con la dirección del Estado que desde el nivel municipal debe ejercer su competencia como rector de los procesos económicos y sociales. Sin embargo, lo que hoy vemos es una administración municipal débil y sin capacidad técnica y operativa suficiente para responder a la magnitud del compromiso, comenzando por el personaje del alcalde, que es producto del régimen político y opera amarrado a las mañas que dicho régimen le impone.

Comenzando por la elección del gobernante territorial, que no surge mediante un proceso de verdadera democracia participativa sino por la imposición de políticos tradicionales que manejan los votos cautivos aprovechando el bajo nivel de cultura política que reina en Colombia, la gestión pública municipal adolece de serias deficiencias técnicas, por lo que debe desde ya iniciar los cambios necesarios para que en la nueva etapa de la historia se presenten de manera adecuada las condiciones del posconflicto. 

EL FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE BANDAS

El Grupo Orfeo es una de esas sociedades civiles que tanto se necesitan para hacer realidad la co-gestión de políticas con responsabilidad compartida entre el Estado y la Sociedad, donde los procesos de gestión pública, planificación, ejecución y control, deben realizarse conjuntamente entre las entidades del Estado y los organismos civiles. En el pasado ya hemos visto a esta ONG en otros procesos del sector de arte y cultura, ejecutando proyectos de origen gubernamental, correspondientes a la programación de la administración municipal de Popayán.

La frase de que debemos cambiar los fusiles por instrumentos musicales que dijo alguna vez el artista que creó la “escopetarra” (una guitarra con forma de escopeta), tiene mucho sentido filosófico, tanto por la alternativa de ocupación del tiempo libre de la juventud, como por el valor de la música en la salud mental. Por eso las organizaciones sociales que se dedican a promover y exaltar el patrimonio artístico merecen su reconocimiento, más cuando desde su origen civil, se introducen en el campo comúnmente reservado para las entidades del Estado.

En este mes de agosto, ya se está haciendo costumbre la realización del Festival Departamental de Bandas, que el Ministerio de Cultura auspicia para que los jóvenes del Grupo Orfeo lo realicen en Popayán, mediante la concentración de grupos de este género musical, que aprovechan para expresar públicamente su producción artística. La mayor aspiración de un músico es la de tener un auditorio que le escuche y le aplauda. Por tercera vez se realizará la próxima semana este evento musical, que es de iniciativa civil pero que ha contado con recursos del Ministerio y en ocasiones también con el apoyo de la Alcaldía de Popayán.

Este año están presente seis bandas municipales, un buen número si se tiene en cuenta las limitaciones de los municipios caucanos para sostener grupos musicales en su territorio. Pero se espera que con la continuidad del evento, en el futuro el festival se posicione en el concierto nacional y entre a sumar en la lista de festivales que ya hacen parte del patrimonio cultural de la ciudad. El Grupo Orfeo y por supuesto el festival, es un producto que surge del seno de la Facultad de Música de la Universidad del Cauca y por lo tanto es un aporte del alma mater a la riqueza cultural de la ciudad, que hoy, apenas realizándose el tercer evento, está todavía muy joven pero que con la ayuda de los actores municipales y la contribución de los gobiernos territoriales, pueda en el futuro ocupar un puesto relevante a nivel nacional, algo así como el Festival Mono Núñez que se realiza en Ginebra Valle, y así Colombia en el mes de agosto venga a Popayán a presenciar el Festival Departamental de Bandas.