LA HORA DE LA PLANEACIÓN

Varias de las leyes expedidas después de 1991 para desarrollar la Constitución Política, fracasaron o están a punto o necesitan ya reformas. Por ejemplo, las leyes 99, 100 y 388, rotundamente fracasaron y la Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, requiere ya una revisión y muchas modificaciones.

Desde hace treinta años se viene diciendo en los foros académicos que la planificación en Colombia es un desastre. Luego salió la Ley 152, norma que va para los dos decenios y por lo tanto ya tuvo el tiempo suficiente para verificar en la práctica, lo que sirve y lo que requiere modificar, por lo cual hoy existen los argumentos suficientes para afirmar que ya es tiempo de introducirle los cambios pertinentes, tanto para corregir las deficiencias técnicas en los procesos de planificación como para adoptar un instrumento de aplicación práctica que permita ejercer con eficacia la gerencia pública. Han pasado ya varios gobernantes aplicando esta ley y con ello se ha podido identificar los aspectos que sirven y los que no sirven.  

Para comenzar, es necesario considerar que la ley le llama “Plan de desarrollo” a lo que es un “Plan de gobierno”, lo cual desvía el sentido de lo que es un verdadero plan de desarrollo y distorsiona la esencia del desarrollo lo mismo que la responsabilidad del progreso en el mismo, lo cual, además de otros factores técnicos, en lugar de corregir las quejas generalizadas de los años ochenta, lo que ha hecho es agudizar las deficiencias técnicas que se presentan en materia de planificación del desarrollo, como por ejemplo, resolver el vacío que aún existe en materia de regulación de los procesos de largo plazo, por no señalar la desarticulación con el POT, la NTCGP y el MECI.

Es conveniente realizar un debate público o académico sobre el tema de la planificación en el país, principalmente en los órdenes territoriales, que es donde se deben originar los procesos, si se quiere una verdadera democracia participativa. Un debate que permita examinar las ejecutorias y los alcances de la norma aplicados en el departamento y los municipios desde 1994 hasta ahora, para que con un sentido objetivo y crítico, se evalúe lo realizado por la oficinas de planeación y los contenidos e impactos de los planes de desarrollo, todo con el fin de deducir las medidas necesarias para avanzar en el mejoramiento de los procesos de planificación que se realizan en los territorios, hoy que en otros campos de la vida legislativa se están realizando estudios para modificar leyes y que debido a la coyuntura histórica que vive el país, con sentido pertinente podemos afirmar que también llegó la hora de la planeación.

EL PUNTO TRES DE LA AGENDA

A propósito del tercer tema de la negociación en Cuba, recordamos un artículo publicado en el diario El Liberal el 5 de junio de 2005 haciendo referencia a lo que se le puede denominar “la economía del instinto”. Señalaba el artículo, que mientras existan ricos periqueros en Europa y Norteamérica y mientras existan condiciones de extrema pobreza en las alejadas zonas rurales del país, no habrá posibilidad real de acabar con los cultivos de marihuana, coca y amapola.

Los campesinos cultivan estas especies vegetales, no porque sean delincuentes, sino porque el instinto de conservación, que se rige por la ley natural, impulsa a realizar procesos económicos orientados a la supervivencia de la especie recurriendo a las más elementales formas de producción y cambio. Lo único que busca el instinto animal es la consecución de los medios de vida, sin tener en cuenta que la ley jurídica lo prohíbe. Como no hay otro cultivo que tenga solución de comercialización y el autoconsumo no es suficiente, el instinto los lleva a producir lo único que sí pueden vender.

Con la presencia de las Farc o sin esta, si el Estado no resuelve el problema de articulación con los mercados mediante el establecimiento de canales de comercialización, la resolución de la infraestructura comercial y la prestación de los servicios básicos y complementarios al comercio, aunque la guerrilla desaparezca, existirán otros actores que compren la producción y los cultivos de uso ilícito seguirán ahí, pues las comunidades campesinas no se pueden dejar morir sólo porque la ley los prohíbe.

Los programas de sustitución de cultivos y la cantidad de dinero que se ha gastado en este empeño, gran parte de ello con fuente extranjera, es una experiencia que se debe asimilar. El esfuerzo se pierde no por la falta de voluntad del campesino para sembrar otro producto, no porque la tierra no responda a la producción del sustituto, sino porque la producción no tiene quien la compre. Y además, porque en esas zonas marginadas tampoco hay agua potable, ni energía eléctrica, ni escuelas, ni campos deportivos, ni centros de atención de la enfermedad, ni abastecimiento de granos, procesados y manufacturados que les permita a los habitantes adquirir completa la canasta familiar.

La negociación no ha comenzado; no sabemos, como en los otros temas, qué se va a hablar. Pero sí podemos estar seguros de que si no se tocan los asuntos por el derecho y no se reconoce que la pobreza y el abandono es la causa objetiva de la situación, muy poco alcance tendrá la negociación con la guerrilla sobre el punto tres de la agenda. 

LA OTRA NEGOCIACIÓN DE PAZ

Siempre se ha afirmado que la violencia en Colombia tiene causas subjetivas y causas objetivas, que se alimentan con factores coyunturales y estructurales; por eso para alcanzar la convivencia pacífica, que es su antagónica, no basta con que las guerrillas cesen sus acciones armadas. Se requiere además otros mecanismos sociales que contribuyan a crear el clima apropiado para la tolerancia, el respeto a la diferencia y la comprensión paciente de las conductas ajenas.

Un fenómeno que se ubica dentro de las causas subjetivas pero que está enraizado estructuralmente en la sociedad, es el maltrato infantil, que siembra en las personas desde temprana edad, la cultura agresiva y violenta,  que luego cuando se es mayor, se manifiesta en contra de sus semejantes. Varios estudios demuestran que la mayoría de los sujetos violentos y criminales, han sufrido una niñez con maltrato, llegándose inclusive, al reconocimiento general acerca de las consecuencias de los gritos y golpes a los niños. Pero parece que a la sociedad colombiana  no le importara la situación. Desde la época del “Pacto por la Infancia” como eje de la política social, no se ha vuelto a ver un despliegue institucional tendiente a aliviar este mal que agobia al país.

Fue cuanto el “Pacto por la Infancia” que se logró la creación con instrumento legal de los consejos de política social para que a través de ellos se implantaran mecanismos de gestión suprasectorial que permitieran, con eje en la política de infancia, realizar acciones orientadas hacia el desarrollo humano integral superando el sectorialismo de la oferta institucional. Fue en esa época cuando se propuso otorgarle al maltrato infantil la categoría de “asunto público” con la finalidad de que toda la comunidad en su conjunto pudiera intervenir en los casos que abundan, sobre maltrato y que hoy son considerados como un asunto privado a pesar del daño que hacen a toda la sociedad. Siendo asunto público, muchos instrumentos sociales se pudieran implantar para luchar contra este fenómeno que está incrustado en la cultura colombiana y que mucho contribuye a la perpetuación de la cultura de violencia operando como mecanismo de retroalimentación perverso.

Hoy el país está embelesado con la negociación de la Habana, que sin duda es muy importante considerando que las Farc son el grupo guerrillero más notorio, pero no se aprecia que otros aspectos de la violencia se estén tratando aunque sea con mínima magnitud, siendo que varios de ellos, como el caso del trato a los niños, no requieren de tanto esfuerzo político y probablemente la extrema derecha uribista tampoco se oponga, por lo cual se hace necesario que la sociedad colombiana también aborde este tema, como si fuera la otra negociación de paz. 

LA TRANSPARENCIA DE LO PUBLICO

El hijo de Iragorri, al mejor estilo de la oligarquía bogotana a la cual él ya pertenece, responde con ataques personales cuando se le critica su accionar en el cumplimiento de las funciones del cargo que ocupa, argumentando la defensa de un supuesto prestigio que él dice tener pero que falta comprobar, al igual que el de los demás hijos de políticos que hoy administran el Estado colombiano de manera nefasta. Los actos y las decisiones de todos los servidores del Estado, independientemente de quién sea su papá o del cargo que ocupan, deben estar expuestos a los ojos de la opinión pública de modo que la conducta y los compromisos que realice, si están dentro de la órbita de sus funciones y competencias, pueden contener lo que quiera, que al final el compromiso es del Estado y no personal, pero como se trata de asuntos públicos, es su deber darlos a conocer al conjunto total de los actores sociales, lo que el hijo del citado político no hizo. Atacó a su crítico pero no informó sobre el contenido de sus actos y decisiones para poder verificar públicamente quién dice la verdad.

Esto de la exposición pública de los compromisos celebrados es importante porque en los últimos treinta años ya ha ocurrido varias veces: llega el ministro, antes de gobierno y ahora del interior, firma compromisos para que quiten los bloqueos de las carreteras, luego incumplen lo prometido y vuelve el bloqueo, siendo los habitantes de Popayán, quienes afrontan las consecuencias de la irresponsabilidad del alto funcionario. Por eso hoy nos preguntamos: lo que comprometió el hijo de Iragorri fue consultado con el hijo de Cárdenas, que es quien maneja el dinero, y con la hija de Orozco que es quien introduce en el presupuesto de inversión los conceptos de gasto??

Porque los compromisos de gasto público pueden ser hechos por cualquiera de los hijos de político que gobiernan este país, pero siempre deben someterse a las leyes vigentes. Puede ser muy alto el cargo del funcionario, pero debe acatar las leyes preestablecidas como en cualquier Estado de Derecho. Para poder cumplir en concreto el compromiso adquirido con las comunidades, se deben aplicar rigurosamente las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, compiladas en el Decreto 111 de 1996, comenzando por la formulación de los proyectos en formato MGA y su correspondiente viabilización y registro en el BPIN. Caso contrario, lo firmado será como un saludo a la bandera y más adelante vendrán nuevos bloqueos por culpa del incumplimiento del gobierno nacional. Además, antes de aplicar las normas legales que rigen el gasto público, existe un requisito ético que también se debe cumplir y que se inscribe dentro de la obligación en todo acto administrativo, de adoptar la transparencia de lo público.

UNA NUEVA ADMINISTRACION TERRITORIAL

A propósito de los convenios suscritos por el Gobierno Nacional con las comunidades indígenas de este departamento como respuesta las tomas de las carreteras, bien vale la pena pensar en aprovechar la oportunidad para, de una vez por todas, corregir las deficiencias en los diseños de los administradores territoriales que datan ya desde hace dos siglos y avanzar así en el ordenamiento territorial que tanto espera el país y que la Ley 1454 de 2011 no fue capaz de introducir.

Colombia en general y la región caucana en especial, necesitan de nuevos administradores territoriales, pero que no sean sacados del centralismo bogotano como históricamente lo ha sido, sino diseñados y construidos de abajo hacia arriba por parte de los mismo actores locales y regionales y que respondan de manera consecuente a las propias especificidades tanto naturales, económicas, sociales y culturales.

Hoy están dadas las condiciones para promover el establecimiento de las ETIS, por una parte, y para la creación de un nuevo municipio o como quiera que se llame a un administrador territorial de cobertura local, que constituya la célula de la organización del Estado. Pero no se trata de convertir en entidades indígenas a los municipios actuales donde se asientan estas comunidades conservando los mismos linderos. Ni siquiera se trata de linderos, sino de la implementación de estructuras administrativas con funciones y competencias pertinentes, con mecanismos de financiamiento adecuados, con instituciones idóneas y régimen político consecuente. De la misma manera, se necesita un nuevo diseño para los municipios, con la capacidad de fortalecer la descentralización administrativa y capaz de promover la descentralización política, que responda a los requerimientos administrativos de los procesos económicos y sociales, con linderos debidamente armónicos con el ordenamiento territorial y mecanismos de financiamiento apropiados.

El Cauca puede ser un buen laboratorio de experimentación. Pero el Gobierno Nacional no lo facilitará por las buenas. Es necesario unir esfuerzos de todos los actores regionales en conjunto para que sin permiso de Bogotá, el territorio se adentre en este proceso y cuando ya tenga los diseños elaborados, se solicite a la Nación su acogida y respaldo para tramitar su aprobación ante órgano competente. Cauca necesita del ordenamiento territorial con un modelo de ocupación del territorio donde quepan las diversas culturas y etnias y que facilite la convivencia mediante el diálogo intercultural constructivo, que de una vez sea también un modelo pedagógico para ilustrar al país, por lo cual es conveniente aprovechar hoy la oportunidad para crear una nueva administración territorial.