EL REBOTE DE LA PACIENTE

El episodio de la paciente que se puso energúmena y destruyó los muebles en una ESE de salud en días pasados, es un buen ejemplo de lo que significa la administración de lo público y muestra claramente la diferencia entre los bienes públicos y los bienes privados, dejando claro el por qué no es posible aplicar al pié de la letra en la gerencia pública el paradigma de la gerencia privada.

Lo público tiene dependencia directa o indirecta con la ley natural y como tal, la demanda de lo público se reviste de una variable, que no existe en lo privado, derivada del instinto o sea del componente animal de la especie humana. Por eso la racionalidad del consumidor de lo público difiere substancialmente de la racionalidad del humano cuando demanda los bienes privados y en tal circunstancia, cuando se trata de demandar un bien o servicio público la persona corre el riesgo de salirse de casillas, perder la cordura y explotar de manera irracional contra todo lo que se atraviese.

Al igual que las prestadoras del servicio de salud, todas las empresas vendedoras de bienes o servicios públicos están expuestas a enfrentar una conducta del consumidor que en su interior encierra el componente animal, razón por la cual el marketing de lo público difiere de la comercialización de bienes o servicios privados. Por eso, los administradores de estas empresas deben adoptar los mecanismos de servicio al cliente y de articulación con la comunidad demandante del servicio, que permita la adopción de procedimientos concordantes con los requerimientos de calidad que el carácter público requiere. No se pretende, por supuesto, justificar el comportamiento de las personas que por falta de autocontrol emocional se dejan llevar por el instinto animal y proceden a causar daños y destrozos, como ocurrió en alguna localidad de la costa atlántica hace unos años, cuando los consumidores del servicio de energía quemaron la sede de la empresa y hasta la casa del alcalde; pero si es conveniente comprender el fenómeno social en esta época cuando la privatización de los público está en el orden del día.

Debe ser un aprendizaje para las personas naturales o jurídicas que se meten a hacer negocio con los bienes públicos pensando en la rentabilidad simplemente, sin tener en cuenta los factores de la demanda de este tipo de bienes, que no le exoneran en ningún caso, a que se les presente un fenómeno similar a este del rebote de la paciente.

NO HABRÁ CONSTITUYENTE

Los delegados de las Farc en Cuba están MFT al solicitar una Asamblea Constituyente, la cual no se podrá realizar, no porque Santos no acepta, sino porque este tipo de eventos se realizan sólo cuando obedece a los intereses de los poderes capitalistas del mundo. La historia nos enseña que la constitución política de un país dependiente como Colombia se cambia cuando así lo requieren los poderosos del mundo, en este caso el Capitalismo Financiero Internacional. El señor John Williamson del IIE de Washington, puede dar fe de esto tratándose de la Constitución del 1991 e igualmente, los historiadores nos muestran la razón por la cual se cambió en 1886 la Constitución de 1863, para acomodar el país a los intereses de los ricos del mundo, en esa época, los industriales ingleses, en plena era victoriana.

Permitir una constituyente por parte del capitalismo financiero internacional, sería para ellos, los rentistas del mundo, demasiado riesgoso. Qué tal el peligro de echar para atrás lo que lograron infiltrar en el 91 para su conveniencia, como fue la estructura de financiamiento del Estado, que ya antes se había introducido con la Ley 51 de 1990, o la de la autonomía del Banco de la República con su función de frenar la inflación, o la de nuevamente, cambiar el Estado Social de Derecho, que los alemanes crearon en los años treinta con otros fines de alto valor humano, pero que el capitalismo rentista distorsionó para coger al Estado de marrano como objeto de su lucrativo negocio en sus operaciones especulativas.

Los de las Farc creen, que como en la época de la negociación del M-19 hubo una constituyente donde participaron sus militantes, ahora también se va poder hacer, ignorando que lo ocurrido en ese entonces fue pura coincidencia con la necesidad de cambios constitucionales para consolidar las imposiciones del Consenso de Washington, cuando, obedeciendo a fuerzas extranjeras poderosas, la Corte Suprema de Justicia, en ese tiempo, expidió los dos conceptos necesarios para tal fin: que se podía violar la constitución de 1886 utilizando una constituyente para modificarla y que esta asamblea podía cambiar totalmente la carta tal como ocurrió para derogar el Estado keynesiano e implantar el social de derecho, existente en la teoría desde medio siglo atrás. Ahora los tiempos son diferentes y bajo ningún punto los dueños del mundo van a permitir que se cambie el modelo de Estado, donde la Corte Constitucional actúa como sólido guardián, razón por la cual el presidente una y otra vez repite que como efecto de la negociación con la guerrilla, no habrá constituyente. 

EL MECANISMO DE LAS AYUDAS

La semana pasada, el gobierno a través del Ministerio de Agricultura, calmó la protesta de los productores de papa comprometiendo una ayuda de 40 mil millones de pesos, más 30 mil millones adicionales que se acordarán próximamente y dos mil millones para los productores de cebolla, según publicación de un diario bogotano. Con esto, adopta la política de recurrir a los subsidios y ayudas monetarias cada que se presenta una marcha, protesta o toma de carreteras, lo cual seguirá en serie, porque más adelante vendrán uno a uno, los productores de todas las ramas que componen el aparato productivo nacional, como consecuencia de las políticas que ha venido aplicando el gobierno durante el presente siglo.

La solución no es mediante dádivas para mitigar la protesta y así aliviar la lamentable situación que afrontan los productores nacionales, no sólo del sector agropecuario, sino también los manufactureros. Eso es como buscar la fiebre en la sábana. La solución al problema de los productores es atacando las causas directas e indirectas que ocasionan el problema y por lo tanto, es mediante las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y por supuesto la política de desarrollo, como se corrigen los factores que están llevando a la quiebra a los productores nacionales. Es el modelo de globalización financiera con apertura de las fronteras comerciales el tronco que sostiene los argumentos por los cuales el aparato productivo se está desecando.

Aplacar la protesta con subsidios y ayudas monetarias es agrandar más el problema. Es institucionalizar el mecanismo por efecto ilustración hacia las demás ramas afectadas por el modelo y las políticas macroeconómicas, que son todas, excepto las multinacionales, y con ello crear un rosario de protestas una detrás de la otra. Es poner en riesgo la situación fiscal que se concentra principalmente en cumplir el servicio de la deuda y por ende la carencia de fondos para atender otras necesidades sociales del país.

Ante esta situación el gobierno se metió en una encrucijada; pues si ataca el problema con las fórmulas adecuadas modificando las políticas macroeconómicas, se echa encima a los organismos multilaterales que protegen al capitalismo financiero internacional; y si se aparta de la modalidad de subsidios y ayudas monetarias que ya acostumbró, se incendia el país con tomas de carreteras cada semana, razón por la cual debe desde ahora, revisar el mecanismo de las ayudas.

LA CALIFICACIÓN TRIPLE B POSITIVO

Parodiando a Manfred Max Neef, tendríamos que afirmar que ahora podemos decirle a la gente de la pobreza extrema como la que reside en Ciudad Bolívar de Bogotá, el Distrito de Aguablanca en Cali o en el sector suroccidental de Popayán, que hoy deben estar felices, que no se preocupen, que no se enfermen y que no se angustien, porque a Colombia le otorgaron la calificación BBB+.

La semana pasada, el gran revuelo en las altas esferas del gobierno, lo causó la noticia de que la calificadora internacional de riesgos Estándar and Poor’s (S & P), una de las firmas de este género más prestigiosas, calificó a nuestro país elevándolo de la nota BBB Menos al nivel BBB, la mejor calificación que haya tenido la deuda colombiana desde que existe ese mecanismo. Ni corto ni perezoso, el hijo de Cárdenas quien estaba en Perú, salió por las cadenas radiales a manifestar su complacencia y ante la pregunta del esbirro del gran capital Arismendi,  no vaciló en afirmar que los pobres se van a beneficiar con el trivial argumento de que la baja en los intereses pagados se convertiría en gasto social.

La calificación de la deuda colombiana en nada beneficia a los pobres; esto es simplemente una señal para los especuladores internacionales del dinero, tal como la señal que manda el Banco de la República sobre la meta de inflación, que les indica a los capitalistas del mundo, qué tan tranquilos pueden estar si traen sus dineros a ganar plata en este país, comprando los papeles que emite el tesoro público. La buena calificación de S & P significa que el gobierno colombiano es servil, sumiso y arrodillado, que no le importa recortar el presupuesto para el gasto social, porque en primer lugar y como primera prioridad, está pagarle cumplidamente el principal y los intereses a los rentistas que hayan cogido el Estado colombiano como marrano para su lucrativo negocio.

Ahora con eso se les van a abrir más las agallas a los especuladores internacionales del dinero, van a traer más dólares a Colombia y por consiguiente la revaluación se va a acelerar perjudicando más a los exportadores y con ello empujando más hacia el desecamiento del aparato productivo nacional y el aumento del desempleo. No es por lo tanto noticia de celebrar por parte de los colombianos ese aumento de la calificación, que si bien hace quedar bien al gobierno frente al capitalismo financiero internacional, muestra nubarrones grises para el conjunto total de la economía donde el desempleo es el fenómeno más preocupante, por lo que hubiera sido mejor que a Colombia no se le otorgara la calificación triple B positivo.

LOS TRAUMAS DEL DECRETO 2482

Desde hace 22 años, el país viene adelantando el proceso de postmodernización del Estado, transformando su modelo de operación que pasa de uno burocrático a uno gerencial. A pesar del tradicional, conocido y característico desorden del alto gobierno nacional, durante este período se han introducido normas legales y reglamentarias que como colcha de retazos, habían propiciado cambios, desordenados sí, pero al fin cambios tendientes a implantar en Colombia los patrones de la gerencia pública para mejorar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado bajo los parámetros de eficiencia, eficacia y efectividad.

El proceso ha venido lento porque tras de gordo hinchado. Como si fuera poco que el régimen político caracterizado por el clientelismo, la ineptitud, la corrupción y otras aberraciones, se constituye en el principal obstáculo para avanzar en la transformación del Estado, la administración nacional que hoy está en manos de los hijos de quienes lo administraron el siglo pasado, comete error tras error propiciando el absurdo que ha caracterizado dicha transformación.

Como se entiende el proceso a la luz de los conceptos sobre gerencia y reconociendo la necesidad de adoptar instrumentos para ejecutar el cambio, se contaba con las cuatro herramientas básicas para direccionar las funciones de planificar, ejecutar, controlar y tener contacto con el cliente que en el Estado se llama ciudadano. Ya antes, en desorden cronológico se habían promovido las normas técnicas de operación y control, acompañadas con la herramienta de maneo logístico necesaria para fortalecer las dos anteriores. Pero ahora se introduce un cambio que produce desconcierto y lo poco que se había logrado avanzar sufre otro traspié por mandato del gobierno nacional.

Ya en 2001 se había expedido el Decreto 2470 para reglamentar el Capítulo IV de la Ley 489 de 1998; en 2005 para enmendar los errores cometidos en dicho decreto, se expidió el Decreto 3622 con el cual se deroga el anterior; y ahora a finales del año pasado, se expide el Decreto 2482 de 2012 mediante el actual se deroga el expedido en 2005. Este último, que pone a correr a los alcaldes porque fija el 30 de abril para presentar un primer informe, no muestra tener un soporte conceptual sólido, ni paradigma, ni modelo de gerencia pública que lo sustente. Con mucha claridad se aprecia que el motivo de su expedición es justificar el puesto del hijo de Galán que ocupa como consejero de la Presidencia, en un caso más donde se evidencia que los hijos de la oligarquía colombiana manejan este país con las patas, restándole importancia a la realidad objetiva para justificar los puestos que ocupan en el alto gobierno, sin medir las consecuencias en la construcción del paradigma de gerencias pública ni los traumas del decreto 2482.