Como era de esperar: los traficantes de vidas
humanas o mercaderes de la muerte, alias las EPS, están boicoteando el trámite
de la ley que pretende reformar el sistema general de seguridad social en salud,
según se deduce de las palabras del ministro y de algunos congresistas menos
corruptos que la mayoría, quienes se están ausentando del recinto para
descomponer el quórum y de esta manera evitar la aprobación de la norma. Ya se
había previsto, que aprovechando la inmoralidad y el bajo interés público de
nuestros legisladores, a quienes les interesa más el bien personal que el bien
común, quedaría muy fácil a las entidades aseguradoras defender sus intereses
para seguir usufructuando de los dineros públicos que los afiliados pagamos
bajo el nombre de aseguramiento, pero que no corresponde a este concepto.
Estos parásitos del sistema, que para nada sirven
en el conjunto organizacional, pues su función como aseguramiento y
administración de los recursos constituye el principal motivo del fracaso de la
Ley 100, no se iban a quedar de brazos cruzados viendo que el propósito
nacional es el de terminar su existencia, cuando con mecanismos de fácil
aplicación podrían evitar su fin. Bien conocida es la ética de los congresistas
de modo que es elemental el mecanismo de su defensa.
Por fortuna, parece que el gobierno está decidido
a aplicar cambios estructurales al sistema, los cuales significan una
modificación del papel de las EPS, así que temprano o tarde, estas
desaparecerán en su rol conocido. Lo malo es que el país está a punto de
reventar y un alargue de la situación no sólo es fatal para las instituciones
prestadoras del servicio como la red pública de ESE, sino para el conjunto
total de los enfermos colombianos.
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