Durante los ocho
años del gobierno de Uribe, la descentralización administrativa que en 1991 nos
ofrecieron a los colombianos como una manera de fortalecer la democracia
participativa, echó reversa. Luego cuando llegó el gobierno de Santos y
analizando el plan de desarrollo nacional “Prosperidad para todos”, el cual
cimenta en las capacidades territoriales el éxito de la política de desarrollo,
creímos que ahora, en este gobierno, se recuperaría el tiempo perdido en esta
materia y que las entidades territoriales podrían recuperar la autonomía menguada
y aplicar con más fuerza los principios constitucionales sobre autonomía y el
derecho al desarrollo. Más cuando en los fundamentos del PND, la teoría del desarrollo
endógeno constituye un soporte conceptual importante.
Pero transcurrida
ya la mitad del período de gobierno, ahora nos invade la desilusión y el
pesimismo sobre la posibilidad de, en realidad, desplegar procesos endógenos y
avanzar en el desarrollo regional y local. Ante la insuficiencia de recursos
monetarios para financiar procesos territoriales y considerando las novedades
del sistema de regalías, se pensó que
era una buena alternativa unir los dos aspectos: el de la política de
desarrollo basada en la teoría del desarrollo endógeno y los fondos del sistema
de regalías. Se creyó que por fin, los territorios habían encontrado la forma
de construir su propio futuro, además con amplia intervención de la sociedad
civil.
Pero lo visto en
las normas expedidas durante los dos últimos años, no sólo en materia de
regalías sino en otros campos de la gestión pública, es totalmente contrario a
las ilusiones creadas. El gobierno nacional viene interpretando de manera equivocada
la dependencia que tiene la política nacional frente a las realizaciones en el
nivel territorial. El concepto de disminuir las brechas entre regiones
avanzadas y las más atrasadas no se aplica mediante la concentración de las
decisiones de interés local en Bogotá. Más cuando los intereses de la Nación no
coinciden con los interese de las localidades y peor aun, cuando dichas
decisiones salen del DNP, un organismo que durante medio siglo, ha demostrado
estar distante de las realidades territoriales.