jueves, 13 de diciembre de 2012

SE AFERRÓ EL CENTRALISMO BOGOTANO


Durante los ocho años del gobierno de Uribe, la descentralización administrativa que en 1991 nos ofrecieron a los colombianos como una manera de fortalecer la democracia participativa, echó reversa. Luego cuando llegó el gobierno de Santos y analizando el plan de desarrollo nacional “Prosperidad para todos”, el cual cimenta en las capacidades territoriales el éxito de la política de desarrollo, creímos que ahora, en este gobierno, se recuperaría el tiempo perdido en esta materia y que las entidades territoriales podrían recuperar la autonomía menguada y aplicar con más fuerza los principios constitucionales sobre autonomía y el derecho al desarrollo. Más cuando en los fundamentos del PND, la teoría del desarrollo endógeno constituye un soporte conceptual importante.

Pero transcurrida ya la mitad del período de gobierno, ahora nos invade la desilusión y el pesimismo sobre la posibilidad de, en realidad, desplegar procesos endógenos y avanzar en el desarrollo regional y local. Ante la insuficiencia de recursos monetarios para financiar procesos territoriales y considerando las novedades del sistema de regalías,  se pensó que era una buena alternativa unir los dos aspectos: el de la política de desarrollo basada en la teoría del desarrollo endógeno y los fondos del sistema de regalías. Se creyó que por fin, los territorios habían encontrado la forma de construir su propio futuro, además con amplia intervención de la sociedad civil.

Pero lo visto en las normas expedidas durante los dos últimos años, no sólo en materia de regalías sino en otros campos de la gestión pública, es totalmente contrario a las ilusiones creadas. El gobierno nacional viene interpretando de manera equivocada la dependencia que tiene la política nacional frente a las realizaciones en el nivel territorial. El concepto de disminuir las brechas entre regiones avanzadas y las más atrasadas no se aplica mediante la concentración de las decisiones de interés local en Bogotá. Más cuando los intereses de la Nación no coinciden con los interese de las localidades y peor aun, cuando dichas decisiones salen del DNP, un organismo que durante medio siglo, ha demostrado estar distante de las realidades territoriales.

Los gobernadores y los alcaldes tienen la palabra. Son ellos, ya sea a través de las asociaciones que los agrupa o mediante otro mecanismo, quienes deben apretarse los pantalones y enfrentar las intenciones de los funcionarios del nivel nacional que con sus realizaciones, solo han logrado mostrar que ahora se aferró el centralismo bogotano.