PERFIL DEL GOBERNANTE

Mirando el extenso listado de precandidatos a la gobernación y la alcandía de la capital, el observador desprevenido debe opinar que hay de todo, como en botica. Pero sorprende algunos nombres que seguramente se lanzan, movidos por la vanidad narcisista de ver su foto en un afiche, porque frente a las condiciones que circundan los gobiernos territoriales para el próximo período, su osadía pareciera un mal chiste. El departamento y su capital, no están para juegos. La crisis territorial está a punto de tocar fondo, pero los tradicionales caciques propietarios de los votos cautivos parece que no se dieran cuenta; como siempre, se preocupan más por su interés personal que por el interés general y el bien público, que ni siquiera lo consideran.

El Estado postmoderno que se instaura en Colombia desde hace veinte años, cuya penetración no ha avanzado lo suficiente, requiere en el gobernante territorial un perfil gerencial que como tal, implica ciertas dotes innatas y la formación intelectual pertinente, la que no se consigue en universidades, porque en la realidad colombiana, lo más eficaz es el método heurístico, que exige gran experiencia, pero no vivida porque una palanca política le recomendó en los cargos como cuota burocrática, sino como constructor de virtudes a partir de sus propios méritos.

Además de lo anterior, el PND “Prosperidad para Todos”, dice que su propio éxito depende de la convergencia regional basada en los procesos endógenos que puedan surgir en los territorios sobre la base de sus potencialidades, las cuales por sí solas no son suficientes, si no se destacan los gerentes públicos ejerciendo su función de liderazgo colectivo y construyendo el capital social necesario para alcanzar los fines. El gobierno Santos rescata la descentralización que Uribe había reversado y recupera el papel del departamento como el administrador territorial intermedio, idóneo para resolver las necesidades supramunicipales que en las esferas ambiental, económica y social, son la mayoría. Adicionalmente la mal llamada ley de ordenamiento territorial, crea mecanismos importantes, que si los territorios aprovechan adecuadamente, pueden ser instrumentos para lograr de verdad, cerrar la brecha entre las regiones avanzadas y las atrasadas, tal como quiere el plan.

También hay que tener en cuenta que los jóvenes son excelentes para momentos de normalidad, por su activismo e iniciativa; pero la historia muestra que en épocas de crisis, más vale la sabiduría, experticia, experiencia, frialdad y serenidad de los maduros, para manejar situaciones complejas y atípicas, propias de realidades como las que afronta el territorio caucano. Ojalá cuando ya definan las candidaturas se depure el listado, para ver si a nivel de candidatos definitivos aparece un personaje que tenga el necesario perfil del gobernante.

EL TIRO POR LA CULATA

Cuando los inventores de la privatización de lo público, con el argumento de que el Estado es ineficiente ocultando que la verdadera causa de la ineficiencia radica en el régimen político y no en el Estado, lo hicieron para sustentar medidas favorables al capitalismo rentista, contando con que de esta manera, los recursos fiscales provenientes de los impuestos, se podrían destinar prioritariamente y en mayor proporción, a atender el servicio de la deuda para beneficio de los especuladores internacionales del dinero y los agiotistas del mundo, que la prensa bogotana llama inversionistas y que les defiende a capa y espada. Desconocieron la voracidad de quienes realizan, esa sí, inversión en empresas para explotar lo público y la inmoralidad y falta de ética que reina en la cultura colombiana. Creyeron que de esta manera el fisco se libraría de hacer gasto social y que los recursos tributarios no tendrían riesgos para los fondos de inversión y demás tenedores de papeles valores del gobierno.

Con lo que no contaban los alumnos de la Universidad de Harvard y demás doctrinarios del Neoliberalismo, es que en este país reina la corrupción y que las agallas de los mercaderes de lo público están muy por encima de los modelos organizacionales y financieros. Con ello el saqueo de los recursos destinados a financiar los bienes públicos está llevando los sistemas operativos a la crisis y poniendo nuevamente en jaque al Estado, quien no puede, por razones sociológicas y filosóficas, abandonar lo público dejando tirados a los más pobres para que la voracidad del mercado los aniquile. Al fisco le toca intervenir y salvar de la crisis a los prestadores de servicio, que por razones de las implacables leyes del mercado han caído en la grave situación de iliquidez y paro.

El Ministro de Protección Social ha anunciado que el país acudirá a un préstamo de la banca multilateral para aliviar la crisis de las ESE que hoy están así, porque los mercaderes de la muerte, llamados EPS, no les han pagado por los servicios, mientras que estos, los traficantes de vidas humanas, sí han cobrado por anticipado a los afiliados las cotizaciones que fija la ley. Entonces, de qué sirvió la privatización para aliviarle la carga al fisco, si al Estado le toca meterse la mano al bolsillo para salvar las empresas que el mercado de lo público quiebra? La doctrina parecía viable para el capitalismo financiero internacional, pero la historia que encierra realidades como la colombiana, dice que de eso tan bueno no dan tanto y a los modelos neoliberales parece que se les está saliendo el tiro por la culata.