REVENTÓ LA CAMORRA

El jueves 25 de diciembre de 2008, se publicó en esta misma columna del Diario EL LIBERAL un artículo titulado “Mejor que se quede Uribe”, donde se leía que “Los efectos e impactos de las políticas del gobierno casi siempre se manifiestan y se sienten después de tres años desde cuando se comienzan a aplicar. Por eso, la situación que vive el país hoy durante el segundo período de Uribe es consecuencia de las políticas que él aplicó en el primer período; y al Presidente del período 2010-2014, le tocará afrontar las consecuencias de las políticas que Uribe está aplicando hoy. Así, al próximo presidente le tocará asumir problemas sociales y económicos aun más graves de los que se están viviendo hoy. La opinión pública dirá entonces, que la culpa es de él y que el Uribe de hoy era mejor gobernante.”

El artículo perece premonitorio, si se tienen en cuenta los eventos de la última semana, cuando los uribistas están atribuyendo al gobierno de Santos, la culpa de la situación que hoy vive el país en materia de convivencia y seguridad, como efecto de las políticas que aplicó su antecesor y que han agudizado los conflictos sociopolíticos de la historia nacional. Lo justo sería que Uribe comiera de su propio cocinado afrontando hoy la agudización de la crisis que él mismo cultivó con sus cacareadas políticas de seguridad democrática, confianza inversionista y la descomposición social que llamó cohesión social. Pero por las razones que la opinión pública ya conoce, ahora le toca al Presidente Santos afrontar las consecuencias y en tal razón, recibir la crítica por la situación presente cuyos orígenes datan de varios años atrás pero que la visión popular no percibe.

A diferencias de Uribe, quien en su filosofía de gobierno mostraba los fundamentos más recalcitrantes de la derecha fascista, Santos que hizo la campaña bajo la sombra del Partido de la U, hoy demuestra con suficientes evidencias, que en su sentir político tiene muy arraigado los principios liberales de sus ancestros familiares, donde el respeto por las ideas opuestas, prima sobre el sentimiento narcisista. Por eso, a pesar de que Uribe boicotea su gobierno, el Presidente con nobleza reafirma públicamente su respeto y agradecimiento a quien le abrió la puerta para ascender al poder.

Colombia tiene que valorar y tomar posición frente a la confrontación que los uribistas está promoviendo, como siempre, por debajo de la mesa con métodos soterrados y turbios, hoy cuando el país ha recuperado la confianza y se vislumbra que nuevas rutas definirán el futuro; porque como se ven las cosas, ya reventó la camorra.

LA TAPA DE LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Ya es de público conocimiento, con suficientes evidencias descubiertas por los medios de comunicación en unos casos y por las autoridades en otros, que los ocho años del gobierno anterior dejaron como herencia la consolidación y entronización de la cultura de la corrupción en Colombia, siendo los bienes públicos la presa preferida de los corruptos. Pero lo ocurrido con los vehículos decomisados por la autoridad de tránsito en Manizales, es ya un caso aberrante.

Se sabe que el sector institucional de tránsito y transporte durante los ocho años de marras, ocurrieron las más perversas modalidades de aprovechamiento de lo público para beneficio de unos pocos avivatos. Porque es común que las ratas le echen mano al fisco de dónde sacan los recursos a través de tajadas o coimas de contratos que llaman, como en el caso del carrusel de Bogotá. Pero en este sector institucional ha hecho carrera que, sin afectar el presupuesto oficial, utilizan la privatización de lo público para explotar a los usuarios y canalizar las tarifas hacia el bolsillo del concesionario y del funcionario que otorga la concesión.

Se inventaron el requisito del examen médico para licencia de conducción y le entregaron la concesión, con carácter monopolista, a una empresa que llevaba menos de un mes de constituida, de tal manera que si alguien quiere establecer un centro de reconocimiento de conductores, debe pagar la franquicia a la firma concesionaria la que a la vez, fija las tarifas y costos; crearon el SIMIT y el RUNT para operar por manos privadas, así como los centros de diagnóstico automotriz para la revisión técnica; y eso, sin contar la concesión de vías con tarifas de peaje más costosas que la gasolina de un viaje.

Para fomentar la descentralización de la corrupción, privatizaron las grúas y los patios de las secretarías de tránsito municipal, convirtiéndose esto en el más salvaje mecanismo para extorsionar a los propietarios de vehículos. En la mayoría de ciudades del país, los guardas de tránsito en lugar de hacer la tarea de regular los flujos vehiculares para mejorar la movilidad urbana, se dedican a poner comparendos, muchas veces por supuestas infracciones inventadas por ellos mismos, para tener pretexto de subir el vehículo a la grúa y enviarlo a los patios, donde se cobran unas tarifas escandalosas por ambos servicios. La vox populi dice que en muchas de las ciudades de Colombia, un porcentaje de lo que la víctima paga en la escalofriante tarifa del servicio de grúa y de parqueadero, va para el bolsillo del guarda que generó la inmovilización. Si pasan dos días del vehículo en los patios, ya está perdido; pues retirarlo después de este tiempo cuesta más que el vehículo mismo. Pero lo ocurrido en la capital de Caldas cuando se robaron cerca de 200 vehículos del parqueadero oficial del tránsito, sí es la tapa de la corrupción institucional.