LE TURNO A LA EDUCACION SUPERIOR

Cuando teníamos el Estado Social Benefactor antes de 1991, a cada necesidad humana el Estado le respondía con la oferta directa de los satisfactores necesarios, que brindaban principalmente los institutos descentralizados con cargo al presupuesto. Pero después de 1991, el Estado Social Neoliberal que tenemos, a cada necesidad humana le responde con un derecho, que es algo así como un saludo a la bandera que permite al Estado eludir su responsabilidad sobre las necesidades humanas y se convierte en una falacia para la comunidad, cuando es el mismo Estado, el primero en violar el derecho.

En la avalancha privatizadora de lo público, la educación tampoco se ha salvado y con la fachada del derecho a la educación, este servicio público se privatizó desde la ley 115 de 1994 para el nivel básico, utilizando el mismo mecanismo de la capitación, como en la salud, sólo que aplicado de manera diferente porque, como dijo el gobierno de Pastrana en 1998, el país no está preparado para juntar en un mismo salón durante once años, a un niño de estrato 1 con otro de estrato 6. En salud no importa que en la misma cama de la clínica donde acuestan a un rico también lo hacen con un pobre, porque sólo es por unos días y no se hace simultáneamente; pero en educación, esto sería salvaje. Por eso la capitación opera diferente pero el mecanismo es el mismo.

Ahora la legislación da un paso adelante para llevar la educación superior a las garras de los mercaderes del saber, como ocurre en salud con los mercaderes de la muerte y los traficantes de vidas humanas que les llaman EPS. Ahora queda abierta la puerta para que los mercachifes de la educación conviertan este bien público en objeto de inversión con ánimo de lucro.

Como siempre ha ocurrido con la privatización de lo público, la voracidad de los inescrupulosos empresarios capitalistas no desaprovecharán la oportunidad de sacar jugosas ganancias con empresas de educación superior, con la complicidad del gobierno que siempre se arrodilla ante los intereses de los inversionistas expidiendo los decretos y resoluciones que brindan el piso jurídico para que ellos dentro de la legalidad, cometan los atropellos contra los usuarios. Ahora se acentúa el disfraz de la dicotomía entre educación privada y educación pública, como si fueran dos campos diferentes, para permitir que los privados cometan toda clase de abusos, como si esta dicotomía existiera: una cosa es la propiedad del establecimiento que brinda el servicio y otra muy diferente es el servicio mismo, que en todos los casos es público, independientemente de quién es el propietario de la entidad. Como proceso social, no existe la educación privada; esta siempre es pública y los particulares deben someterse a la ética pública cuando se meten a montar negocio con el servicio educativo, así lo hagan a través de las universidades, ahora que en la privatización de lo público, le tocó el turno a la educación superior.

LA BASURA DE LA BASURA

Otro de los asuntos públicos que ha sido víctima de la ola privatizadora que viene ocurriendo en Colombia desde que se estableció el Estado Social Neoliberal en 1991, ha sido los servicios básicos domiciliarios, como la recolección y manejo de los residuos sólidos urbanos. Como en todos los casos de la privatización de lo público, el fenómeno le abre la voracidad a los agalludos empresarios que ven la posibilidad de llenarse los bolsillos convirtiendo en negocio lo público, dadas las ventajas de mercado que tienen estos bienes por su inelasticidad-precio de la demanda y por que cuentan con una demanda cautiva que exige poco esfuerzo para enganchar clientes.

Lo ampliamente conocido en el país, que lo sabe tanto la opinión pública como los organismos de control pero que no se puede comprobar, es que el procedimiento para adjudicar la concesión a la empresa privada por lo general es obscuro y cargado de intereses parcializados. Lo común, es que abren una licitación o concurso, con unos términos de referencia que sólo los cumple un proponente, el que ya previamente ha negociado con el adjudicador, a cambio de un porcentaje, comisión o coima que llaman.

También la realidad histórica nacional de los últimos quince años, muestra que estos procesos por lo general se presentan durante el último año del período del gobernante y así mismo, que las empresas que ganan la adjudicación casi siempre son las mismas, las que andan por varios o muchos de los municipios adelantando el lobby para que el mecanismo rompa los principios de transparencia, economía y responsabilidad de que trata la ley 80 de 1993, una ley que se ha hecho expresamente, para favorecer la corrupción en el país. Pues las normas que contiene esta ley se utilizan, precisamente, para excluir a los proponentes que deben quedar por fuera y para defender la adjudicación amañada con base en el cumplimiento estricto de la normatividad vigente. En la celebración indebida de contratos, jamás se viola una norma y jamás se dejan pruebas. Por eso los Nule perderán la pelea contra los Moreno.

Pero como la conducta del consumidor de lo público es diferente a la conducta del consumidor de lo privado en razón a la relación con la ley natural que lo público tiene, más temprano que tarde le aparecen los problemas a los empresarios de marras. Cuando esto llega, ponen el grito en el cielo y acuden a papá gobierno para que les salve su negocio. Las superintendencias y las comisiones reguladoras proceden a dictar las medidas pertinentes y al pobre pueblo le toca asumir las cargas financieras de los empresarios mediante la elevación de las tarifas. No permite el gobierno que la ambición de los capitalistas, coma de su propio cocinado; porque cuando se meten en el negocio de lo público como la recolección, tratamiento y disposición de los residuos sólidos, lo único que ven es el lucro del negocio, sin considerar que también lo público trae problemas empresariales, a pesar de que en el proceso de adjudicación se haya evidenciado la basura de la basura.