EL TRASFONDO DE LAS PENSIONES

De las cosas más públicas entre todo lo público son las pensiones. Las normas jurídicas dicen que lo público es lo de interés general, que es así, porque nos compete a todos; y si hay algo que nos compete a todos es la vejez; pues para allá vamos todos.

En la época del Capitalismo Empresarial cuando teníamos el Estado Formal de Derecho, el mecanismo mal o bien funcionó durante muchos años sin mayores traumatismos: mediante el régimen de prima media, los jóvenes pagaban la cotización y con este mismo dinero, se les cancelaba la pensión a los viejos. Cuando los primeros se volvían viejos y entraban a recibir pensión, nuevos jóvenes llegaban a pagar y así sucesivamente. Pero cuando llegó el Capitalismo Rentista con su aliado el Estado Social Neoliberal de 1991, el Estado dejó de ser el monopolista en el manejo de lo público. Lo público se privatizó y con ello se privatizaron las pensiones. Las agallas y voracidad del capitalismo financiero vieron en los fondos de pensiones un buen negocio y con la complicidad del Gobierno, se llevaron a los jóvenes para recaudar de ellos, de los jóvenes, el dinero de los aportes, el cual colocan en el mercado de capitales con fines de especulación monetaria y logro de altas utilidades. Mientras tanto, le dejaron los viejos y el sistema de prima media al Estado, quien debe pagar las pensiones, pero no cuenta con los ingresos de los cotizantes jóvenes.

El resultado era previsible y absolutamente perverso. Para poder pagar las pensiones a los viejos sin el ingreso que aportan los jóvenes, la carga pensional recae sobre el presupuesto nacional. Este año, el peso contra el fisco asciende a los 24 billones de pesos, lo cual no es censurable porque para eso, para pagar los costos de lo público, es el dinero de los impuestos de los colombianos que este año se aproxima a los 75 billones de pesos. Pero al capitalismo financiero internacional, debidamente protegido por el FMI, el Banco Mundial y el BID, le preocupa que se ponga el riesgo el pago del servicio de la deuda, o sea el negocio de los especuladores internacionales del dinero y los agiotistas del mundo, por lo cual presiona al gobierno, para que se baje la presión de las pensiones contra el presupuesto nacional.

Lo natural y socialmente lógico es que los jóvenes regresen al sistema de prima media y que coticen al Estado para que este nuevamente tenga flujo de fondos con qué pagar las pensiones; pero los neoliberales que manejan este país proponen que se suba la edad de jubilación, como si fuera fácil conseguir trabajo después de 60 años, para no poner en riesgo el servicio de la deuda en el futuro y no se le afecte el negocio a los fondos privados de pensiones, que simplemente acumulan durante toda la vida laboral la misma suma que, cuando sus afiliado están viejos, reciben como pensión. No es ninguna pensión; es su propio ahorro que durante 20 años han entregado para que los fondos privados se llenen los bolsillos, engañando así a toda la comunidad que no conoce la realidad en el trasfondo de las pensiones.

LAS PISADAS DE ANGELINO

Luis Carlos Villegas, el parlante de los empresarios del gran capital, que líder no parece, pero que cuando la prensa bogotana le pone el micrófono en la boca, vocifera de todo y por todo pontificando sobre lo divino y lo humano, las más de las veces diciendo babosadas, pero siempre en concordancia con las posiciones políticas de la extrema derecha, que se caracterizan por la defensa del gran capital, ahora está disgustado por culpa de Angelino Garzón. De la manera más irrespetuosa trató la institucionalidad que encarna la Vicepresidencia y afirmó que había que aclarar si Angelino es llanta de repuesto o freno de mano del Gobierno, sin precisar si freno de mano es defender los intereses populares.

Angelino fue un gobernador bastante regulimbis en Valle y como dirigente sindical dejó ver posiciones ambiguas; pero en el seno del gobierno no ha sido convidado de piedra frente a situaciones y temas de gran trascendencia para el país. Estábamos acostumbrados a que el Vicepresidente era figura decorativa y el de Uribe un pintoresco personaje tropical de corte macondiano más que un servidor público de alta jerarquía, por lo cual ahora que Garzón está metiendo la cuchara, al país le causa extrañeza.

El Presidente Santos ha demostrado que es sensato, conciliador y pragmático e igualmente que tiene ideales liberales. Por eso acepta correcciones sin la rígida terquedad de su antecesor. Santos es un destacado miembro de la oligarquía bogotana de quien los empresarios esperaban que fuera su títere y que, como Uribe, siempre acomodara sus decisiones para darles gusto; pero se han encontrado un hombre diferente, que privilegia la sensatez antes de la defensa de clase.

Desde antaño, Angelino ha sido piedra en el zapato de los empresarios. Le tocó confrontar con ellos cuando se trataba de asuntos laborales y era dirigente de lo que para los capitalistas es el demonio, como ven el sindicalismo. Ahora está en alta dignidad del gobierno y para ellos es un dolor de cabeza. Se han alejado de Santos y siguen añorando a Uribe que fue su marioneta incondicional. Pero atacar a Santos es nada más y nada menos que ir en contra de un representante de la oligarquía bogotana que durante dos siglos ha manejado este país a su antojo.

Es cierto que el vicepresidente debe acomodarse mejor al ordenamiento institucional del país, pero también es cierto que los intereses populares necesitan de un abogado que manifieste sus intereses, aunque el gran capital se incomode con las pisadas de Angelino.

LOS CAMIONEROS Y LOS BIENES PUBLICOS

El conflicto que actualmente se vive en el país, que tiene confrontando a los camioneros y al gobierno, es otra manifestación más de las irracionales consecuencias cuando lo público es manejado por empresarios privados. Las interrelaciones entre los individuos de la especie humana que se realizan a través de las comunicaciones y el transporte, son de interés general porque nos competen a todos; y nos competen a todos porque no se originan en el capricho de la mente humana, sino en las leyes de la naturaleza que han establecido la necesidad de que los individuos del conglomerado se agrupen e interactúen con fines de subsistencia de la especie.

Pero tanto el transporte como las comunicaciones, se han convertido en objeto de negocio de los empresarios privados, lo cual no es censurable per se, sino por dos factores que crean las inconsistencias sociales: por un lado, porque el Estado no asume un adecuado papel de regulación cuando lo público es manejado por empresas privadas; y por otro lado, porque los empresarios privados no miden las consecuencias cuando se meten en el negocio de lo público creyendo que esto se trata sólo de utilidades financieras, sin considerar las implicaciones de carácter social que el negocio tiene. Si un empresario se mete a hacer negocios con lo público, pues que coma de su cocinado. La relación con la ley natural que tienen los bienes públicos ocasiona condiciones de mercado que los empresarios no miden y después les toca crear el coro de plañideras para que el gobierno les proteja y sacrifique el interés general para favorecer sus intereses particulares. Por lo general, o por lo menos durante los últimos ocho años se vio, el gobierno favorece los intereses privados de los empresarios perjudicando el interés general y bien común de los asuntos públicos.

Los camioneros proclaman sus derechos, pero desconocen los derechos de toda la comunidad; tanto al servicio de transporte como a la libre movilidad por los espacios públicos. El gobierno trata de rescatar el bien común pero la propiedad privada de los medios de transporte y de la prestación del servicio, terminarán imponiendo sus condiciones y el gobierno tendrá que ceder a sus pretensiones porque tampoco les puede obligar a operar contra su voluntad. Esas son las reglas de juego en nuestra sociedad y siempre será sacrificado el bien público para satisfacer las necesidades de los particulares.

EL GRITO DE CARACOL

Aterrados los periodistas de Caracol Radio cuando la Contralora General dijo que el costo de las pensiones era de 24 billones de pesos, como si eso no fuera la razón de ser del Estado; pero se quedaron callados cuando la semana pasada dijo la prensa bogotana que este años se destinarán más de 17 billones para pagar los ingresos y utilidades de los especuladores internacionales del dinero y agiotistas del mundo.

Desde el siglo 17 que se creó el Estado Moderno, una de las funciones que se le encomendó fue la de administrar lo público para lo cual se estableció el mecanismo de los impuestos, como instrumento para financiar la prestación de dicho servicio. Entre todo lo público, uno de los más públicos es la vejez, por cuanto es de interés general ya que nos compete a todos, si es que el señor Arismendi también se va a envejecer. La constitución política reza que lo público es lo que nos compete a todos y por ello es de interés general. En cambio nunca se dijo que era papel del Estado convertirse en el marrano que les brinda ingresos y ganancias a los capitalistas rentistas.

Ahora han armado tremendo escándalo por la carga fiscal de las pensiones, como si eso no fuera una de las funciones naturales del Estado. Los colombianos pagamos aproximadamente 75 billones en impuestos, precisamente para que se utilicen en financiar lo público como en este caso el sostenimiento de los viejos; pero si de estos ingresos el 23 % se utiliza para pagar los intereses asegurándoles el negocio a los parásitos sociales de la especulación monetaria, y eso sin contar con los abonos al capital, pues lógicamente el cumplimiento de los fines esenciales del Estado se convierte en una carga.

El problema no son las pensiones. El problema es la estructura de financiamiento del Estado que desde la consolidación del Capitalismo Rentista, se agarró del Estado como medio de sostenimiento del sistema. La política fiscal se ha reducido a pagar cumplido el servicio de la deuda y a sostener las finanzas públicas abriendo un hueco más grande para tapar el hueco anterior, mediante la colocación de papeles en el mercado de capitales para pagar los colocados en años anteriores, creándose con ello un déficit estructural creciente que no tiene cuando acabar.

Que no se aterre el seño Arismendi y los periodistas de Caracol, cuando el Estado asigna recursos para cumplir su función natural. Que se aterre cuando el modelo se sature y se produzca la explosión social como se avecina en Grecia, Portugal y los demás países de la Europa Oriental.

TOCARON A LOS BANCOS

Hace varios años, antes de 1991, depositar dinero en la cuenta de ahorro en un banco era bueno: aunque poco pero se ganaba renta. Hoy se deposita algún dinero, se cuenta con que ahí está, pero cuando se va a retirar, ya el banco se lo ha robado con la complicidad del gobierno. Otra de las herencias del gobierno de Uribe fue la de expedir normas para legalizar los atropellos de los bancos contra los clientes, o sea los indefensos ciudadanos que están bancarizados. Por eso el afán de aumentar los colombianos bancarizados, es decir para ampliar la base de víctimas del atraco inmisericorde de los bancos.

En los orígenes del capitalismo y aun en la época del capitalismo empresarial, los bancos prestaban un servicio público fundamental para el desarrollo económico: se encargaban de concentrar el ahorro social y canalizarlo hacia el financiamiento de las inversiones estratégicas. Pero ahora se han convertido en una empresa de negocio donde lo único que importa es que los banqueros se llenen los bolsillos a costa de cualquier cosa.

Estábamos acostumbrados y ellos también, a ver cómo el gobierno de Uribe se arrodillaba ante el poder de estas empresas y les brindaba todo tipo de condiciones para que ellos lograran sus propósitos. Por eso ahora que el Ministro de Hacienda les puso el dedo en la llaga han llevado sus gritos hasta el cielo. Ahí vimos a María Mercedes Cuellar exponiendo, como siempre, sus absurdos argumentos para justificar los atropellos de este sector parásito de la economía, que se está llevando la mayor tajada del Excedente Económico y con ello estrangulando las opciones de desarrollo del aparato productivo.

Y para colmo de males, los bancos son uno de los más grandes violadores de los derechos humanos. Hay que verlos cuando se acerca la fecha de pago de algún deudor, cómo torturan psicológicamente a la víctima, convirtiéndose en un factor que incrementa la tasa de morbilidad nacional. Ser usuario de un crédito bancario es tener asegurado el estrés y con ellos los daños orgánicos que se derivan de este mal.

Después el Presidente Santos trató de congratularse con ellos por la frase del Ministro. Pero es que el Presidente es conciliador y ojalá que sea por eso; pues la actitud del Ministro Echeverry ha generado la esperanza a los colombianos de que por fin llegó al poder un gobierno que le ponga límite a ese apetito desenfrenado de los banqueros de acumular riqueza a costa del sacrificio del aparato productivo, del verdadero crecimiento de la economía y de la comunidad en general que por necesidad, tiene que acudir a ser víctima de la bancarización.

HACE 20 AÑOS

El 4 de febrero de 1991 se iniciaba un proceso que se anunció como la fórmula salvadora de un país que ya por esa época, comenzaba a sufrir los efectos del cambio del modelo económico mundial, cuando el sistema pasaba del capitalismo empresarial que durante dos siglos había prevalecido en el mundo, al capitalismo rentista que gracias al desarrollo de la microelectrónica estaba escalando a pasos agigantados la cumbre del poder político. La Constitución de 1886, que un siglo antes se había implantado calcando las teorías del líder del Partido Conservador inglés Disraeli, para abrirle las puertas a la expansión colonialista del imperio de la Era Victoriana, ya no se acomodaba a los intereses de los nuevos ricos del poder económico mundial que a finales del siglo XX no eran los industriales ingleses, sino los especuladores internacionales del dinero abanderados por los fondos mutuales de inversión de Estados Unidos, que contaban con defensores decididos como John Williamson del Instituto para la Economía Internacional (IIE), promotor del Consenso de Washington. Ya Colombia se había comprometido con aplicar en este país las diez recomendaciones derivadas de la conferencia realizada en noviembre de 1989, pero la Constitución vigente en ese momento, donde la reforma de 1968 de Carlos Lleras Restrepo había actualizado el Estado Interventor Benefactor para favorecer los intereses de las empresas multinacionales, no permitía que el Estado colombiano facilitara la introducción de las directrices de dicho consenso para favorecer ahora al capitalismo financiero internacional. Por lo tanto era necesario cambiar la constitución política y derogar el Estado Formal de Derecho para implantar el Estado Social Neoliberal, tal como ocurrió.

Pero el 4 de febrero de 1991, la sociedad colombiana se llenó de esperanza. La panacea de los males que ya se sentían, aunque no tanto como ahora, era la Asamblea Nacional Constituyente, por lo cual el acto de instalación hacía palpitar el corazón más fuerte y respirar con profundidad porque supuestamente, había llegado por fin, el mecanismo que acabaría con la politiquería, el clientelismo y demás manifestaciones del degeneramiento institucional que se había iniciado en 1958, cuando también por vía constitucional, se había convertido la política en el arte de repartirse milimétricamente los puestos del Estado.

Por esa época no se conocía el trasfondo del fenómeno y a los muchachos de la séptima papeleta se les trataba como héroes, sin que nadie preguntara de dónde salió el patrocinio y el impulso a ese proceso, ni tampoco cuál era el papel del señor Williamson y su IIE de la capital norteamericana. Sólo se pensaba que muerto Luis Carlos Galán, quien encarnaba la lucha contra la politiquería, otra alternativa debía existir para acabar con el clientelismo. Otros pensaban que había sido gracias al M-19 que acababa de reinsertarse, que se había logrado crear el instrumento de cambio que representaba la Asamblea Nacional Constituyente, donde se concentraba supuestamente, lo más granado de la dirigencia nacional hace 20 años.